Un nuevo dialogo nacional ¿sobre qué?

Por:ROBERTO LASERNA

Luego de la violencia desatada por el motín policial de febrero del 2003, los obispos católicos aceptaron involucrarse como mediadores y facilitadores de un proceso de concertación que denominaron "Por el reencuentro nacional".

Estaba todavía fresca la experiencia del "Acta de Entendimiento", que si bien había permitido llegar a las elecciones del 2002 en un ambiente pacífico, había sido en parte frustrado por la reticencia a firmarlo que expresaron el MAS y otros partidos pequeños, a pesar de haber participado en su producción. Con esa experiencia en mente, los obispos plantearon algunas condiciones básicas para su nueva intervención. La primera era que se les permitiera ordenar los temas de acuerdo a las prioridades que expresara la población y no los líderes políticos o sociales. La segunda fue que, en caso de no alcanzarse consensos, se aceptaría la propuesta que hicieran los mismos obispos, con lo que pasaban de facilitadores a la posición de árbitros.

Todos aceptaron estas condiciones salvo el MIP, de Felipe Quispe, que ni siquiera asistió a las reuniones informativas. El proceso fue largo y cuidadosamente conducido por los obispos, que se involucraron en innumerables reuniones a lo largo y ancho de todo el país. La primera señal de incomodidad provino de algunos partidos y grupos organizados cuando se descubrió que su prioridad, la Constituyente, estaba lejos de las preocupaciones de la gente, que demandaba prestar mayor atención a la crisis económica. Como se trataba de incluir a todos, el documento final del "Reencuentro" en sus cuatro páginas también se refirió a esos temas pero puso énfasis en lo que la gente reclamaba: reactivación, exportación de gas, atención a los temas de tierra, coca y seguridad ciudadana, apertura del sistema político y reformas constitucionales, lucha contra la corrupción y designaciones pendientes.

Todo parecía estar listo para un compromiso que, de llevarse a cabo, pondría fin a varios años de incertidumbre y conflictos y contribuiría a consolidar la democracia.

Un párrafo inicial, sin embargo, provocó objeciones muy fuertes. En ese párrafo estaba en realidad el acuerdo base que sustentaba al conjunto del documento porque señalaba que los firmantes se comprometían a dirimir sus desacuerdos "a través de las reglas definidas por la Constitución Política del Estado", a promover una "cultura de concertación", y a limitar sus reclamos en el respeto a los derechos ciudadanos, el ordenamiento jurídico y las posibilidades reales del país.

Dirigentes de organizaciones sociales que habían causado los mayores conflictos se negaron a continuar en el proceso y firmar el documento, alegando que el mismo coartaría su libertad política. Podía entenderse que el diálogo había sido, para ellos, una manera de ganar tiempo para conservar su derecho a seguir presionando con bloqueos, paros y marchas.

Los partidos más radicales en su oposición al gobierno, que planteaban la Constituyente como prioridad, se resistieron a expresar su respeto por la Constitución vigente puesto que ella era, justamente, la que querían cambiar, como señaló uno de los dirigentes del MAS para justificar su negativa a firmar el documento. De hecho, la reticencia de ese partido fue la más notable y la que, al final, determinó el fracaso del esfuerzo episcopal.

Los partidos del gobierno, que habían terminado cediendo incluso en temas de la reforma política, trataron de recuperar terreno firmando el documento por su cuenta, pero fueron acusados de tratar de manipular el proceso por quienes se había autoexcluido del mismo.

Apenas unos meses después llegó la rebelión de octubre, enredando la nueva gestión gubernamental en una agenda marginal impuesta por la fuerza.

Hoy vuelve a plantearse el pacto social y algunos obispos ya dan signos de su vocación cristiana acercando la otra mejilla a quienes actualmente ocupan el centro del espacio político.

Nuevamente se discute el temario y puede anticiparse que todo tendrá cabida: la constituyente, la ley de hidrocarburos, la cuestión de la tierra, las autonomías, en fin, quizás incluso se hable de la coca y del fútbol, tan venidos a menos.

Pero la cuestión clave seguirá siendo la democracia. ¿Estarán todos dispuestos a aceptar sus reglas del juego? Es decir, ¿respetarán la voluntad ciudadana y el voto mayoritario, los derechos y las libertades individuales, la autoridad de los elegidos y la obligatoriedad de las leyes y normas, el respeto a la disidencia y todo eso que ya está, clarito y con letra de molde, en la Constitución Política del Estado?

Este es el pacto esencial. Todos los demás serían fáciles de alcanzar con sólo respetar y poner en vigencia lo que manda la Constitución.

¿O será que, como ya argumentaron antes, algunos seguirán ignorando las leyes con el argumento de que no sirven y por eso proponen refundar el país? Y si se mantiene ese criterio, ¿tendrá algún sentido embarcarse en un esfuerzo de concertación que tocará todos los temas menos el esencial, que es el de respetar las reglas básicas de convivencia social, aún si se las objeta y quiere cambiar? Tal vez lo único razonable hoy es hacer un pacto de respeto al pacto realmente existente, expresado en la Constitución y las leyes vigentes. Todo lo demás, es lo de menos…

Publicada en Los Tiempos, 31 de marzo de 2005