Diputado Raúl Sendic

Con más de 140 mil firmas en la Corte Electoral contra la primera ley de urgencia, mientras el Parlamento todavía discute la ley presupuestal, el Ejecutivo envió al Parlamento la segunda ley de urgencia.

Otro paquete de normas, desprolijamente redactadas, inconexas entre sí, que con un nombre grandilocuente "Normas para el fomento del empleo y mejoras de la administración", no es más que una suma de propuestas ineficaces, que descoordinadamente tratan de dar respuestas a reclamos corporativos de algunos de los sectores de poder: se puede ver claramente que hay artículos escritos por el Foro Batllista, otros de la lista 15, otros de los blancos y otros, como el caso de las llamadas "Normas concursales" o el de Zonas Francas, escritos directamente por los actores privados que resultan interesados en el asunto (Liga de Defensa Comercial y Zona Franca de Montevideo, respectivamente).

En lo único que son coherentes todos estos "paquetes" (Urgencia I, Presupuesto y Urgencia II) es en la sostenida embestida en contra de las empresas públicas, la coalición de gobierno insiste en una visión maniquea y atrasada donde todo lo público es satanizado y lo privado es endiosado. Visión vieja y atrasada en un mundo donde la libre competencia y la libertad de mercados quedó atrás hace mucho para dar paso a los proteccionismos, los subsidios, las barreras arancelarias y no arancelarias.

La primera ley de urgencia avanzó sobre el Puerto y AFE, el presupuesto sobre Ancel, ANCAP y el Banco de Seguros, y ahora en la segunda ley de urgencia se pretende liberalizar la importación de gas para los grandes consumidores, después que ANCAP está ya comprometida en una inversión que supera los 30 millones de dólares para construir el Gasoducto Cruz del Sur que llevará el gas desde Argentina hasta el Sur del país. Es decir que ANCAP hace el gasto y los privados se llevan la ganancia.

Para nosotros, el tema del gas debemos abordarlo como un tema de Estado, porque la energía es un instrumento definitorio a la hora de decidir políticas de desarrollo.

Hoy desde la "Ley de Urgencia II" se quiere avanzar, a partir del gas, en la desmonopolización del sector energético.

Esta arremetida contra las empresas públicas merece algunas consideraciones sobre el porqué de nuestra oposición a este proceso de desmantelamiento del Estado: necesitamos las empresas públicas, no solamente por los recursos económicos que ellas transfieren a Rentas Generales y que permiten al Estado atender buena parte del presupuesto nacional: sólo ANTEL aportó a Rentas Generales más de 130 millones de dólares el año pasado y buena parte de ese aporte lo hizo gracias a la telefonía celular que ahora será privatizada en un 40%. Pero como si esto fuera poco, desde la "Ley de Urgencia II" en el artículo de "Zonas Francas" se ataca directamente al Tráfico Internacional de ANTEL. Se intenta instalar un servicio que denominan "Call Centers" donde las multinacionales como Telefónica competirá en forma desleal con el ente, ya que desde Zona Franca están exentos de impuestos. Con este sistema cualquiera de nosotros, con una llamada local irás la tarifa de la multinacional, podrá comunicarse con cualquier parte del mundo afectando directamente a una de las empresas que más aporta a las arcas estatales.

Necesitamos las empresas públicas porque ellas son instrumentos imprescindibles a la hora de determinar políticas productivas o políticas de desarrollo.

Hace unos días un grupo de productores arroceros nos decía que uno de los problemas que tienen es que muchas veces, desde el medio del campo se les dificulta el seguimiento de trámites de exportación o la propia operativa de la empresa debido a la mala cobertura que tiene la telefonía celular en el interior del Interior (valga la redundancia). En otra oportunidad, los exportadores de Paysandú nos plantearon la necesidad de construir un puerto de aguas profundas en aquella localidad ya que hay un sector de productores e industriales que con un muy escaso margen de ganancia en su producción, quedaban fuera de la posibilidad de exportar porque el costo de los fletes hasta Nueva Palmira (el puerto más cercano) hace que sus productos queden fuera de competencia.

Dos ejemplos concretos que ilustran el papel que pueden cumplir las empresas del Estado a la hora de definir políticas de estímulo a la producción.

