LA HISTORIA OFICIAL
La región que hoy ocupa Honduras estuvo habitada antes de la
llegada de los españoles por los chibchas (ver: Colombia), los lencas y los
mayas. El esplendor de la ciudad de Copán, al norte, duró hasta el siglo IX
d.C., decayendo con todo el Imperio.
Al parecer, el primer europeo en llegar a Honduras fue Américo Vespucio, en
1498. Pedro de Alvarado realizó la conquista efectiva del territorio para España,
enfrentando la encarnizada resistencia de los indígenas dirigidos por Lempira.
Honduras pasó a ser parte de la Capitanía General de Guatemala.
Honduras se independizó del dominio español en 1821 y junto con las demás
provincias centroamericanas integró el efímero imperio mexicano de Iturbide,
desintegrado dos años más tarde. Francisco Morazán y otros líderes hondureños
intentaron en vano formar una federación centroamericana independiente: la acción
centrífuga de Gran Bretaña fue más fuerte.
Con la reforma liberal de 1880, el eje económico pasó a ser la minería,
apoyada por la apertura a capitales y tecnología extranjeros. A fines del siglo
XIX entró al país la United Fruit Co. (UFCo), corporación estadounidense que
se adueñó de enormes extensiones de tierras, de casi toda la producción de
frutas del país, de ferrocarriles, barcos y puertos, y de las decisiones políticas
fundamentales.
En 1924 Estados Unidos invadió Honduras e impuso un período de democracia
formal, durante el cual la UFCo. compró la Cuyamel Fruit Co., su principal
competidora, y logró el monopolio de la producción bananera. Washington entregó
el poder a Tiburcio Carías Andino, que gobernó el país con mano fuerte entre
1933 y 1949.
Las controversias fronterizas con Guatemala dieron lugar al arbitraje
norteamericano en 1930. En 1969 las tensiones creadas por la situación de los
campesinos salvadoreños emigrados a Honduras desataron otra guerra, cuyo
detonante fue un partido de fútbol, interrumpida por mediación de la OEA. (ver
El Salvador)
En 1971, nacionalistas y liberales firmaron un Pacto de Unidad. El general
Osvaldo López Arellano, en el poder desde 1963, permitió la celebración de
elecciones en las que triunfó Ramón Ernesto Cruz, del Partido Nacional.
En 1972 López Arellano derrocó a su sucesor y se mostró más sensible al
pedido de una reforma agraria intentando controlar a la United Brands (ex
UFCo.). Los grupos afectados reaccionaron y López Arellano fue sustituido por
el coronel Juan A. Melgar Castro.
El jefe del Ejército, general Policarpo Paz García, asumió el poder en 1978.
El régimen hondureño se alió estrechamente con Anastasio Somoza, dictador de
la vecina Nicaragua. La revolución sandinista apresuró en Honduras la elección
de una Asamblea Constituyente, una de cuyas primeras decisiones fue ratificar
como presidente a Paz García. En 1981 se celebraron elecciones en las que el
candidato del Partido Liberal, Roberto Suazo Córdova, asumió la presidencia en
enero de 1982.
Suazo Córdoba aprobó aumentos de precios en artículos de consumo popular y
promulgó una "ley antiterrorista" que prohibió el derecho de huelga
al considerarlo "intrínsecamente subversivo". Grupos paramilitares de
exterminio actuaban con impunidad y las "desapariciones" de opositores
políticos se tornaron corrientes.
Honduras toleró la presencia de tropas estadounidenses y la instalación de
bases contrarrevolucionarias nicaragüenses en su territorio. Se calculaba que
en 1983 el Pentágono tenía 1.200 soldados, que además de intervenir
directamente en operativos bélicos, daban instrucción militar, apoyo logístico
y construían obras de infraestructura. La "contra" nicaragüense
mantenía unos 15.000 efectivos, a los que se sumaban cerca de 30.000 refugiados
nicaragüenses.
En 1985, 7.000 soldados norteamericanos realizaron maniobras
muy cerca de la frontera nicaragüense. La fuerza aérea hondureña recibió una
oferta para renovar todos los aviones de combate. Con unos trescientos millones
de dólares el ejército local duplicó sus efectivos y renovó la flota de
combate de su Fuerza Aérea.
En las elecciones de 1985 triunfó José Azcona Hoyo, del Partido Liberal. El
nuevo presidente pidió ayuda a Washington para que los "contras"
pudieran abandonar el país y trató de estimular la inversión extranjera.
En 1989, Rafael Callejas, candidato del Partido Nacional, triunfó ampliamente
en elecciones que fueron calificadas de fraudulentas. Respaldado por Estados
Unidos y los círculos empresariales, Callejas inició una completa liberalización
de la economía.
En 1990, tras la derrota sandinista en las elecciones nicaragüenses, la
administración Bush redujo sensiblemente la ayuda económica a Honduras.
Callejas se acercó a las Fuerzas Armadas para prevenir una agudización del
malestar social.
En diciembre de 1990, el gobierno decretó la amnistía para los detenidos y
perseguidos políticos. Se abolió la ley antiterrorismo y se creó un marco de
concertación política sin exclusiones.
El 12 de enero de 1991, luego de ocho años de exilio, regresaron a Honduras
cuatro dirigentes políticos de izquierda, anunciando el fin de la lucha armada.
En octubre de 1991, las Fuerzas Populares Revolucionarias Lorenzo Zelaya se
acogieron al decreto y renunciaron a la lucha armada.
El comandante de las Fuerzas Armadas, general Arnulfo Cantarera, acusado de
cometer violaciones a los derechos humanos, fue cesado en su cargo y sustituido
por el general Luis Discua, que encabezó una creciente injerencia del poder
militar en la vida política. El asesinato político a opositores y otros abusos
cometidos por los militares fueron denunciados por el Comité Hondureño de
Defensa de los Derechos Humanos.
