Actualizado: 20/01/02 13:55:56 -0500

Análisis

factortierra - nuestra vida está primero

¡Que se inicie la cosecha!

 

Los descuidos gubernamentales propician crisis políticas, intrusiones de visitantes no deseados y ventajas para que Tambogrande pueda expresar su voluntad contra la minería. Pero, esos mismos descuidos enfrentan a que quienes han insistido en la aprobación de la consulta popular se unan ahora para prepararla, desarrollarla y fiscalizarla... en medio de un clima incierto.

 

Redacción factortierra factortierra@yahoo.es

NPC

 

Los descuidos del gobierno del presidente Toledo están generando sus propias crisis, que provocan que fuerzas extrañas aprovechen el desconcierto para llevar a cabo sus planes.

¿Dónde están los terroristas realmente? Las empresas mineras sospechan que son encubiertos, cuando no financiados, por ONGs que durante todo este tiempo se han dedicado a aclarar la situación, e irremediablemente han encontrado que la realidad no favorece a los más necesitados, debido a que son el principal obstáculo de las inversiones económicas.

 

La manipulación de tal información, política muy ‘FBIdiana’ (recuérdese el caso Watergate y el compulsivo descreimiento del Washington Post que ayudó a descubrirlo), ha dominado el pretexto gubernamental de callar o inflar según sea el caso con tal de retener inversiones extranjeras.

 

“Es un poco tonto”, ha comentado la periodista estadounidense Sharon Stevenson, en el programa Contrapunto, del canal de televisión Frecuencia Latina, “todas las empresas tienen sus propias redes de información, por lo que tarde o temprano terminarán enterándose de esto”.

 

Stevenson es corresponsal en Lima de la revista Newsweek (vinculada a la misma empresa que posee al Post), y esta semana publicará un artículo titulado ‘La quinta columna de las FARC’ donde establece que los guerrilleros colombianos han penetrado a la selva del departamento de San Martín, para tomar contacto con los remanentes del grupo terrorista Sendero Luminoso, con tal de establecer bases logísticas en caso de la ruptura de los diálogos de paz que al cierre de esta edición, se iniciaron de nuevo en Colombia.

 

“Los principales oficiales peruanos y de los Estados Unidos insisten en desconocer una incursión de las FARC al interior del Perú. El embajador de Lima en Colombia aseguró a un entrevistador radial, el viernes pasado, que cualquier intrusión de los guerrilleros en su país se ha limitado al área fronteriza. Pero fuentes de inteligencia peruana y testigos confirman los encuentros de docenas de guerrilleros colombianos en pueblos y caseríos dispersos en la poco habitada zona rural del sector oriental de la Cordillera de los Andes”, dice Stevenson en  Newsweek.

 

Las FARC, continúa el artículo, está pagando a la gente con tal de obtener su lealtad para no ser delatados e implantar cultivos de amapola, la que, transformada en droga, ayudará a financiar sus movimientos, y afianzar futuras alianzas con lo que queda de Sendero Luminoso y el MRTA.

 

A pesar de ser 'tibia', al resolución de la ONPE es uno de los primeros logros de la resistencia anti-minera (CREA Pueblo, en la foto, uno de sus integrantes), pero hará falta prepararla, financiarla y fiscalizarla.

Soberbia

 

Ahora bien, ¿cómo es posible que el Gobierno no haya encontrado terroristas en la selva central o centro-norteña del Perú, y sí los haya visto –aunque sea hipotéticamente—entre insituciones de defensa de derechos humanos y protección a comunidades? La razón principal es la soberbia, que es un sub-producto de la ignorancia.

 

Hasta ahora se desconoce, por ejemplo, de una comisión oficial que haya investigado a fondo los sucesos de Tambogrande, de febrero del año pasado (por ahora, hay 60 personas acusadas por el Poder Judicial, pero más nada) o la muerte de Godofredo García Baca (que, para variar, también está en nada), y no es por lejanía ni desconocimiento, sino por mala fe.

 

Mala fe y desgano que sólo han sido combatidas por la presión de la comunidad, y que han provocado que la Oficina Nacional de Procesos Electoral (ONPE), emita la resolución 020-2002, que aprueba la Consulta Distrital tanto tiempo esperada por Tambogrande (“en el ámbito de su jurisdicción”) para quitarse de encima a las empresas mineras que quieren iniciar procesos de extracción desde el próximo año.

