¡Que
se inicie la cosecha!
Los
descuidos gubernamentales propician crisis políticas,
intrusiones de visitantes no deseados y ventajas para que
Tambogrande pueda expresar su voluntad contra la minería. Pero,
esos mismos descuidos enfrentan a que quienes han insistido en
la aprobación de la consulta popular se unan ahora para
prepararla, desarrollarla y fiscalizarla... en medio de un clima
incierto.
Redacción
factortierra factortierra@yahoo.es
NPC
Los descuidos
del gobierno del presidente Toledo están generando sus
propias crisis, que provocan que fuerzas extrañas
aprovechen el desconcierto para llevar a cabo sus
planes. |
¿Dónde
están los terroristas realmente? Las empresas mineras sospechan
que son encubiertos, cuando no financiados, por ONGs que durante
todo este tiempo se han dedicado a aclarar la situación, e
irremediablemente han encontrado que la realidad no favorece a
los más necesitados, debido a que son el principal obstáculo
de las inversiones económicas.
La
manipulación de tal información, política muy ‘FBIdiana’
(recuérdese el caso Watergate y el compulsivo descreimiento del
Washington Post que ayudó a descubrirlo), ha dominado el
pretexto gubernamental de callar o inflar según sea el caso con
tal de retener inversiones extranjeras.
“Es
un poco tonto”, ha comentado la periodista estadounidense
Sharon Stevenson, en el programa Contrapunto, del canal de
televisión Frecuencia Latina, “todas las empresas tienen sus
propias redes de información, por lo que tarde o temprano
terminarán enterándose de esto”.
Stevenson
es corresponsal en Lima de la revista Newsweek (vinculada
a la misma empresa que posee al Post), y esta semana
publicará un artículo titulado ‘La quinta columna de las
FARC’ donde establece que los guerrilleros colombianos han
penetrado a la selva del departamento de San Martín, para tomar
contacto con los remanentes del grupo terrorista Sendero
Luminoso, con tal de establecer bases logísticas en caso de la
ruptura de los diálogos de paz que al cierre de esta edición,
se iniciaron de nuevo en Colombia.
“Los
principales oficiales peruanos y de los Estados Unidos insisten
en desconocer una incursión de las FARC al interior del Perú.
El embajador de Lima en Colombia aseguró a un entrevistador
radial, el viernes pasado, que cualquier intrusión de los
guerrilleros en su país se ha limitado al área fronteriza.
Pero fuentes de inteligencia peruana y testigos confirman los
encuentros de docenas de guerrilleros colombianos en pueblos y
caseríos dispersos en la poco habitada zona rural del sector
oriental de la Cordillera de los Andes”, dice Stevenson en
Newsweek.
Las
FARC, continúa el artículo, está pagando a la gente con tal
de obtener su lealtad para no ser delatados e implantar cultivos
de amapola, la que, transformada en droga, ayudará a financiar
sus movimientos, y afianzar futuras alianzas con lo que queda de
Sendero Luminoso y el MRTA.
A pesar de
ser 'tibia', al resolución de la ONPE es uno de los
primeros logros de la resistencia anti-minera (CREA
Pueblo, en la foto, uno de sus integrantes), pero hará
falta prepararla, financiarla y fiscalizarla. |
Soberbia
Ahora
bien, ¿cómo es posible que el Gobierno no haya encontrado
terroristas en la selva central o centro-norteña del Perú, y sí
los haya visto –aunque sea hipotéticamente—entre
insituciones de defensa de derechos humanos y protección a
comunidades? La razón principal es la soberbia, que es un
sub-producto de la ignorancia.
Hasta
ahora se desconoce, por ejemplo, de una comisión oficial que
haya investigado a fondo los sucesos de Tambogrande, de febrero
del año pasado (por ahora, hay 60 personas acusadas por el
Poder Judicial, pero más nada) o la muerte de Godofredo García
Baca (que, para variar, también está en nada), y no es por
lejanía ni desconocimiento, sino por mala fe.
Mala
fe y desgano que sólo han sido combatidas por la presión de la
comunidad, y que han provocado que la Oficina Nacional de
Procesos Electoral (ONPE), emita la resolución 020-2002, que
aprueba la Consulta Distrital tanto tiempo esperada por
Tambogrande (“en el ámbito de su jurisdicción”) para
quitarse de encima a las empresas mineras que quieren iniciar
procesos de extracción desde el próximo año.