El programa de ajuste del gobierno de Callejas permitió renegociar la deuda
externa de 3.500 millones de dólares. Las nuevas leyes agrarias autorizaron la
venta de tierras expropiadas lo que favoreció la especulación de las empresas
agrícolas trasnacionales.
El descontento popular se vio expresado en las urnas, cuando en las elecciones
del 28 de noviembre de 1993 triunfó el candidato opositor, Carlos Roberto
Reina.
Una de las primeras resoluciones del nuevo gobierno fue la abolición del
servicio militar obligatorio. Pero en agosto de 1994 y cediendo a las presiones
militares, el gobierno aceptó un llamado temporal a filas para llenar 7 mil
vacantes en las Fuerzas Armadas. El gobierno disolvió a la Dirección Nacional
de Investigaciones, acusada de torturar a detenidos.
Como consecuencia de la caída de las exportaciones de banano a la Comunidad
Europea, la compañía bananera estadounidense Tela Railroad Company cerró
cuatro establecimientos y suspendió a tres mil empleados. El gobierno obligó a
la firma a reabrir sus locales y reintegrar a los trabajadores. La empresa
negoció con el sindicato el reintegro de 1.200 trabajadores, quedando
suspendidas unas mil mujeres.
A raíz de la sequía registrada en la primera mitad del año, 90 municipios del
país perdieron más del 60% de sus cultivos de subsistencia. Ante el peligro de
hambruna que amenazaba a más de un millón y medio de personas, las autoridades
solicitaron la asistencia de la FAO. La acelerada deforestación ha acentuado la
erosión del suelo.
Mientras las fuerzas armadas continuaban realizando tareas de policía en las
ciudades, la Asamblea Legislativa comenzó el proceso de reforma constitucional
que terminó asignando el control de las fuerzas de seguridad pública al poder
civil. En enero de 1995 entró en funciones la Unidad de Investigación
Criminal, conducida por civiles, que sustituyó a la policía secreta
desarticulada el año anterior. El nuevo cuerpo, integrado inicialmente por
1.500 agentes, recibió entrenamiento de la policía israelí y del FBI de
Estados Unidos. En ese momento más de 50 personas eran asesinadas cada día en
territorio hondureño.
Altos funcionarios de gobierno fueron encarcelados en 1995 por su vinculación
con el tráfico de pasaportes oficiales. La Suprema Corte de Justicia revocó la
inmunidad del ex presidente Callejas para que declarara sobre falsificación de
documentos y apropiación de fondos públicos. El propio presidente Reina fue
investigado también por el uso de fondos estatales para fines privados.
A principios de 1996, un alza de 25 % en los salarios coincidió con un
incremento de 30 % en los productos de base. Las manifestaciones reclamando
aumentos salariales se hicieron más frecuentes, especialmente en el sector público.
El FMI impuso estrictos recortes al gasto del Estado. El gobierno canceló el
control de la policía por los militares y redujo el tamaño del ejército. En
julio, el jefe de las fuerzas armadas frustró un intento de rebelión militar.
En octubre de 1997, la policía impidió que unas 400 personas colocaran en un
lugar público de Tegucigalpa una estatua de Lempira, un líder de la
resistencia indígena contra la conquista española. En ese mismo lugar, una
estatua de Cristóbal Colón, había sido bajada de su pedestal y destruida por
los manifestantes.
En las elecciones generales del 23 de noviembre, el Partido Liberal obtuvo 53 %
de los votos emitidos. Las elecciones legislativas confirmaron la exclusión de
la izquierda del Parlamento.
Al asumir como presidente, en enero de 1998, Carlos Flores se mostró dispuesto
a integrar un gobierno de unidad nacional y a realizar una tregua con la oposición
ligada a los militares. Con 80 % de la población en la extrema pobreza, 228
terratenientes controlaban más del 75 % de las tierras del país.
En setiembre de ese año, el huracán Mitch provocó daños por 5.360 millones
de dólares y causó unas 24.000 muertes en Centroamérica, 6.000 de los cuales
eran hondureños. Por otra parte, más de 1.300.000 hondureños perdieron su
vivienda y otros 8.000 resultaron desaparecidos. Un año después las
inundaciones mataron 35 personas y anegaron 14.000 hectáreas cultivables,
arrojando pérdidas de 20 millones de dólares. Las autoridades aseguraron que,
de haber recibido la ayuda prometida por los países desarrollados después del
pasaje de Mitch, se podría haber dragado los ríos y evitado la nueva catástrofe.
La ratificación de un acuerdo fronterizo con Colombia en noviembre de 1999
produjo un enfrentamiento diplomático con Nicaragua, llegando incluso ambos países
a movilizar tropas en la frontera. Según el acuerdo, Honduras reconocía la
soberanía colombiana sobre un grupo de islas frente a la costa caribeña
nicaragüense, a cambio de el establecimiento del paralelo 15 como frontera
entre ambos países. La posesión de las islas San Andrés y Providencia por
parte de Colombia y el establecimiento del paralelo 15 como frontera excluye a
Nicaragua de la posesión de unos 130 mil kilómetros cuadrados de mar
territorial. Los cancilleres de ambos países firmaron un acuerdo marco para
mantener conversaciones futuras y establecieron una zona desmilitarizada en la
frontera en febrero de 2000. Menos de un mes después de la firma del acuerdo,
lanchas patrulleras de ambos países intercambiaron disparos en el Golfo de
Fonseca, en la costa pacífica, enfrentamientos que siguieron produciéndose en
marzo de ese año.