 

Pero, hecha la ley, hecha la trampa. La ONPE no se da por obligada “a la organización, planificación y ejecución de la Consulta Popular”, solo brindará “asesoría electoral” al ayuntamiento de Tambogrande, propulsor civil de la iniciativa que congregó a todas las organizaciones que promueven la defensa agrícola del valle de San Lorenzo.

 

El alcalde Alfredo Rengifo dijo al diario El Tiempo, el sábado, que es un hecho que la oficina gubernamental no ha querido realizar el proceso, pero viéndolo más deportivamente “significa un triunfo para su pueblo, pues está reconociendo el derecho que tiene la población a decidir, sobre sus problemas”.

 

Los inmediatamente afectados, Manhattan Sechura, emitirán un pronunciamiento el lunes. Una fuente de factortierra con acceso a la empresa no pudieron establecer que dirán, pero presumen que el mensaje irá en dos sentidos: primero, reiterar hasta la saciedad que son respetuosos de las leyes peruanas; segundo, que respaldarán la decisión de un pueblo en el que pretenden desarrollar su (argumento de siempre) gran inversión que levantará la economía local, por lo tanto, ya hay una razón de peso para ver qué lado de la balanza convendría más. Claro está, desde su punto de vista.

 

Nuestra fuente no descarta que las ONGs, colectivos y demás relacionados a la oposición minera reciban algunas frases nada halagadoras.

 

El problema es que la estrategia de comunicación de los asociados a las mineras ha sufrido bajas importantes desde mediados de diciembre, con el descubrimiento de visitas, persecuciones, presiones gubernamentales, y ciertas personas trabajando en dos frentes al mismo tiempo. Por lo tanto, se preve un mínimo nivel de credibilidad entre la gente.

 

La mayor parte de la población de Tambogrande se opone al proyecto minero. La consulta y una posterior (e inteligente) presión para respetar esa voluntad serán los mecanismos para convencer a las autoridades que esto es real.

Impulsos y retrasos

 

Pero, duela a quien le duela, la ley favorece a Tambogrande –a pesar que varios sectores la han calificado de “tibia”—y da pase libre a que la comunidad diga lo que piensa.

 

Habrán dos obstáculos. El primero, inmediato, será la falta de dinero para desarrollar la consulta, que el mismo ayuntamiento no podrá asumir solo, pero que si se recurre a la unión de todos quienes han insistido en desarrollar este mecanismo, podrá paliarse. El segundo, es el hecho que, aunque la consulta sea favorable a los agricultores, no tendrá carácter vinculante para el gobierno.

 

En otras palabras, si el Ejecutivo decide seguir con el proyecto, como lo ha dado a entender, de nada servirá la consulta. No por lo menos a nivel del Ejecutivo. Sin embargo, otras instancias como el Tribunal Constitucional u organizaciones internacionales de derechos humanos sí prestarán ojos a los resultados, por lo tanto, no será una iniciativa perdida.

 

El gobierno tampoco presta mayor garantía como institución, especialmente que ahora es notable el cisma que se agravó con la salida de tres ministros la semana pasada.

 

David Waisman, ex titular de Defensa, ha dicho que se siente “vejado” por la actitud del presidente Alejandro Toledo. “Ayúdame a tomar esta decisión”, le habría dicho el mandatario, que tiene un asesor que sólo él conoce que lo está malaconsejado. ¿Quién puede ser? “Que lo diga él”, aseveró el también segundo vicepresidente de la República.

 

Para nadie es secreto que Peru Posible, el partido de gobierno, es un eterno ring de grupos antagonistas, que están produciendo una crisis política que irremediablemente afectará nuestra imagen de cara a los inversionistas. Probablemente, Toledo está buscando conspiradores en el lado equivocado, cuando los tiene en su misma casa.

 

Eso no presta garantías para fijar cualquier iniciativa ciudadana, como la de Tambogrande. Pero recordemos que el poder es otorgado por la misma comunidad, así que de ella depende que estas iniciativas prosperen.

 

De pronto, y ante el desinterés estatal, hará falta financiar la consulta popular en todo sentido, y ver la manera de fiscalizar las fuentes y usos del financiamiento. Algunos grupos consultados por factortierra consideran que esto es posible, y sólo hará falta coordinar. Manos a la obra, entonces.

 

©2002 NPC


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