Pobreza, democracia y conflictos sociales

Roberto Laserna

 

Los conflictos sociales son un factor decisivo para explicar el estancamiento de nuestra economía. Sin embargo, muchos bolivianos parecen haberse habituado a ellos y los observan con indiferencia. Muchos otros incluso los justifican como una expresión lógica de las condiciones de pobreza en el país y hasta hay quienes creen que la acción conflictiva fortalece la democracia.

Los datos disponibles de los conflictos sociales desmienten esas percepciones. En un estudio basado en los conflictos registrados en los últimos 38 años se muestra que ellos han representado un costo promedio anual que oscila entre el 1 y el 3% del PIB. Por lo tanto, son reproductores de la pobreza y la desigualdad, impiden que aprovechemos las oportunidades que logramos con la democracia y la debilitan.

“Los bolivianos siempre nos detenemos al borde” decimos a veces,  casi seguros de que las crisis no tienen consecuencias negativas porque no terminan en estallidos de violencia incontrolable. Pero esto conduce a una peligrosa autocomplacencia.

También  se suele explicar la alta conflictividad por la pobreza y la desigualdad, admitiendo como justificados los discursos de sus protagonistas.

Los datos desmienten esas visiones.

La mayor parte de los conflictos no son protagonizados por los grupos más pobres y vulnerables, sino por los sectores medios. Y sus luchas, aunque se presentan como gestas contra el Estado, en general buscan penetrarlo, es decir, insertarse en él, con el fin de apropiarse de los recursos que maneja, de orientar sus decisiones o de ponerlas al servicio de intereses de grupo.

Estas son las principales conclusiones que se desprenden de un análisis global y estadístico de los conflictos sociales registrados en los 38 años que van de 1970 a 2007. Aunque el enfoque se limite a la cuantificación, la información proporcionada por 12 mil conflictos permite contar con una visión amplia de los mismos y también permite tomar distancia de los discursos que los justifican.

El análisis de un lapso tan largo, de casi cuatro décadas, permite también descubrir que los vaivenes entre autoritarismo y democracia no son suficientes para explicar los cambios en la intensidad de los conflictos. Pueden observarse momentos democráticos de alta conflictividad, como los gobiernos de Siles y Mesa, por ejemplo, y otros de baja conflictividad, como los de Paz Zamora y Sánchez de Lozada. Se encuentran gobiernos militares con pocos conflictos, como el Bánzer de los 70, y otros con muchos conflictos, como Ovando y Torrelio. Las diferencias no se explican solamente por la manera en que se gestionaron los conflictos, sino también por la disponibilidad de recursos de los gobiernos y la apelación a las instituciones y a las leyes.

Desde esta perspectiva, los datos sugieren que los conflictos, motivados en su mayor parte por el afán de apropiarse de recursos públicos, a la larga reproducen la pobreza y la desigualdad porque obligan a los gobiernos prestar una atención prioritaria hacia los grupos y sectores que muestran mayor capacidad de movilización y presión social.

Tomar en cuenta estos datos también permite evaluar su incidencia en el crecimiento económico de largo plazo.

En un estudio que realizamos con José Luis Evia y Stergios Skaperdas exploramos la influencia de la conflictividad social en el crecimiento de la economía. Se calculó el costo directo a indirecto de los conflictos y también se estimó su influencia en otras variables, así como la manera en que el desempeño de la economía incide también en los comportamientos colectivos.

Una de las principales conclusiones es que los conflictos pueden generar a veces beneficios para algunos grupos, pero siempre tienen costos económicos que se diseminan hacia el resto de la sociedad. Otra conclusión, quizás más relevante para el desarrollo, es que en las tres décadas y media cubiertas por el estudio, los conflictos desaceleraron el ritmo de crecimiento de la economía por lo menos en un promedio cercano a 1% anual. Es decir que, sin conflictos, la tasa de crecimiento de la economía boliviana habría sido por lo menos un punto porcentual más alto cada año a lo largo del periodo considerado, que en este caso abarca de 1970 al 2006.

Así, y sólo en el período estudiado, se estima que por los conflictos sociales perdimos por lo menos un tercio del desarrollo que podíamos haber alcanzado. Y menciono desarrollo porque si bien el crecimiento no lo es todo, está comprobado que la mayor disponibilidad de recursos tiene relación directa con mejoras en la igualdad, la reducción de la pobreza y la posibilidad de disminuir la mortalidad infantil y materna.

Los trabajos en que se basa esta breve relación han sido recientemente publicados con apoyo de Cosude por Ceres y el Instituto para la Democracia de la U Católica. Ellos muestran que no es razonable que sigamos en la autocomplacencia pensando que eludimos las consecuencias negativas de los conflictos sólo porque evitamos que desemboquen en enfrentamientos violentos,. Y es mucho menos razonable todavía creer que los beneficios que algunos grupos logran mediante la presión se reflejan en beneficios para el conjunto. Ocurre exactamente lo contrario: los resultados que algunos grupos logran imponiéndose mediante la presión social terminan por afectarlos también a ellos en el mediano plazo.

En realidad, al generar costos adicionales que reducen el crecimiento de la economía, los conflictos agravan las condiciones de pobreza y exclusión social y económica. A veces tienen efectos directos y siempre tienen efectos indirectos que son más negativos para los más pobres. A veces deterioran lo que ya logramos como sociedad pero, además, siempre impiden que sigamos avanzando.

 

 

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Publicado en suplemento especial de La Razón, 6 de agosto de 2008

Nuestro desafío no está solamente en superar los comportamientos a los que ya parecemos habituados, sino en desarrollar políticas que eliminen las causas que motivan y estimulan los conflictos. La principal, en nuestro caso, parece ser la radical disociación que existe entre el principio de que los recursos naturales son de todos, y la realidad de su apropiación por quienes logran influir en la burocracia que los controla.

La democracia es la mejor opción siempre que se la comprenda como un sistema basado en una ciudadanía plena, que es la que equilibra el derecho a participar y la responsabilidad de respetar la ley, es decir, una ciudadanía que ejerce libertad pero dentro de los límites marcados por los derechos de los demás.