Roberto Laserna

Publicado en Los Tiempos y La Razón, 28 de noviembre de 2001

El Presidente del Banco Central de Bolivia alertó nuevamente, hace unos días, sobre el crecimiento del déficit fiscal en el país. Para Juan Antonio Morales el nivel que ha alcanzado el déficit supera ya el 6% del PIB y pone en riesgo la estabilidad de nuestra economía.

Al mismo tiempo, el INE anuncia que la economía sigue estancada y en varios rubros hay registros deflacionarios. De hecho, en lo que va del año varios meses el índice de precios ha mostrado signo negativo. Los precios bajan porque los productos no se pueden vender: la demanda sigue cayendo.

He pedido a muchos economistas que me expliquen este fenómeno, dado que los textos suelen destacar que el déficit fiscal es un factor inflacionario. No el único y quizás tampoco el más importante en muchos casos, pero sí muy influyente.

Algunos ensayaron una hipótesis. Según ella, hay una severa reducción en el gasto fiscal, y eso contribuye a contraer la demanda, pero también hay déficit, porque los ingresos fiscales han caído todavía mucho más.

La hipótesis, sin embargo, no tiene respaldo en las cifras. El gasto fiscal no ha disminuido y aunque los ingresos no alcanzan a cubrirlos, tampoco parecen haber bajado en una proporción muy significativa. De hecho, en el primer semestre de este año, los ingresos públicos fueron mayores a los programados aunque no alcanzaron el nivel del primer semestre del año anterior.

Quedan dos explicaciones. O el índice de precios al consumidor no está siendo bien medido, y los precios suben más de lo que el INE dice, o el déficit no es tan elevado como el que anuncia el Banco Central.

La experiencia cotidiana muestra que los precios no están subiendo. Al contrario, en muchos rubros están efectivamente bajando, y se presentan a veces como resultado de una estrategia de los vendedores para atraer clientes.

El problema, entonces, debe estar en el déficit. Pero siendo el Banco Central una institución autónoma y estando gobernada por uno de los economistas más respetables del país, me resultaba difícil pensar que estaban manipulando las cifras.

La única explicación convincente que escuché sobre este extraño fenómeno proviene de Fernando Candia, que fue también Presidente del Banco Central y tuvo a su cargo el Ministerio de Finanzas en ocasiones anteriores.

Según este economista, el problema está en el diagnóstico: el déficit fiscal tiene una composición diferente de la que estiman las autoridades monetarias y es, en los hechos, mucho menor al calculado. El origen del problema no está en la manipulación sino en el registro contable de un rubro del presupuesto fiscal, que es el que corresponde a las pensiones.

Por exigencia del Fondo Monetario Internacional -ciertamente aceptada por el gobierno-, el pago de obligaciones emergentes de la reforma de pensiones se registra como si fuera gasto un gasto recurrente cuando en realidad es la amortización de una deuda, ya que implica el pago de una obligación que el Estado asumió con los jubilados. Es decir, se registra en el presupuesto como "prestaciones de la seguridad social" cuando en realidad, desde la reforma de pensiones, son amortizaciones de la deuda del Estado con los jubilados, que se paga a través de las AFPs. Y se trata de una deuda de largo plazo.

Para los que, como yo, no conocían las convenciones contables con el Fondo, es necesario señalar que ellas dividen las cuentas entre las normales del Estado (de ingresos y gastos), que son las que generan el déficit fiscal, y las que corresponden a sus relaciones con terceros por concepto de desembolso y amortización de las deudas, que son las que, en definitiva, financian el déficit. De modo que la clasificación contable de un rubro es determinante para calcular el déficit.

Si el egreso emergente de la reforma de pensiones se define como gasto corriente, que es lo que ocurre ahora, entonces genera un déficit adicional de casi 300 millones de dólares.

Pero si se lo definiera como una amortización, pasaría a la cuenta de capital y se equilibraría con la deuda interna que el Estado va adquiriendo con las AFPs. En este caso, ya no aparecería inflando el déficit cuya variación real, por lo tanto, ya no dependería de un registro contable, sino de la variación efectiva de los gastos y los ingresos corrientes.

Es como si cualquiera de nosotros de pronto reconociera que debe dinero a varios restaurantes y en vez de pensar que los pagos son por deudas, los imaginara como gastos de alimentación. Y claro, al ver el presupuesto de gastos, uno llegara entonces a la conclusión de que su gasto en alimentación es ya muy elevado y más bien se pusiera a dieta... ¡cuando en realidad no está comiendo!

La reforma de pensiones no ha aumentado la cantidad de dinero que iba a los jubilados, y tampoco ha eliminado la fuente de su financiamiento, que son los aportes de los trabajadores activos. Simplemente ha cambiado los canales por los que esos recursos fluyen en la economía.

Hay que señalar también que ya en la presente administración se han modificado algunos términos de la reforma de pensiones y se han reajustado las pensiones a determinados grupos de jubilados creando gastos que, por su origen, no corresponden a la reforma del sistema y que, por tanto, no se pueden imputar a este proceso.

En síntesis, la impensable coexistencia de un elevado déficit fiscal con una baja inflación, e incluso deflación, solo es posible gracias a la peculiar manera de contabilizar los costos de la reforma de pensiones. Nuestras autoridades tomarían mejores decisiones si en vez de guiarse por un inapropiado dato del déficit y los consejos del Fondo, se guiaran por los datos reales de una economía que sigue contrayéndose tal como los precios lo señalan, los empresarios lo viven, los comerciantes lo sufren y los desempleados dramáticamente lo sienten.