RENTISMO, DISTRIBUCION
DIRECTA Y RENTA DIGNIDAD
Roberto Laserna
© columnistas.net
Donde existan riquezas
susceptibles de aprovechamiento económico existirá la posibilidad de una renta,
pues obtenerla es lo que permite a los propietarios de un recurso ponerlo a
disposición de los inversionistas, de los empresarios o de los trabajadores que
puedan darle utilidad. Y donde haya renta, habrá rentismo.
Por lo tanto, el rentismo es una actividad económica importante que permite
que los productores tengan acceso a un recurso que les es necesario para
multiplicar la riqueza. La búsqueda de renta, o rentismo,
no es necesariamente una actividad problemática e incluso es con frecuencia muy
positiva.
Pero a veces el rentismo es un problema, y puede llegar a ser muy grave,
sobre todo cuando absorbe la mayor parte del esfuerzo creativo de la gente,
pues entonces afectará tanto el ámbito socio político como el estrictamente
económico.
Esto ocurre cuando los
derechos de propiedad sobre los recursos que pueden generar renta no son
claros, son discutibles o no pueden ser garantizados por las leyes o las
autoridades públicas. Es decir que el rentismo se
convierte en un problema cuando los derechos de unos pueden ser disputados por
otros y, en ausencia de normas o de un poder que las haga cumplir, la
controversia deviene fácilmente en violencia. La fuerza, al final, dirime el
control de los recursos, pero a costos enormes para todos los implicados.
Sucede con un terreno, una fuente de agua, una veta mineral o un campo
petrolero. Y los actores pueden ser individuos, familias, clanes, tribus o
grupos sociales organizados exclusivamente en torno a la disputa por la renta,
es decir, por el derecho a disfrutar de una riqueza ya existente. Por tanto, el
rentismo se hace más problemático cuanto más débil
sea el sistema institucional. La historia muestra, además, que el rentismo no solamente aparece donde las instituciones son
débiles, sino que también contribuye a debilitarlas, haciendo que sea muy
difícil romper esa relación de influencia mutua, de círculo vicioso.
Si además ocurre que en el
entorno en que se genera la renta hay desigualdades profundas, o percepciones
que califican de injusta la situación, el rentismo se
difundirá como una opción redistributiva que
justificará su captura, a los ojos de los protagonistas, con acciones que
pueden ser violentas.
La convergencia de estas tres
condiciones genera lo que denominamos “la trampa del rentismo”.
Caer en ella implica desviar inversiones y esfuerzos de creatividad para la
captura de rentas, postergando la creación de nuevas riquezas e incluso
impidiéndola. Y es una trampa, porque a pesar de la disputa, las condiciones
que le dieron origen no cambian sino que pueden agravarse continuamente. Así,
la inseguridad y debilidad institucional y las desigualdades e injusticias son
alimentadas por la pugna rentista, y la riqueza que la origina se desvanece
poco a poco sin ayudar a resolver los problemas de la gente.
Hay muchos ejemplos de países
que cayeron en la trampa del rentismo, y en ellos las
riquezas naturales generaron más pobreza y a veces violencia y autoritarismo.
Bolivia ha caído antes en esa trampa y puede volver a caer en ella, pues las
tres condiciones mencionadas se las encuentra en el presente.
El gas natural es una riqueza
que genera rentas enormes y crecientes, las desigualdades económicas son
profundas y visibles, y el sistema institucional es débil y se debilita cada
día más. La trampa está armada y vamos hacia ella.
Es notable comprobar que en la
historia del rentismo las estatizaciones y
nacionalizaciones han exacerbado este problema en vez de resolverlo. Esto ha
sido así porque en esos casos las rentas han sido concentradas en el Estado, de
manera tal que la disputa rentista gana legitimidad disfrazándose de política y
orientándose a la captura del poder. En esos casos los ciudadanos, dueños
legítimos de las riquezas, se sienten con pleno derecho a esperar y exigir que
las rentas les den algún beneficio, y a tomar acciones de hecho cuando ello no
ocurre.
