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LA HISTORIA OFICIAL
Durante los primeros diez siglos de nuestra era, la civilización maya floreció en lo que hoy es Guatemala, así como en parte de los actuales territorios de México, Honduras y El Salvador.
Las tropas españolas, al mando de Pedro de Alvarado, penetraron al
territorio en 1524, fundaron la ciudad de Guatemala y lograron el control total
del país dos años más tarde, cuando éste se encontraba en un lento proceso
de
transición y reajuste de los pueblos surgidos del común tronco Maya: K'iche',
Kaqchi', Mam, Q'eqchi', Poqomchi', Q'anjob'al,Tz'utujiil, entre otros. Esta
situación favoreció a los invasores, pero la conquista hubo de enfrentarse con
frecuencia a una fiera resistencia.
El 15 de setiembre de 1821, los grandes propietarios de la tierra y los comerciantes, junto con las autoridades coloniales, proclamaron pacíficamente la independencia de lo que había sido la Capitanía General del Reino de Guatemala y que incluía los cinco países centroamericanos.
Lo hicieron junto con México y las demás provincias centroamericanas "para prevenir las consecuencias que serían temibles en el caso de que la proclamase el mismo pueblo", según reza el punto número uno del acta correspondiente. La nueva entidad político-administrativa, llamada Provincias Unidas de Centroamérica, fue disuelta en 1839 como resultado de la ruptura del pacto federal, en el marco del enfrentamiento de facciones internas, y de la política del imperialismo británico de dividir las naciones americanas.
En 1831, el gobierno, agobiado por las deudas, entregó a Inglaterra grandes extensiones de tierra para la explotación maderera, lo que daría lugar posteriormente al territorio colonial de las "Honduras Británicas", hoy independizado con el nombre de Belice.
A mediados del siglo XVIII, la invención en Europa de los colorantes artificiales provocó una gran crisis económica en Guatemala, cuyos principales productos de exportación eran los tintes vegetales. Ello dio lugar a la introducción del café como cultivo masivo. Con la Reforma Liberal de 1871 los indígenas perdieron muchas tierras comunales, incorporadas por los grandes terratenientes a la producción cafetalera. El enfrentamiento liberal-conservador marcó la vida guatemalteca del último cuarto del siglo XIX. En este período arribaron colonos alemanes, con intereses económicos enfrentados a los de la incipiente burguesía por sus vínculos directos con Europa.
A finales del siglo XIX asumió el poder Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó Guatemala hasta 1920. El "cabrerismo" permitió la entrada de capitales norteamericanos, que se adueñaron de los ferrocarriles, los puertos, la producción de energía eléctrica, los transportes marítimos, los correos internacionales y, sobre todo, de grandes extensiones de tierra, donde la poderosa United Fruit Company producía banano.
El general Jorge Ubico Castañeda, último representante de la generación militar de 1871 y que había sido elegido presidente como candidato del Partido Liberal, en 1931, fue derrocado por un levantamiento popular en 1944. La "Revolución de Octubre" en el poder hizo un llamado a elecciones, en las que resultó vencedor el político reformista Juan José Arévalo quien comenzó un proceso de reformas económicas y sociales.
Durante el gobierno de Arévalo existió un clima de apertura política y económica. En 1945 se estableció el voto para las mujeres, con exclusión de las analfabetas, y en ese mismo año surgió el primer sindicato campesino. La reforma agraria, que expropió a la United Fruit Company grandes cantidades de tierras ociosas que mantenía en reserva, fue calificada por el gobierno norteamericano como "una amenaza a los intereses de los Estados Unidos". Una gran campaña anticomunista se desató contra los gobiernos democráticos de Arévalo y su sucesor, Jacobo Arbenz.
John Foster Dulles -accionista y abogado de la compañía y Secretario del Departamento de Estado- presionó a la OEA para obtener una condena a las reformas del gobierno de Jacobo Arbenz. Allen Dulles -Director de la CIA y ex presidente de la compañía- fue el organizador de la invasión desde Honduras, en junio de 1954. Con el derrocamiento de Arbenz, la UFCO logró la devolución de las tierras que se habían destinado a la aplicación de la reforma agraria. Posteriormente, la UFCO cambió de nombre, y se llamó United Brands.