Sectores como la energía, las comunicaciones, las telecomunicaciones, las carreteras, los puertos y otros, son elementos estratégicos en manos del Estado para poder orientar políticas económicas. El espejo de las privatizaciones lo tenemos enfrente, en Argentina, y podemos mirarnos en él para ver un Estado que ha quedado inerme, sin otro recurso que achicar y congelar gastos y políticas, sin otra alternativa que incrementar el endeudamiento externo.

Son estos elementos, entre otros a nuestro entender, los que hacen que seamos tan porfiados en la defensa de las empresas públicas. Por ello hemos acompañado la campaña para impulsar un referéndum contra la primera ley de urgencia, por eso no hemos votado el presupuesto nacional y por eso no acompañaremos esta segunda ley de urgencia.

El Uruguay de servicios-plaza financiera-importador no tiene cabida para todos los uruguayos, necesitamos un país de producción, de trabajo, y para eso necesitamos inversión pública y estímulo a la inversión privada, que se generen fuentes de trabajo y se revierta el dramático ciclo de esta economía de recesión más recesión.

Para ello necesitamos empresas públicas fuertes, generadoras de recursos e imprescindibles herramientas para el desarrollo.

Diputado Raúl Sendic

Uno de los artículos que entrañan una mayor gravedad en el contenido de la Ley de urgencia II es sin lugar a dudas el que establece la liberalización de la importación de gas que hasta el momento formaba parte del monopolio de ANCAP junto al resto de los combustibles. El artículo de la Ley de urgencia permite a los grandes consumidores, que superen un promedio anual de 5 mil metros cúbicos diarios, importar libremente el gas sin pagar el canon que hasta ahora debían pagar a Ancap de acuerdo a un decreto vigente desde enero del 98. La existencia del canon es parte de una historia que conviene reseñar aunque sea en grandes líneas y tiene que ver con la evolución que ha tenido la matriz energética en el país.

Consecuencias de la integración eléctrica

Desde la vigencia del nuevo marco regulatorio energético, que liberalizó el mercado eléctrico y permitió a los privados la generación y distribución, así como la libre importación a través de la interconexión eléctrica con los países de la región, de la energía eléctrica, se creó una nueva situación que operó como una verdadera espada de Damocles sobre UTE. El problema está dado en que nos integramos eléctricamente con la Argentina, uno de los países que tiene la energía a más bajo costo gracias a sus grandes reservas de gas. Mientras los argentinos producen electricidad a 22 y 23 dólares el Megavatio/hora, en la Central Batlle estamos produciendo electricidad a 44 y 45 dólares y en la central de La Tablada el costo llega a los 60 dólares. Es decir que la integración eléctrica dejó al desnudo una franca incompetencia de la generación en nuestras centrales, alimentadas con full oil. Es en ese panorama que UTE establece un plan para la reconversión de la Central Batlle a gas, pensando en abaratar la generación.

La expansión de ANCAP

Paralelamente con esto, ANCAP, que avizora la inminencia del ingreso del gas al país, inicia una inteligente política de desarrollo en el negocio del gas a varias puntas: por un lado compromete una importante inversión para el ingreso de gas a través de Paysandú, y se construye el gasoducto entrerriano que ingresa el gas a la altura de Nuevo Paysandú y a través de Casa Blanca (dos caños que atraviesan el Río Uruguay), con el objetivo de alimentar la planta de cemento del ente, la distribución domiciliaria e industrial en aquella ciudad y para alimentar una futura central termoeléctrica. Otra punta de la política de aquella fue asociarse con privados para la distribución del gas en el Interior, en la empresa Conecta, en la que ANCAP tiene el 45% de las acciones, y por último ANCAP se comprometió a una inversión de 30 millones de dólares para comprar capacidad de transporte por 1,5 millón de metros cúbicos en el caño que construye Gasoducto Cruz del Sur para traer el gas a Montevideo y que ingresa al país a la altura de Punta Lara - Colonia. Este gasoducto tendrá una capacidad de transporte de 5 millones de metros cúbicos/día de los cuales 1,5 pertenecen a ANCAP, 0,5 a UTE y los otros 3 millones a las empresas asociadas, la British Gas, la Pan American Energy y Wintershall. En el momento de comprometer la inversión, el Directorio de ANCAP pidió autorización al Poder Ejecutivo y planteó que la inversión era viable si se le permitía, de acuerdo al monopolio del que disfrutaba, cobrar un canon a los grandes consumidores, lo que contó en su momento con la aprobación de Sanguinetti que fijó por decreto dicho canon en 2 dólares cada mil metros cúbicos. Esto aseguraba al ente el recupero de su inversión.

