Roberto
Laserna
El SOAT o
Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito está en el ojo de la tormenta.
Como otras similares, se trata de una disposición con un profundo contenido
social y de protección de las personas, pero que no tiene quién la defienda.
El SOAT
está diseñado para dar asistencia médica a las personas que sufren heridas y
daños físicos en acccidentes de tránsito, indemnizar a quienes quedan con
problemas de invalidez y para compensar a los familiares de las personas que
fallecen en accidentes. Y si consideramos juntos el SOAT, el Seguro Universal
Materno Infantil y el Bonosol, encontraremos que la población boliviana en
general, y sobre todo los de menos recursos y más vulnerables, están cada vez
más protegidos. Y éste es, indudablemente, un avance significativo en términos
de desarrollo humano. Nuestros derechos humanos se están ampliando
efectivamente y debemos reconocerlo y asumirlo así, con todas las dificultades
y desafíos que ello implica.
Lo paradójico
es que las entidades de defensa de los derechos humanos y las organizaciones
sociales y políticas que proclaman su compromiso con la equidad social, la
justicia y la protección de los desposeídos, callan frente a los problemas que
se suscitan o, peor aún, se oponen a estas medidas.
Una
revisión al último informe emitido por la Superintendencia de Pensiones,
Valores y Seguros respecto del SOAT en los primeros once meses del año pasado
muestra claramente los beneficios que ha obtenido la población con este seguro.
Hacia
noviembre del 2002, cerca del 80% de los vehículos estaban cubiertos por el
SOAT, lo cual revela una severa deficiencia en el control y explica en parte el
incremento en la prima que se ha planteado para este año y que ha motivado el
conflicto actual. En efecto, mientras por primas y ventas de certificados las
compañías de seguro recaudaron 5.6 millones de dólares, los pagos por
accidentes ascendieron a 6.4 millones de dólares, lo cual representa un déficit
o una pérdida para casi todas las compañías participantes. Ese déficit amenaza
la sostenibilidad del derecho a tener protección en casos de accidentes.
En los once
primeros meses del 2002 obtuvieron protección por el SOAT un total de 9067
personas, de los cuales la mitad fueron ocupantes en vehículos accidentados, y
la otra mitad fueron peatones afectados en accidentes. En términos de dinero,
un 70% de los pagos que se hicieron con los recursos del SOAT fueron a cubrir
gastos médicos, y un 30% a indemnizaciones por fallecimiento. Y desde el punto
de vista del tipo de vehículos, el 61% de las personas accidentadas lo fueron
en vehículos del servicio público.
La pregunta
que uno debe hacerse ahora es ¿qué hubiera pasado con esas 9067 personas sin el
SOAT? ¿Cómo hubieran sido atendidas o compensadas esas personas? ¿Y qué hubiera
pasado con los responsables de esos accidentes si no tenían el respaldo de este
seguro?
La solución
no puede estar en la eliminación del SOAT porque eso volvería a colocar a
peatones, ocupantes y conductores de vehículos en una situación inaceptable de
vulnerabilidad.
Una
alternativa sería reducir los pagos por gastos médicos e indemnizaciones, pero
ello sería terriblemente injusto con quienes son víctimas de los accidentes.
Lamentablemente, nadie está libre de tales riesgos.
Bajar los
precios del seguro puede lograrse si se amplía la cobertura y se reducen los
accidentes. Esto sí depende de nosotros y sin duda podemos lograrlo si todos y
cada uno ponemos mayor voluntad y responsabilidad de nuestra parte. Las entidades
de vigilancia y control del tránsito deben actuar con mayor rigor sancionando a
quienes incumplen con esta obligación y controlando mejor a los conductores,
cuya negligencia y falta de respeto de las normas es la principal causa de los
accidentes. Y tienen sin duda un importante papel que jugar las organizaciones
de los transportistas coadyuvando en la vigilancia y apoyando en el
cumplimiento de la norma. Pero no hay manera de asegurar que eso ocurra de
inmediato. Ayudaría un compromiso de los gremios de transportistas para excluir
de sus filas a quienes evaden el SOAT y para apoyar medidas de seguridad
(cinturones de seguridad, revisiones técnicas de verdad, eliminación del quinto
pasajero en los trufis, protección a choferes que son obligados a conducir sin
descanso, respetar las señales de tránsito y los semáforos ... y otras medidas
similares que podrían reducir los accidentes). ¿Estarán dispuestos a ello
cuando no lo estuvieron en el pasado?
El hecho es
que ahora hay un déficit que hace insostenible el disfrute de este derecho, y
que es necesario defenderlo. Porque al hacerlo se defiende la vida y la dignidad de los bolivianos. Eso es
lo que está en juego en el conflicto que vivimos.
(Publicado
en Los Tiempos, 9 de Enero de 2003/ La Razón, 10 de Enero de 2003)