Se inició entonces una sucesión de gobiernos militares o tutelados por éstos. Las cuatro elecciones siguientes (1970, 1974, 1978 y 1982) fueron fraudulentas y favorecieron siempre a los candidatos de la cúpula castrense.
En ese clima nació y se desarrolló el movimiento revolucionario armado. En 1962 surgieron las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), en 1975 el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), y en 1979 la Organización del Pueblo en Armas (ORPA).
La represión que desató el gobierno cobró unas 80.000 víctimas desde 1954 a 1982, según estimaciones de diversos organismos vinculados a la defensa de los derechos humanos. En febrero de 1982, surgió la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), integrada por el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP), las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), la Organización del Pueblo en Armas (ORPA) y el Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT, Núcleo de Dirección Nacional).
El 23 de marzo de 1982, a pocos días de haberse realizado elecciones nuevamente fraudulentas, una asonada militar derrocó a Romeo Lucas García e impuso como nuevo jefe del gobierno al general Efraín Ríos Montt.
Este lanzó una campaña contrainsurgente más agresiva que sus predecesores. En el primer año de gobierno de Ríos Montt fueron asesinados más de 15.000 guatemaltecos, 70.000 buscaron refugio en países vecinos -especialmente en México-, unos 500.000 se internaron a vivir en las montañas, huyendo del ejército, y centenares de poblaciones rurales fueron devastadas. Se multiplicó el sistema de "aldeas modelo", donde eran trasladados los campesinos a quienes se les obligaba a producir en un nuevo esquema destinado directamente a la exportación y no a su supervivencia.
En agosto de 1983, Ríos Montt fue depuesto por un golpe militar -nuevamente orquestado por la CIA- que llevó al poder al general Oscar Mejía Víctores, quien prometió un rápido retorno a la democracia.
Como paso previo, el 1º de julio de 1984 fue elegida una Asamblea Constituyente para redactar una ley fundamental, sustitutiva de la de 1965 -derogada por el golpe de 1982- y nuevas leyes de amparo, habeas corpus y elecciones. Diecisiete partidos postularon candidatos, pero la izquierda fue forzada a abstenerse una vez más por falta de garantías.
La Constituyente aprobó el derecho de huelga de los trabajadores estatales, autorizó el regreso al país de dirigentes exiliados del Partido Socialista Democrático y convocó a elecciones para noviembre de 1985.
La URNG boicoteó las elecciones y éstas dieron un claro triunfo al candidato democristiano Vinicio Cerezo. Entre sus primeras medidas, Cerezo decretó la suspensión "total y definitiva" de las actividades de la policía secreta.
En octubre de 1987 se reunieron en Madrid representantes de la URGN y del gobierno, en las primeras negociaciones directas entre el estado y la guerrilla después de 27 años de enfrentamiento. Ese año, comenzó a tener un papel preponderante en los acercamientos la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), creada en el marco del plan de paz para Centroamérica Esquipulas II, firmado por 6 países de la región.
El 30 de marzo, en Oslo, la guerrilla y el gobierno acordaron pautas operativas para las reuniones y rol de los mediadores de la CNR y la ONU. Pese a la persistencia de persecuciones y asesinatos políticos, el 1º de junio de 1990 se firmó en Madrid un acuerdo básico para la búsqueda de la paz en Guatemala, suscrito por la CNR, los partidos políticos y la URNG.
Los últimos meses de 1990 se caracterizaron por el estancamiento de las negociaciones y el escepticismo de los ciudadanos, que llevó a una abstención de 70% en las elecciones presidenciales del 11 de noviembre de 1990. En la segunda vuelta electoral, llevada a cabo el 6 de enero de 1991, resultó elegido Jorge Serrano Elías, del Movimiento de Acción Solidaria (MAS).
El gobierno de Serrano y la URNG decidieron reanudar las negociaciones por la paz. El 24 de abril de 1991, en Cuernavaca, México, ambas partes mantuvieron un encuentro de tres días. Al cabo de tres décadas de violencia, durante las que resultaron asesinadas más de cien mil personas, y cincuenta mil desaparecieron, gobierno y guerrilla se comprometieron en México a iniciar un proceso de negociación que, en el menor tiempo posible, culminara en un acuerdo de paz firme y duradero. La agenda incluyó temas como democratización, derechos humanos, fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática, identidad y derechos de los pueblos indígenas, reformas constitucionales y régimen electoral, aspectos socioeconómicos y situación agraria, reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado y la incorporación de la URNG a la vida política legal.