En tales circunstancias, sujetos
a presiones orientadas a definir el destino de las rentas, los órganos del
Estado no tienen posibilidades para asignar esos recursos en base a planes y
proyectos racionales, pues deben satisfacer a los grupos de ciudadanos que se forman
para reclamar su parte de las rentas.
Pero la asignación racional
de estos recursos no es solamente impedida por las pugnas y los conflictos,
sino también por la propia dinámica de una economía fiscal distorsionada. El
gobierno que financia sus actividades con rentas y es de hecho el primer
rentista, obtiene beneficios políticos tanto al recaudarlas como al gastarlas,
independientemente de la utilidad social o la rentabilidad económica que tengan
sus actividades. El caso de Karachipampa, en Potosí,
no es el único pero es suficientemente grande como para alertarnos de otras
aventuras similares, como las que ya empezaron en el Mutún
(con subsidios billonarios) y en Villa Tunari (con una fábrica de papel sin estudios ambientales,
de mercado o licitación competitiva).
¿Cómo podemos eludir la
trampa del rentismo?
Es imposible tapar los pozos
de gas y sería tonto regalarlo. Tampoco tenemos la fortaleza institucional que
requieren los fondos de inversión y estabilización que se emplearon en Alaska y
Noruega. Nos queda la opción más sencilla y directa, darle a la gente lo que a
la gente pertenece.
Esto es lo que un grupo de
ciudadanos propusimos en un documento difundido el 15 de noviembre. Lo hicimos
no solamente convencidos de que la distribución directa permite eludir la
trampa del rentismo, sino que también puede
contribuir a resolver problemas de integración social y carencias de mercado
que tienen larga data.
No se trata de una propuesta
elaborada al calor de la coyuntura, sino de una idea acuñada en un largo
periodo de reflexiones y análisis, en el que también se evaluaron experiencias
concretas de transferencia de efectivo a la gente.
En esta perspectiva, la renta
dignidad podría ser interpretada como un paso en esa dirección. En parte lo es,
pero también conlleva cargas equívocas.
En primer lugar, sustituye al
bonosol que tenía otra fuente de financiamiento. Al hacerlo, esconde el fracaso
de la nacionalización, que en los hechos expropió las acciones del Fondo de
Capitalización Colectiva con que debía pagarse aquél beneficio, entregándolas a
una empresa que no puede ni distribuir garrafas: YPFB, que más que una
generadora es una consumidora de riqueza.
En segundo lugar, porque se
presenta como una pensión jubilatoria cuando no lo es,
ya que no se sustenta en los ahorros de largo plazo creados por una economía
productiva, sino en la simple distribución de una renta que pertenece a todos.
En este doble equívoco se
encubre la ineficiencia de una política y de una empresa, lo que hará más
difícil corregirlas, y se introduce una distorsión en el sistema de pensiones
que puede desalentar su pleno desarrollo. Lo que es peor, tampoco resuelve la
trampa del rentismo, pues queda una enorme proporción
de las rentas en manos del Estado, y millones de bolivianos siguen excluidos de
contar con ellas. Es terrible ser testigos de la competencia por “ejecutar
presupuestos” entre el gobierno, las prefecturas y las municipalidades, cuando en
campos y ciudades aumenta la proporción de bolivianos en situación de pobreza.
La distribución directa a
todos los ciudadanos no solamente ampliaría los mercados nacionales, dando a
cada persona el derecho a contar con un capital semilla, sino que obligaría y
permitiría sanear la economía fiscal, financiando los gastos públicos con
impuestos y no con rentas. Además, fortalecería una economía incluyente y
dinámica, capaz de desarrollar un sistema de pensiones verdaderamente
sostenible, es decir, fundado en ahorros de largo plazo.
No es fácil considerar con
seriedad esta propuesta cuando se tiene el hábito estatista,
tan arraigado en Bolivia. Pero lo es cuando se admite que el desarrollo no es
cuestión de dinero o inversiones, sino de creatividad, innovación y esfuerzo.
Algo que solamente se encuentra en la gente, no en la burocracia.
Publicado en La Prensa,
30/12/2007