Los contrasentidos del Ejecutivo

UTE mientras tanto, estableció una serie de negociaciones en Argentina que le permitieron comprar gas a un precio razonable que aseguraba la generación en la Central Batlle a un costo competitivo pero necesitaba para asegurar dicha competitividad que ANCAP no le cobrara el canon y así lo planteó en su momento al Poder Ejecutivo que le aseguró una solución. UTE compró capacidad de transporte por medio millón de metros cúbicos, mucho menos de los que necesitará (1.7 millones/día) cuando se haya efectivizado la reconversión de la Central Batlle a gas. Es decir que necesariamente UTE deberá comprar capacidad de transporte a los otros dueños del gasoducto porque su consumo va a ser mucho mayor que su transporte. Por otra parte es evidente que el Ejecutivo a las dos empresas les dijo que sí, tanto a su inversión como a su reclamo, aunque los reclamos fueran contrapuestos.

Los dogmas religiosos

La liberalización de la importación de gas, propuesta en la ley de urgencia, causa un grave perjuicio a ANCAP, que se verá obligada a realizar una inversión de 30 millones de dólares para comprar una determinada capacidad de transporte que en algún momento pensó vender contando con un monopolio que ahora se elimina. Esta no sólo pierde el canon, lo que es peor, pierde capacidad de negociación sobre esa capacidad de transporte. Pero no es ANCAP la única que pierde, pierde todo el sector privado; estos grandes consumidores a los que supuestamente se pretende ayudar, quedarán a la intemperie del mercado argentino, no es difícil apreciar que ANCAP tendría mejor capacidad de negociación en el mercado argentino que cualquiera de estos grandes consumidores uruguayos, chiquitos en el mercado argentino. Son las leyes del mercado. Si el problema es el costo de producción de UTE, entonces el camino sería más fácil, si por decreto se estableció el canon, que por decreto se exceptúe a UTE de pagarlo. Pero no, se elige el camino de arremeter contra el negocio de una empresa pública que con inteligencia se expandió en el negocio del gas. Así que aquí encontramos otra vez la posición casi religiosa de que la liberalización es palabra santa y en este caso concreto se trata de un problema de economía de escala, somos una ínfima parte del mercado argentino, para ello alcanza con conocer algunas cifras: Paysandú, que ya tiene el gas, con la planta de cemento funcionando a gas, con varias fábricas como Azucarlito, Azucitrus, Paylana y Paycueros y con toda la distribución domiciliaria, consume 200 mil metros cúbicos /día y todo el mercado argentino son 80 millones de metros cúbicos /día. Es decir que cualquiera de los consumidores uruguayos resulta ínfimo en la dimensión del mercado argentino. Lo único que le permite a Uruguay negociar un mejor precio para uno de los principales componentes de su matriz energética es el monopolio, aunque para muchos sea una mala palabra.

Diputado Raúl Sendic.

Hace mucho que el Uruguay abandonó el modelo productivo para sustituirlo por uno importador. Dicha sustitución ha determinado el desmantelamiento de una parte muy importante del parque productivo del país. Hay ejemplos de ello en la industria frigorífica, en la textil, en la del calzado, en la del cuero, en fin, en toda la industria manufacturera, así como en la metalúrgica y en la mecánica.