A fines de mayo de 1991 desapareció el dirigente del Consejo de Comunidades Etnicas, Runujel Junam. Los indígenas constituyen 16% de la población económicamente activa y son víctimas del reclutamiento forzoso en el ejército.
En julio, el Senado de Estados Unidos suspendió la ayuda militar a Guatemala. La URNG exigió el cese inmediato de las violaciones a los derechos humanos. Organizaciones humanitarias contabilizaron en los primeros nueve meses del gobierno de Serrano, 1.760 violaciones a los derechos humanos, de las cuales unas 650 fueron ejecuciones extrajudiciales y muertes de niños de la calle, menores de seis años.
También en setiembre, el presidente guatemalteco reconoció la soberanía y autodeterminación de Belice, la ex colonia británica que proclamó su independencia en 1981. El anuncio provocó la renuncia del canciller Alvaro Arzú, máximo líder del Partido de Avanzada Nacional (PAN), y uno de los aliados principales del oficialismo.
En 1992 se inició un debate nacional acerca de la supervivencia de grupos armados por el Ejército, como las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC). Mientras en el mes de agosto la iglesia católica efectuó duras críticas a la política económica y se pronunció a favor de una reforma agraria, las organizaciones indígenas demandaron la ratificación del Convenio 169 de la OIT acerca de pueblos indígenas y tribales.
El gobierno creó la fuerza "Hunapú", formada por el Ejército, la Policía Nacional y la Guardia de Hacienda, en sustitución del Sistema de Protección Civil. En abril, miembros de la "Hunapú" protagonizaron un incidente durante una manifestación estudiantil en reclamo de mejoras en la política educativa. Un estudiante resultó muerto y otros siete fueron heridos. A nivel internacional, tanto el gobierno norteamericano como el Banco Mundial y el Parlamento Europeo presionaron al gobierno guatemalteco para detener la violencia política.
En octubre, mientras se conmemoraba el Quinto Centenario de la llegada de los españoles, Rigoberta Menchú Tum, dirigenta indígena de la etnia quiché que ha recorrido el mundo denunciando la situación de los pueblos indígenas en su país, recibió el Premio Nobel de la Paz.
El 25 de mayo de 1993, el presidente Serrano, con el apoyo de un grupo de militares, dio un autogolpe por el cual derogó varios artículos de la Constitución y disolvió el Congreso y la Corte Suprema de Justicia. El 1º de junio, ante el rechazo nacional e internacional y la presión de Estados Unidos, Serrano abandonó la presidencia. Luego de varios días de incertidumbre, el 6 de junio, el ex procurador de los Derechos Humanos, Ramiro De León Carpio, fue designado nuevo jefe del Ejecutivo para concluir el período de gobierno iniciado por Serrano.
De León Carpio inició una depuración de los militares que apoyaron a Serrano, con cambios en cinco comandancias. Poco después, Jorge Carpio Nicolle, líder de la Unión de Centro Nacional y primo del presidente, fue asesinado.
En noviembre de 1993, las excavaciones en varios cementerios clandestinos dieron como resultado la localización de 177 osamentas de mujeres y niños, asesinados por efectivos militares durante la "Masacre de Río Negro", ocurrida en 1982.
Pese a la intensa campaña contra las PAC y el servicio militar forzoso, el presidente De León Carpio, contrariando su anterior posición, afirmó que mantendría ambos institutos mientras no se solucionara el conflicto armado. El 5 de agosto, el gobierno declaró desaparecido el "archivo", que mantenía expedientes de ciudadanos considerados "peligrosos" para la seguridad del Estado, con lo cual se eliminaron pruebas contra responsables de violaciones a los derechos humanos.
El Plan de Gobierno 1994-1995, presentado en agosto, reafirmó la política de ajuste estructural, priorizó el cese de la intervención estatal en la economía, la reforma financiera y la privatización de empresas públicas.
La meta declarada de De León Carpio era la lucha contra la corrupción en los poderes del Estado. El 26 de agosto el presidente exigió la renuncia de los diputados y de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual se inició un enfrentamiento entre el presidente y el Congreso, que dio paso a una lucha de intereses económicos y partidarios, y que culminó con una propuesta de reforma constitucional pactada entre el Ejecutivo y el Congreso. Se fijó para el 30 de enero de 1994 la celebración de un plebiscito en el que la ciudadanía debía pronunciarse acerca de la depuración de los poderes públicos y la reforma constitucional.
