RENTISMO, DISTRIBUCION DIRECTA Y RENTA DIGNIDAD

 

Roberto Laserna

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Donde existan riquezas susceptibles de aprovechamiento económico existirá la posibilidad de una renta, pues obtenerla es lo que permite a los propietarios de un recurso ponerlo a disposición de los inversionistas, de los empresarios o de los trabajadores que puedan darle utilidad. Y donde haya renta, habrá rentismo.

Por lo tanto, el rentismo es una actividad económica importante que permite que los productores tengan acceso a un recurso que les es necesario para multiplicar la riqueza. La búsqueda de renta, o rentismo, no es necesariamente una actividad problemática e incluso es con frecuencia muy positiva.

Pero a veces el rentismo es un problema, y puede llegar a ser muy grave, sobre todo cuando absorbe la mayor parte del esfuerzo creativo de la gente, pues entonces afectará tanto el ámbito socio político como el estrictamente económico.

Esto ocurre cuando los derechos de propiedad sobre los recursos que pueden generar renta no son claros, son discutibles o no pueden ser garantizados por las leyes o las autoridades públicas. Es decir que el rentismo se convierte en un problema cuando los derechos de unos pueden ser disputados por otros y, en ausencia de normas o de un poder que las haga cumplir, la controversia deviene fácilmente en violencia. La fuerza, al final, dirime el control de los recursos, pero a costos enormes para todos los implicados. Sucede con un terreno, una fuente de agua, una veta mineral o un campo petrolero. Y los actores pueden ser individuos, familias, clanes, tribus o grupos sociales organizados exclusivamente en torno a la disputa por la renta, es decir, por el derecho a disfrutar de una riqueza ya existente. Por tanto, el rentismo se hace más problemático cuanto más débil sea el sistema institucional. La historia muestra, además, que el rentismo no solamente aparece donde las instituciones son débiles, sino que también contribuye a debilitarlas, haciendo que sea muy difícil romper esa relación de influencia mutua, de círculo vicioso.

Si además ocurre que en el entorno en que se genera la renta hay desigualdades profundas, o percepciones que califican de injusta la situación, el rentismo se difundirá como una opción redistributiva que justificará su captura, a los ojos de los protagonistas, con acciones que pueden ser violentas.

La convergencia de estas tres condiciones genera lo que denominamos “la trampa del rentismo”. Caer en ella implica desviar inversiones y esfuerzos de creatividad para la captura de rentas, postergando la creación de nuevas riquezas e incluso impidiéndola. Y es una trampa, porque a pesar de la disputa, las condiciones que le dieron origen no cambian sino que pueden agravarse continuamente. Así, la inseguridad y debilidad institucional y las desigualdades e injusticias son alimentadas por la pugna rentista, y la riqueza que la origina se desvanece poco a poco sin ayudar a resolver los problemas de la gente.

Hay muchos ejemplos de países que cayeron en la trampa del rentismo, y en ellos las riquezas naturales generaron más pobreza y a veces violencia y autoritarismo. Bolivia ha caído antes en esa trampa y puede volver a caer en ella, pues las tres condiciones mencionadas se las encuentra en el presente.

El gas natural es una riqueza que genera rentas enormes y crecientes, las desigualdades económicas son profundas y visibles, y el sistema institucional es débil y se debilita cada día más. La trampa está armada y vamos hacia ella.

Es notable comprobar que en la historia del rentismo las estatizaciones y nacionalizaciones han exacerbado este problema en vez de resolverlo. Esto ha sido así porque en esos casos las rentas han sido concentradas en el Estado, de manera tal que la disputa rentista gana legitimidad disfrazándose de política y orientándose a la captura del poder. En esos casos los ciudadanos, dueños legítimos de las riquezas, se sienten con pleno derecho a esperar y exigir que las rentas les den algún beneficio, y a tomar acciones de hecho cuando ello no ocurre.