Inclusive, esto ha producido la desarticulación de la sociedad en algunos aspectos: migraciones internas, migraciones hacia el exterior. Miles de uruguayos han tenido que abandonar el país. También ha generado una situación crítica de endeudamiento, tanto público como privado, que alcanza cifras como nunca antes se habían visto. Este modelo importador está acompañado por una propuesta de construir un país de servicios, como en algún momento se planteó. El señor ministro de Industria, Energía y Minería en alguna de las oportunidades en que concurrió a la Comisión correspondiente, contó que un ministro de un país vecino le había dicho: "¡Qué interesante, ser ministro de Industria en un país de servicios!". El ministro Sergio Abreu decía, con razón, que es lamentable que se nos asigne ese papel, pero lo peor de todo es que antes de oírselo a los vecinos lo escuchamos aquí adentro, de boca de varios dirigentes políticos, algunos de ellos con responsabilidades muy importantes de Gobierno. Cuántas veces nos "vendieron el verso" de que el futuro del Uruguay era convertirse en un país de servicios, capital del Mercosur, que atendiera las demandas de la región. El problema es que el país de servicios o el país importador no da cabida a todos los uruguayos. No sólo es necesario reivindicar un país productivo, sino que se hace necesario reforzar el país industrial, el desarrollo tecnológico, la investigación científica, que se han convertido estos últimos renglones en factores fundamentales del desarrollo y del propio crecimiento de la economía. Uruguay, con escasas riquezas naturales, sin petróleo, sin cobre, sin otros rubros naturales que de por sí determinan reservas económicas importantísimas, debería apostar como sectores estratégicos al desarrollo de la industria, de la tecnología y de la ciencia. Estamos en un mundo en el que los Estados juegan un papel muy importante; basta mirar al Primer Mundo, el Estado no puede renunciar a los mecanismos que le permitan establecer políticas de desarrollo hacia estos sectores.

El país de los absurdos. Se ha insistido por parte del gobierno en una visión atrasada sobre el rol del Estado, achicar, reducir gastos, limitar las inversiones, recortar recursos a la investigación, el desarrollo productivo. Se insiste con las privatizaciones como única solución para una economía absolutamente deprimida. Debido a esa visión, inclusive, hemos caído en situaciones ridículas y absurdas. Por ejemplo, privatizamos la Compañía del Gas pero la dejamos en manos de una empresa que pertenece al Estado francés. Estamos en un país de absurdos. Uno de los trabajadores de Metzen y Sena decía: "No podemos competir. Cuando vamos a competir con los precios de nuestra vajilla a México y viene la vajilla china, estamos pagando con nuestros impuestos la torre de ANTEL. Pero se da la paradoja de que cuando se construye la torre de ANTEL, lo que se utiliza son cerámicas importadas". El Banco de la República, por ejemplo, otorga a los productores de arroz un préstamo de US$ 800 por hectárea, mientras que el producto final en el mercado internacional se está vendiendo a US$ 4 o US$ 5 por bolsa, obteniéndose unos US$ 700 por las 130 o 140 bolsas que rinde una hectárea. Es decir que partimos de la base de que hay un endeudamiento fuerte sólo por el hecho de producir. Siguiendo con los absurdos, el último censo de población y vivienda demostró que en el Uruguay hay 150.000 viviendas más que hogares. Muchas veces, cuando buscamos una solución para el problema de la vivienda pensamos en construir, pero estamos en un país donde hay más viviendas que hogares, una concentración muy fuerte del mercado inmobiliario y una migración muy importante de gente del Interior que viene al Sur, a la capital o a Maldonado, buscando trabajo y dejando atrás pueblos deshabitados, pueblos fantasma. ¡Y no me digan que hay 150.000 viviendas de turistas argentinos! Hace poco tiempo UTE llamó a licitación para proveer cables y se presentó la empresa uruguaya ALUR S.A., pero por US$ 10.000 la ganó una empresa española. ¿Saben algo? ALUR hubiera gastado esos US$ 10.000 en energía eléctrica para producir los cables y proveérselos a UTE. El Banco Hipotecario está gastando más de US$ 2:500.000 por año para pagar un servicio 222 que cuida las viviendas que tiene en Montevideo y que no ha entregado. No sé si no convendría regalarlas. Asimismo, mientras en todo el mundo el ferrocarril se desarrolla prácticamente a velocidades crucero, nosotros hemos desmantelado el nuestro y se propone privatizar lo que queda a través de la ley de urgencia. Tenemos un Servicio Exterior con sólo cuatro Embajadas en más de veinte países árabes, y veinte en Europa, a la que le vendemos muy poco. Muchas veces se han hecho llamados a licitación que se frustraron por los malos manejos de quienes han intermediado.

No se olviden de las promesas.