Luego de una ocupación de 22 días de la oficina local de la OEA por parte de militantes del Comité de Unidad Campesina y de la Comisión Nacional de Viudas de Guatemala, unos 5.000 indígenas efectuaron una marcha exigiendo la disolución de las PAC.
En enero de 1994 y sin mediar un cese del fuego, el gobierno y la guerrilla firmaron acuerdos para el reasentamiento de la población desplazada por el conflicto armado. Gracias al acuerdo 870 personas pudieron asentarse en las zonas de Chaculá, Nentón y Huehuetenango, pero la mayoría de las regiones de reasentamiento permanecían bajo control del ejército.
Un referéndum constitucional realizado en esa misma fecha registró una abstención del 85%. El 69% de los votantes se pronunció en favor de un nuevo Congreso y una nueva Suprema Corte. En elecciones en que el abstencionismo fue similar, el Frente Republicano Guatemalteco conducido por el ex dictador Efraín Ríos Montt obtuvo la mayoría. En segundo término se ubicó el Partido Progresista Nacional.
Mónica Pinto, la observadora de la ONU en Derechos Humanos, recomendó la desmilitarización de la sociedad mediante la reducción paulatina del ejército, la disolución de las PAC y del Estado Mayor Presidencial y la creación de una Comisión Verdad.
A comienzos de 1994 y luego de un prolongado silencio, el Ministerio de Relaciones Exteriores reconoció a Bélice como estado independiente, pero mantuvo el reclamo territorial en tanto no se estableciera una frontera.
En marzo el gobierno y la URNG ratificaron un acuerdo en torno a la disolución de las PAC y la verificación internacional de la ONU en materia de derechos humanos. Tres días después fue asesinado el presidente de la Corte de Constitucionalidad, Epaminondas González Dubón.
En abril la policía desalojó a 300 familias de campesinos que habían ocupado una finca en Escuintla. En mayo regresó un nuevo contingente de casi dos mil refugiados rumbo a la zona del Quiché, que continuaba ocupada por el ejército.
En Oslo, Noruega, la URNG y el gobierno firmaron en junio un acuerdo marco para el "Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado". Se reconocieron las Comunidades de Población en Resistencia como población civil no combatiente y se reconoció explícitamente la importancia vital de la tierra para estas poblaciones desarraigadas. El segundo acuerdo de Oslo contempló la no individualización de responsables de violaciones a los derechos humanos como forma de neutralizar la acción de los sectores contrarios a una salida negociada.
Los ingresos provenientes del turismo se redujeron en US$100 millones debido a la huelga de hambre realizada por una ciudadana estadounidense en reclamo de la libertad de su marido, detenido en 1992 por supuestos vínculos con organizaciones de izquierda, y porque otra estadounidense, sospechosa de participar en el tráfico de bebés, había sido brutalmente golpeada por una multitud.
Las negociaciones de paz entre la guerrilla y el gobierno no avanzaron durante 1995 debido a las elecciones, el desinterés del ejército y los terratenientes y la debilidad del gobierno ante éstos. La misión de la ONU reportó que la impunidad continuaba siendo el mayor obstáculo al respeto a los derechos humanos, y describió cientos de casos de torturas, detenciones ilegales y ejecuciones extrajudiciales.
En agosto de 1995 el presidente del Congreso Efraín Ríos Montt y otros dos miembros del FRG perdieron sus fueros parlamentarios y fueron juzgados por la Suprema Corte por intervención de teléfonos, falsificación de documentos y usurpación de poderes.
En las elecciones generales de noviembre Alvaro Arzú, candidato del Partido Progresista Nacional, obtuvo el 42% de los votos, en tanto que su rival más cercano, Alfonso Portillo Cabrera, del FRG, tuvo casi la mitad. En la segunda ronda, efectuada el 7 de enero de 1996, Arzú resultó electo presidente. El abstencionismo llegó a la cifra récord de 63%.
En diciembre de 1996 el nuevo gobierno y la URNG firmaron --primero en Europa y luego en México y Guatemala-- una serie de acuerdos de paz que pusieron fin a una guerra de varias décadas y que había costado alrededor de 100.000 vidas.