En tales circunstancias, sujetos a presiones orientadas a definir el destino de las rentas, los órganos del Estado no tienen posibilidades para asignar esos recursos en base a planes y proyectos racionales, pues deben satisfacer a los grupos de ciudadanos que se forman para reclamar su parte de las rentas.

Pero la asignación racional de estos recursos no es solamente impedida por las pugnas y los conflictos, sino también por la propia dinámica de una economía fiscal distorsionada. El gobierno que financia sus actividades con rentas y es de hecho el primer rentista, obtiene beneficios políticos tanto al recaudarlas como al gastarlas, independientemente de la utilidad social o la rentabilidad económica que tengan sus actividades. El caso de Karachipampa, en Potosí, no es el único pero es suficientemente grande como para alertarnos de otras aventuras similares, como las que ya empezaron en el Mutún (con subsidios billonarios) y en Villa Tunari (con una fábrica de papel sin estudios ambientales, de mercado o licitación competitiva).

¿Cómo podemos eludir la trampa del rentismo?

Es imposible tapar los pozos de gas y sería tonto regalarlo. Tampoco tenemos la fortaleza institucional que requieren los fondos de inversión y estabilización que se emplearon en Alaska y Noruega. Nos queda la opción más sencilla y directa, darle a la gente lo que a la gente pertenece.

Esto es lo que un grupo de ciudadanos propusimos en un documento difundido el 15 de noviembre. Lo hicimos no solamente convencidos de que la distribución directa permite eludir la trampa del rentismo, sino que también puede contribuir a resolver problemas de integración social y carencias de mercado que tienen larga data.

No se trata de una propuesta elaborada al calor de la coyuntura, sino de una idea acuñada en un largo periodo de reflexiones y análisis, en el que también se evaluaron experiencias concretas de transferencia de efectivo a la gente.

En esta perspectiva, la renta dignidad podría ser interpretada como un paso en esa dirección. En parte lo es, pero también conlleva cargas equívocas.

En primer lugar, sustituye al bonosol que tenía otra fuente de financiamiento. Al hacerlo, esconde el fracaso de la nacionalización, que en los hechos expropió las acciones del Fondo de Capitalización Colectiva con que debía pagarse aquél beneficio, entregándolas a una empresa que no puede ni distribuir garrafas: YPFB, que más que una generadora es una consumidora de riqueza.

En segundo lugar, porque se presenta como una pensión jubilatoria cuando no lo es, ya que no se sustenta en los ahorros de largo plazo creados por una economía productiva, sino en la simple distribución de una renta que pertenece a todos.

En este doble equívoco se encubre la ineficiencia de una política y de una empresa, lo que hará más difícil corregirlas, y se introduce una distorsión en el sistema de pensiones que puede desalentar su pleno desarrollo. Lo que es peor, tampoco resuelve la trampa del rentismo, pues queda una enorme proporción de las rentas en manos del Estado, y millones de bolivianos siguen excluidos de contar con ellas. Es terrible ser testigos de la competencia por “ejecutar presupuestos” entre el gobierno, las prefecturas y las municipalidades, cuando en campos y ciudades aumenta la proporción de bolivianos en situación de pobreza.

La distribución directa a todos los ciudadanos no solamente ampliaría los mercados nacionales, dando a cada persona el derecho a contar con un capital semilla, sino que obligaría y permitiría sanear la economía fiscal, financiando los gastos públicos con impuestos y no con rentas. Además, fortalecería una economía incluyente y dinámica, capaz de desarrollar un sistema de pensiones verdaderamente sostenible, es decir, fundado en ahorros de largo plazo.

No es fácil considerar con seriedad esta propuesta cuando se tiene el hábito estatista, tan arraigado en Bolivia. Pero lo es cuando se admite que el desarrollo no es cuestión de dinero o inversiones, sino de creatividad, innovación y esfuerzo. Algo que solamente se encuentra en la gente, no en la burocracia.

 

 

Publicado en La Prensa, 30/12/2007