En este país de absurdos se aprobó en la Ley de urgencia I el aumento de las penas para los delitos menores y, sin embargo, son muy leves para los delitos de usura, concusión, fraude, coima o conjunción del interés público con el privado. Todo eso ha ocurrido en el Uruguay, pero se resuelve aumentar las penas para los delitos que son propios de la pobreza. Hemos escuchado el discurso del Partido Nacional frente al Gobierno, de ser vigilantes de los acuerdos que se contrajeron previo al balotaje. Sin embargo, es conveniente recordar -¡no se vayan a olvidar!- que prometieron una reducción de las tarifas públicas, una ampliación de la devolución de los impuestos para los exportadores, mejorar el seguro de desempleo para los mayores de cincuenta años, reducir el valor de los tiques de las mutualistas, aumentar las jubilaciones menores a un salario mínimo nacional, incrementar los topes jubilatorios y disminuir la sobretasa del llamado impuesto a los sueldos. Esos compromisos tienen un plazo establecido, inclusive, públicamente. Creo que en las dos Leyes de urgencia que se aprobaron este año se ha perdido una oportunidad. Tenemos que hacer una apuesta decidida a la producción y al trabajo en el Uruguay. De lo contrario, si no gastamos recursos en esto, si no orientamos la inversión, vamos a terminar gastando en planes sociales para paliar la miseria. Por no subvencionar la producción, vamos a terminar subvencionando la miseria, como ya se está haciendo. Debe haber una apuesta decidida a la producción y al trabajo, que utilice los mecanismos que sean necesarios: exoneraciones, medidas de protección, subsidios y, en definitiva, cualquier apoyo decidido, como quiera que se llame. La participación del Estado y la defensa y el fortalecimiento de sus empresas, es un mecanismo importantísimo para el apoyo y el estímulo de la inversión privada. Hay que estimular el trabajo porque ello significa un ahorro de recursos después, a la hora del gasto social. Se debe organizar y trabajar en el comercio exterior, porque lo primero que hay que hacer es no sólo exonerar, sino salir a vender lo que se produce. Creo que debemos abandonar esa visión maniquea que muchas veces pone barreras, abrir la cabeza, tener un sentido práctico de las cosas, eliminar los preconceptos y, fundamentalmente, tener una mayor sensibilidad hacia la realidad y una mayor responsabilidad hacia el país real.

Sanguinetti cantó errado.

Diputado Raúl Sendic.

A más de 60 días de paradas las obras en la refinería de La Teja, queda cada día más en evidencia las intenciones de¡ Gobierno de desmantelar a una de las empresas públicas más eficientes y que tiene un rol fundamental para el desarrollo industrial de nuestro país. ANCAP por el volumen que tiene su negocio en su conjunto, es la empresa uruguaya (pública o privada) de mayor expansión en los últimos años. La empresa participa en la refinación de petróleo, en la producción de alcoholes, de cemento, pero a su vez expandió su actividad a la industria petroquímica en Argentina, en asociación con capitales privados de ese país, en una empresa gestionada por ANCAP. Ha comprado 300 estaciones de servicio en Argentina, lo que equivale al 5% W mercado de ese país. Tiene prospección de gas también en Argentina y es dueña de yacimientos de gas en el litoral argentino que le permite abastecer la ciudad de Paysandú. Construyó el gasoducto del litoral y está construyendo una central eléctrica a partir de] gas, cerca de la planta de cemento en Paysandú. Participa del 40% de la construcción del gasoducto Cruz del Sur que permite la llegada del gas a Montevideo; realizó prospecciones en Bolivia que no han tenido éxito; está asociada a CONECTA para la distribución de gas en el Interior y últimamente tomó en sus manos la distribución de combustibles. Ahora se le pide además el esfuerzo de contribuir al apoyo de soluciones para el tema de la aftosa con la reducción de un 10% del precio del gas oil. Esto tiene un costo para ANCAP de va desde 10 hasta 25 millones de dólares.

El lento llamado a interesados"

Hasta ahora no hay razones fundadas para haber paralizado la obra en la refinería y recién pasada la mitad del período de 90 días, que el propio Directorio se había fijado para la paralización, se realiza el llamado a interesados; ya hemos perdido dos meses en la refinería, costo que todos vamos a tener que pagar.

