Jesús López Martín (*)

El fenómeno de la inmigración tiene implicaciones de naturaleza demográfica, económica, cultural y política; la manera de abordarlo, por tanto, exige un enfoque integral de la cuestión.

Demográficamente España asiste a un envejecimiento progresivo de su población que para algunos alcanzará su máximo entorno al año 2.025, año en el que la pirámide poblacional se acercará mucho a la de un cono invertido. Como consecuencia de lo anterior, alcanzada la edad de jubilación de la población nacida entre los años 1965-75, es difícil que las necesidades de empleo puedan ser atendidas por los propios españoles.

Para los partidarios de las soluciones a corto plazo, la inmigración es la vía de resolver la insuficiencia de trabajadores nacionales, escasez que ya se ha puesto de manifiesto en actividades de recolección agrícolas y hortofrutícolas en zonas de Andalucía, Levante y Cataluña. Los falangistas, somos partidarios de soluciones más sólidas, más permanentes y por ello entendemos que hay que apostar por la protección de la familia, y una parte de esa protección pasa claramente por el fomento de la natalidad.

Sin necesidad de cambiar el entorno convencional de referencia, Europa, los españoles estamos en los últimos lugares en cuanto a protección estatal de la familia. Países como Francia o Suecia hicieron frente desde hace tiempo al descenso en la natalidad de la mano de ayudas económicas estatales a sus hijos.

En segundo lugar, desde el punto de vista económico, la emigración es un problema largamente conocido en nuestra Patria. Primero la emigración entre regiones españolas y luego la emigración al extranjero hicieron que a día de hoy, todavía haya más españoles fuera de nuestras fronteras que extranjeros en nuestro país.

La globalización económica está demostrando muy a las claras el agravamiento de la concentración de la riqueza mundial en sólo 20 países. Esas desigualdades en los niveles de vida se dejan sentir con especial intensidad en España pues a sólo 14 Kms. de la península y, no lo olvidemos, lindando con Ceuta y Melilla, malviven centenares de miles de personas bajo la tiranía política y económica de la Corona Marroquí. La familia real encabezada por Mohamed VI no sólo es la propietaria directa de la mayor parte de la riqueza de su país, sino que utiliza a sus ciudadanos como factor de presión contra España relajando oportunamente los controles en sus fronteras.

Las desigualdades económicas junto con las crisis que recurrentemente se ceban con los mismos países, recordemos los casos de Ecuador y Argentina, exigen de los países desarrollados tanto la condonación de la deuda externa como la articulación de programas de ayuda adecuadamente vertebrados.

En tercer lugar, desde el punto de vista cultural, frente al discurso irresponsable de quienes hacen del mestizaje la piedra angular sobre la que vertebrar la sociedad española futura, la realidad muestra que la integración de los inmigrantes en nuestra sociedad es extremadamente diferente en función del país de origen y de factores religiosos. Así, mientras la integración de los miembros de la Comunidad Hispana y europeos es extraordinariamente elevada, los colectivos subsaharianos y asiáticos tienden a crear sociedades cerradas que, en casos extremos, reproducen y albergan flagrantes violaciones de los derechos humanos más elementales como demuestran los recientes intentos de practicar ablaciones en mujeres africanas.

La sociedad española también percibe esa desigual integración; el Centro de Investigaciones Sociológicas publicaba recientemente que el 59’6 % de los españoles darían preferencia a los ciudadanos de origen hispanoamericano a la hora de facilitar su permanencia en España. Esto, junto a razones de vínculos históricos, justificaría, en nuestra opinión, una suerte de discriminanción positiva para el conjunto de la Comunidad Hispana (no sólo hispanoamericana).

En cuarto lugar, desde el punto de vista político, la opción de los cupos o contigentes de inmigrantes marcada por la legislación de extranjería española, tiene hasta el momento una aplicación práctica extremadamente deficiente. Aunque la ley determine unos cupos anuales, en la práctica esos cupos se han aplicado a posteriori, esto es, para legalizar a los inmigrantes que, de manera ilegal, ya habían entrado en España.

La politica de cupos, para funcionar eficientemente, exige la colaboración entre la Administración Nacional y las administraciones de los países de procedencia de las personas inmigrantes. Sólo de esa forma es posible resolver al mismo tiempo, las necesidades de empleo existentes en España y la regularización de la entrada de inmigrantes cuyas condiciones laborales deben ser tan dignas como las de cualquier español o española.

Concluimos afirmando que la cuestión de la inmigración justifica la necesidad de una política activa de protección a la familia que redunde en beneficio de la natalidad. Al mismo tiempo debe emprenderse internacionalmente, una política de fuertes inversiones en los países empobrecidos que garantice la gestión socialmente eficaz de los recursos y elimine la carga de la deuda que los mismos soportan.

Somos partidarios, por razones históricas y culturales, de medidas de discriminación positiva a favor que quienes, perteneciendo a la Comunidad Hispana, han sufrido en sus países, situaciones de carencias económicas extremas.

Finalmente, y junto a lo anterior, debe definirse de forma alternativa la política de cupos a la inmigración a partir de la colaboración entre el departamento correspondiente de la Administración Española y los homólogos que creen los países de donde proceden las personas inmigrantes. Esta concepción de la política de cupos debe acabar definitivamente con esa suerte de “comercio de carne humana” a la que las mafias someten a quienes intentan entrar ilegalmente en España.

(*) Jefe Nacional de FE-JONS/La Falange.