Roberto Laserna

La reactivación económica se ha convertido en un desafío mayor. El deterioro de la economía es causa y efecto de las expectativas pesimistas de la población, que cierran un círculo vicioso con la pérdida de credibilidad y de confianza en el sistema político.

Las últimas políticas de reactivación, a pesar de su cuidadoso y complicado diseño, no han dinamizado la economía. Esto ha debilitado al gobierno y la impaciencia ya domina incluso a los más cautelosos. Ha llegado la hora de pensar con audacia y poner en juego la imaginación.

En ese propósito es útil tomar en cuenta una idea que planteada recientemente por un colega. Consiste en establecer un período de gracia para amortizaciones de capital a todos los créditos otorgados por la banca y demás entidades financieras que cuenten con el respaldo y las garantías de ley.

Antes de descartar la idea por sencilla, evaluemos sus posibilidades.

La banca muestra indicadores preocupantes. Aumenta la morosidad y una parte creciente de sus recursos se inmoviliza en previsiones de riesgo. Sus criterios son cada vez más estrictos y temen dar nuevos créditos, a pesar de que tienen recursos. Y empiezan a recibir bienes y equipos como parte de pago, lo que saca a sus clientes del circuito económico. Su mercado se está reduciendo, tanto en volumen de operaciones como en número de clientes. La prudencia del sistema financiero se ha convertido en un factor que acentúa la recesión. Muchos ya no piensan en ganar sino apenas en reducir sus pérdidas.

Recordemos que la banca debe intermediar entre ahorristas e inversionistas, transfiriendo a los primeros una parte de las ganancias que generan los segundos. Su negocio es colocar capital y su ganancia proviene de la diferencia entre los intereses que pagan los inversionistas y los que da a los ahorristas.

Establecer un período de gracia generalizado significaría algo así como una operación crediticia, de bajo costo administrativo, de 4 mil millones de dólares.

La condición sería, lógicamente, que los prestatarios paguen puntualmente los intereses de sus deudas, de modo que los bancos sigan percibiendo recursos para pagar a los ahorristas y cubrir sus costos.

Aliviados de la obligación de amortizar, los inversionistas se concentrarían en pagar intereses y no caerían en mora. Los créditos serían fácilmente reclasificados, mejorando los resultados de la banca (cuyas previsiones alcanzan a 250 millones de dólares) y aumentando sus posibilidades de realizar nuevas operaciones (su disponibilidad actual alcanza a unos mil millones de dólares).

Las amortizaciones de capital, en vez de volver a esperar una nueva colocación, permanecerían en el sistema económico, dinamizando las actividades productivas y comerciales con un aumento significativo e inmediato de la demanda agregada (de por lo menos 800 millones de dólares anuales).

Como los costos de colocación bajarían por el refinanciamiento automático que implica el período de gracia, los bancos podrían recompensar a los ahorristas con mejores tasas de interés a fin de que no retiren sus depósitos, y también a los nuevos inversionistas, a quienes podrían atraer también con tasas de interés más bajas. Si un inversionista opta por no acogerse al período de gracia, amortiza capital y baja sus costos financieros como lo haría en tiempos normales.

Esta idea puede reforzarse, tanto para dar seguridad a la banca y los ahorristas que representa, como para ampliar los beneficios al Estado, que a su vez representa al conjunto de la población.

Acogerse al período de gracia sería voluntario, de modo que quien no quiera mantener su deuda por mucho tiempo, amortice a capital cuando pueda hacerlo.

Las entidades financieras tendrían que controlar la situación del deudor accediendo a información básica de sus operaciones y exigiendo actualizar o mejorar las garantías y los documentos de respaldo.

Y para que todos se beneficien, las entidades financieras exigirían que los deudores corporativos presenten certificación de que no tienen deudas pendientes, o que ya las están saneando, con el Servicio de Impuestos, la Aduana, las Municipalidades, las entidades de seguridad social y de salud, y los fondos de pensiones. Y exigir a los deudores pequeños un mínimo de formalidad: registro de contribuyente, afiliación a un sistema de seguro y a un fondo de pensiones. Con ello se beneficiaría el país pues se reducirían las deudas al Estado y se ampliaría la cobertura de los servicios, bajando sus costos.

Un período de gracia de tres o de cinco años permitiría superar la actual fase recesiva hasta el día en que lleguen los recursos de las exportaciones de gas, generando el dinamismo económico y la formalización institucional que nos permitiría aprovechar esta nueva oportunidad que la naturaleza nos da.

La idea es sencilla pero su aplicación requerirá un estudio de viabilidad e impacto, así como de un cuidadoso diseño. Para eso están los técnicos en los sectores público y privado. Quizás lo único que nos falte, y no es poca cosa, es un gobierno a dedicación exclusiva, con visión de Estado y confianza ciudadana.

Publicado en Los Tiempos, La Razón y El Deber, 25 de julio de 2001
Basado en diálogos con Roberto Requena, Pablo Artero, Alberto Montero, Tomás Porro, Carlos Olmedo, y Javier Cortés.