Cuando se plantea la asociación para la refinación de los combustibles y a pesar de que el Directorio de ANCAP asegura que tendrá la mayoría del paquete accionario, la gestión de esa empresa va a estar en manos del socio. Y consideramos que es válido preguntarse, qué nos tienen que enseñar (el posible socio) sobre gestión empresarial y por qué la asociación se va a dar en esos términos cuando técnicos y trabajadores han demostrado capacidad en el manejo del negocio y mayor eficiencia que muchas empresas privadas. Para ejemplo basta la respuesta que dio la empresa a la resolución de la jueza Jubette, quien ampara a la distribuidora DASA y detuvo a sólo cuatro días la distribución de DUCSA, que ahora vuelve a la distribución. Pero en este lapso y de forma más que diligente, la empresa asumió la distribución y lo realizó sin ningún tipo de inconveniente demostrando que ni DASA, ni DUCSA (las dos sociedades anónimas de distribución) son necesarias. Consideramos, entonces, que hay que replantear el conjunto de la discusión sobre este tema.

El FMI sabe que se va a desmonopolizar, el Directorio de ANCAP aún no.

Nos preocupa las declaraciones del Ministro de Economía Alberto Bensión, anunciando que enviará al Parlamento un proyecto de ley para desmonopolizar la importación, la refinación y liberalizar la distribución de combustibles en el país en este año, por cuanto se contradicen con las declaraciones de los directores de ANCAP que lo niegan, al punto que le hemos leído la Carta de Intención firmada por Uruguay ante el FMI (en inglés porque aún no se tradujo).

Sanguinetti hizo los números con el "ábaco" y no le dio Sanguinetti había señalado que el sobreprecio que pagamos los uruguayos por los combustibles como consecuencia del funcionamiento de la refinería de La Teja y del monopolio de los combustibles, era de 190 millones de dólares.

El director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), Ernesto Talvi quien -aparenta ser un hombre muy informado, se sumó a las palabras de Sanguinetti y sentenció: no se puede seguir haciendo pagar a empresas y familias U$S 200 millones en sobrecostos. Y acto seguido desplegó la bandera de la desmonopolización de la importación de los combustibles sin esperar a que ANCAP termine el proceso de asociación con un socio inversor.

Dos campanas "oficiales" y una diferencia de 116 millones de dólares.

Pero esta embestida sufrió un duro revés al hacerse público un documento elaborado por un Grupo de Trabajo con los consultores designados por Directorio, Representantes de la Dirección Nacional de Energía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y funcionarios de ANCAP. Ese Grupo de Trabajo definió un Sub Grupo en lo que respecta a precios de la región. Los consultores presentaron ante este Sub Grupo un cuadro que mostraba una comparación para los volúmenes comercializados en el mercado interno de gasolina y gas oil, entre el precio ex Planta en Argentina, Brasil, Paraguay y en Uruguay. El Sub Grupo señala "los errores e imprecisiones que dicho cuadro contenía, la inconsistencia del mismo y otros aspectos que se detallarán más adelante, conceptos que fueron compartidos por los consultores participantes", pero al parecer quien no los compartió fue el señor presidente del Ente que continuó afirmando una cifra falsa que no resiste el mínimo cuestionamiento.

Al punto que la cifra de los 190 millones de dólares de sobreprecio "no es correcta, siendo sensiblemente inferior a ésta" la cifra real oscilaría entre los 13 y los 74 millones de dólares .

En realidad el sobreprecio de los combustibles está en los impuestos implícitos y en las transferencias que el Ente debe de hacer a Rentas Generales para cubrir gastos de otras reparticiones del Estado.

En el documento los técnicos responden a estas criticas y agregan:

"Se dice también, que el problema de competitividad de ANCAP no se debe en esencia a la presión fiscal, sino a la evidente ineficiencia de la refinería La Teja.

Debemos señalar a este respecto, que el precio ex planta de Uruguay incluye impuestos implícitos que gravan únicamente a los Entes del Estado y transferencias sociales solamente posibles en un régimen monopólico que ascienden a U$S 35 millones de dólares. Esta presión fiscal no es la que se aplica sobre el precio ex planta (IMESI) sino a través de las actividades del Ente, pero influye en una cifra considerable 3, no es responsabilidad de la gestión de la Refinería.