Pero,
hecha la ley, hecha la trampa. La ONPE no se da por obligada
“a la organización, planificación y ejecución de la
Consulta Popular”, solo brindará “asesoría electoral” al
ayuntamiento de Tambogrande, propulsor civil de la iniciativa
que congregó a todas las organizaciones que promueven la
defensa agrícola del valle de San Lorenzo.
El
alcalde Alfredo Rengifo dijo al diario El Tiempo, el sábado,
que es un hecho que la oficina gubernamental no ha querido
realizar el proceso, pero viéndolo más deportivamente
“significa un triunfo para su pueblo, pues está reconociendo
el derecho que tiene la población a decidir, sobre sus
problemas”.
Los
inmediatamente afectados, Manhattan Sechura, emitirán un
pronunciamiento el lunes. Una fuente de factortierra con
acceso a la empresa no pudieron establecer que dirán, pero
presumen que el mensaje irá en dos sentidos: primero, reiterar
hasta la saciedad que son respetuosos de las leyes peruanas;
segundo, que respaldarán la decisión de un pueblo en el que
pretenden desarrollar su (argumento de siempre) gran inversión
que levantará la economía local, por lo tanto, ya hay una razón
de peso para ver qué lado de la balanza convendría más. Claro
está, desde su punto de vista.
Nuestra
fuente no descarta que las ONGs, colectivos y demás
relacionados a la oposición minera reciban algunas frases nada
halagadoras.
El
problema es que la estrategia de comunicación de los asociados
a las mineras ha sufrido bajas importantes desde mediados de
diciembre, con el descubrimiento de visitas, persecuciones,
presiones gubernamentales, y ciertas personas trabajando en dos
frentes al mismo tiempo. Por lo tanto, se preve un mínimo nivel
de credibilidad entre la gente.
La mayor
parte de la población de Tambogrande se opone al
proyecto minero. La consulta y una posterior (e
inteligente) presión para respetar esa voluntad serán
los mecanismos para convencer a las autoridades que esto
es real. |
Impulsos
y retrasos
Pero,
duela a quien le duela, la ley favorece a Tambogrande –a pesar
que varios sectores la han calificado de “tibia”—y da pase
libre a que la comunidad diga lo que piensa.
Habrán
dos obstáculos. El primero, inmediato, será la falta de dinero
para desarrollar la consulta, que el mismo ayuntamiento no podrá
asumir solo, pero que si se recurre a la unión de todos quienes
han insistido en desarrollar este mecanismo, podrá paliarse. El
segundo, es el hecho que, aunque la consulta sea favorable a los
agricultores, no tendrá carácter vinculante para el gobierno.
En
otras palabras, si el Ejecutivo decide seguir con el proyecto,
como lo ha dado a entender, de nada servirá la consulta. No por
lo menos a nivel del Ejecutivo. Sin embargo, otras instancias
como el Tribunal Constitucional u organizaciones internacionales
de derechos humanos sí prestarán ojos a los resultados, por lo
tanto, no será una iniciativa perdida.
El
gobierno tampoco presta mayor garantía como institución,
especialmente que ahora es notable el cisma que se agravó con
la salida de tres ministros la semana pasada.
David
Waisman, ex titular de Defensa, ha dicho que se siente
“vejado” por la actitud del presidente Alejandro Toledo.
“Ayúdame a tomar esta decisión”, le habría dicho el
mandatario, que tiene un asesor que sólo él conoce que lo está
malaconsejado. ¿Quién puede ser? “Que lo diga él”, aseveró
el también segundo vicepresidente de la República.
Para
nadie es secreto que Peru Posible, el partido de gobierno, es un
eterno ring de grupos antagonistas, que están produciendo una
crisis política que irremediablemente afectará nuestra imagen
de cara a los inversionistas. Probablemente, Toledo está
buscando conspiradores en el lado equivocado, cuando los tiene
en su misma casa.
Eso
no presta garantías para fijar cualquier iniciativa ciudadana,
como la de Tambogrande. Pero recordemos que el poder es otorgado
por la misma comunidad, así que de ella depende que estas
iniciativas prosperen.
De
pronto, y ante el desinterés estatal, hará falta financiar la
consulta popular en todo sentido, y ver la manera de fiscalizar
las fuentes y usos del financiamiento. Algunos grupos
consultados por factortierra consideran que esto es
posible, y sólo hará falta coordinar. Manos a la obra,
entonces.
©2002
NPC
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