ESCAÑOS: LA FORMULA MAGICA
Roberto
Laserna
La cuestión
de los escaños se ha convertido en la fuente de las principales controversias
políticas en el país. Siendo ridículamente pequeña en sus dimensiones reales, lo
cierto es que puede desencadenar conflictos de insospechadas consecuencias.
El problema
se origina en el hecho de que prevalece en el Congreso la fórmula de “un
diputado, un voto”. La solución está en volver al fundamento de la democracia,
“un ciudadano, un voto”.
A estas
alturas ya sabemos que todo comenzó al confundirse el carácter de la Cámara de
Diputados, que debiera ser estrictamente política y poblacional, con el de la
Cámara de Senadores, que es la que establece la igualdad de los departamentos y
tiene carácter territorial. Esa confusión tiene larga data pero fue “constitucionalizada” en 1994, cuando se puso el techo de
130 diputados, se estableció que los departamentos son circunscripciones plurinominales y se inventó esa fórmula ambigua que habla
de equidad territorial y desarrollo económico.
Lo grave es
que habiéndose ya presentado el problema en el 2002, ninguno de los poderes
actuó con premura y responsabilidad y dejaron que la situación se deteriore al punto en que nos encontramos.
Esa pequeña espina está infectando el pie de la democracia, y lo que hace
tiempo pudo resolverse con una pinza podría requerir una amputación, para
utilizar la dramática figura del Delegado Político del Presidente.
Las
soluciones que se han ensayado hasta ahora no satisfacen a las partes en
conflicto, en gran medida porque “las partes” (comités cívicos y brigadas
departamentales) han forzado su presencia en el conflicto. Es como si se
hubiera estado jugando futbol y entraran boxeadores a
la cancha… no saben qué hacer con la pelota y quieren meter goles a puñetes.
En efecto,
las partes en conflicto lo han distorsionado con su presencia. El tema de los
escaños en la cámara de diputados no es un problema de regiones (a las que
dicen representar los unos y las otras); es ante todo un problema de derechos
ciudadanos.
Nuestra
democracia se basa en la igualdad jurídica y política de los ciudadanos, y de
ahí deriva también la máxima democrática de que, siendo iguales, a cada
ciudadano le corresponde un voto.
Y es aquí
donde se presenta el primer problema. Con las fórmulas vigentes de composición
de la cámara de diputados resulta ser que el voto del boliviano que lo hace en
Pando tiene un peso político que es nueve veces superior al del boliviano que
vota en Santa Cruz. En efecto, existe un diputado por cada 10 mil habitantes en
Pando, en tanto que en Santa Cruz hay un diputado por cada 92 mil personas. En
esos términos, el votante de Oruro es doblemente poderoso en relación al de
Cochabamba, ya que en Oruro sus ciudadanos eligen un diputado por cada 39 mil
personas y en Cochabamba uno por cada 80 mil. Los habitantes de Santa Cruz
tienen pues sobradas razones para estar molestos y reclamar una mínima
corrección a este desequilibrio. Y es comprensible que los potosinos no quieran
ceder. Sus votos, ahora, valen más que los de la mayoría de los bolivianos que
viven en otros distritos. Comprensible pero no aceptable, pues en nombre de la
equidad defienden la injusticia.
En todo
caso, reconociendo estos aspectos la fórmula mágica que satisfaga a todos es la
fórmula elemental: un voto por cada ciudadano.
La
Constitución impide aumentar el número total de diputados, obliga a elegirlos
en circunscripciones uninominales y departamentales, y a tomar en cuenta la
necesidad de restablecer el principio de la igualdad política de los ciudadanos.
Sería suficiente modificar el reglamento de debates de la Cámara de Diputados
de modo que, en las votaciones que se realicen en la Cámara, cada diputado
tenga tantos votos como habitantes representa. Para cada departamento esto se
calcula dividiendo la población del mismo por el número de diputados que tiene
en la Cámara.
Recodemos
que ésta es una práctica común en las empresas, donde los votos no son
personales sino que corresponden a las acciones representadas en juntas,
asambleas o directorios.
Los
derechos de cada uno de los diputados no se verían afectados, por lo que las
regiones más chicas seguirían contando con diputados que argumenten en los
debates y realicen gestiones ante el Ejecutivo y otros organismos. Pero al votar
se pasaría del modelo actual de “un diputado, un voto” a “un boliviano, un
voto”. Ahí gana la democracia.
La
aplicación técnica de esta propuesta es muy sencilla ahora que se vota mediante
sistemas electrónicos. Lo que de verdad importa es el principio de que en esa Cámara
estén representados los ciudadanos, independientemente de dónde hayan nacido o
dónde vivan, y no las regiones. Son los derechos políticos de los bolivianos
los que están en juego, no las causas regionales ni políticas.
Publicado
en Los Tiempos, 27 de octubre de 2005 y La Prensa, 30 de octubre de 2005