Nos es lo mismo chicha que limonada.

Algunos datos a tener en cuenta a la hora de comparar con los países de la región: el memorándum indica que "el estudio comparativo de los precios ex planta en la región es de muy difícil realización, debido a las características particulares de cada mercado y al uso que cada país da al sector hidrocarburos como herramienta de política económica ".

Brasil. En nuestro vecino norteño existen subsidios cruzados a nivel de productos y de región. Como ejemplo de esto podemos citar a la caña de azúcar. Y el informe toma el caso de las gasolinas, que en Brasil "pueden contener hasta un 25% de alcohol. Esa mezcla es realizada por Compañías Distribuidoras recibiendo gasolina de refinería a un determinado precio y adicionándole alcohol a un precio más barato ya que el mismo está subsidiado los cual reduce el costo. Por lo tanto no es homogéneo compartir una gasolina mezcla con una gasolina pura de refineria ".

Agrega el documento que, "Brasil cotiza el crudo propio con independencia del precio del crudo en el mercado internacional -siempre por debajo- lo cual implícitamente puede considerarse un subsidio, hecho que también invalida cualquier comparación con otros países que izo apliquen el mismo criterio".

Paraguay. "El mercado paraguayo -mercado netamente importador- es un caso atípico dado que en algunos casos, el precio de venta es inferior al precio de compra". Directamente Paraguay no puede ser tomado de referencia para nada porque sin duda existe una fuerte política de subsidios en el rubro combustibles.

Argentina. Según el memorándum, este es el único caso en el que se podría considerar un estudio comparativo, haciéndose la precisión de que los datos corresponden a la zona de Buenos Aires. Con esta referencia se podría decir que la diferencia de precios ex planta para una canasta de productos de ANCAP valorada a precio local y de Argentina es de 74 millones de dólares. Ahora si a esta cifra le quitamos los impuestos implícitos y transferencias sociales que suman 35 millones de dólares y que sólo gravan a las empresas públicas, esta brecha se reduce a 39 millones de dólares, esto es sólo un 10% más que el costo ANCAP.

Sobre la base de lo expuesto el documento sentencia que "la comparación de precios en la región es sumamente compleja y en algunos casos la influencia de políticas macroeconómicas o estrategias de fijación de precios influenciada por las políticas económicas de los gobiernos, desvirtúan el análisis que se pretende realizar".

Y el informe no lo dice pero nosotros nos preguntamos si no es ésta una estrategia para eliminar la refinación de petróleo en Uruguay y dejarnos a la merced de las multinacionales petroleras que mucho tienen para ganar. Y de esta forma, una vez más apegados a la "receta", este gobierno continuó comprometiendo todas las posibilidades de desarrollo de nuestro país.

Atención: apareció la hipótesis de que la refinería cierre.

En el documento aparece un Anexo 11: se presenta un cuadro en donde se determina, partiendo de los precios ex planta de Argentina, "cuál sería el precio al público si suponemos que la refinería cierra y, un importador independiente abastece el mercado uruguayo ". Y el documento sentencia que "es sabido que si se cierra la refinería el precio de importación va a estar determinado por el mercado alternativo, que en nuestro caso es la Costa del Golfo más flete, precio este superior al considerado. Del mismo surge que el ahorro en el precio al público es de U$S 22 millones (2,3%). Si no se consideran los impuestos y transferencias implicitos que existen actualmente en ANCAP, el mismo se transforma en un sobrecosto para el consumidor final de U$S 13 millones. Esto es, sin considerar el costo económico del abandono de importantes activos y la pérdida de numerosos Puestos de trabajo, tanto directos como indirectos", agrega.

El documento además cuestiona que el presidente de ANCAP sólo toma en cuenta las gasolina y el gas oil y no otros productos de alto consumo como el fueloil y el supergás.

¿Y el costo del transporte?

Y otro detalle que ni Talvi, ni Sanguinetti, ni ninguno de quienes arengan la liberalización y la desmonopolización de los combustibles toman en cuenta en sus comparaciones de precios: que los dos productos estudiados deberían ser cargados, transportados al Uruguay, descargados, almacenados y transportados a las plantas de entrega además de erogar los costos de internación correspondientes. Capaz que ellos van a ir a cargar nafta a Buenos Aires.