PARA DEFENDER LA DEMOCRACIA (Volver al inicio)

Roberto Laserna

A pesar de haber dado nuevas muestras de apertura y flexibilidad de la coalición que encabezaba al condicionar el proyecto de gas a consultas con la sociedad, al aceptar la propuesta de una Asamblea Constituyente y la revisión concertada de la Ley de Hidrocarburos, el Presidente Sanchez de Lozada ha sido obligado a renunciar. El tratamiento de los temas reivindicados por las facciones rebeldes ya había sido inicialmente aceptado en el proceso de “Reencuentro” nacional auspiciado por los obispos católicos.

Ese proceso fue impulsado por el compromiso de evitar justamente un enfrentamiento como el que sufre el país, y los obispos hicieron el mayor esfuerzo para integrar en su documento final tanto las demandas sociales como las propuestas de los partidos, incluidas obviamente las del MAS, y tomando en cuenta la reivindicación clave de su base campesina: la coca.

En ese proceso de concertación ya se pudo anticipar que era muy difícil descartar el desenlace violento que hoy vive el país.

El MIP de Felipe Quispe hizo explícito su rechazo al diálogo cuando se negó a concurrir a las varias convocatorias de los Obispos de la Iglesia Católica. Era una señal clara de su posición.

El MAS jugó al diálogo, pero se negó a firmar el documento final a pesar de que sus principales demandas estaban incorporadas. Cierto que no de la manera absoluta que ellos deseaban, pues eso significaba imponer su perspectiva, pero definiendo claramente espacios y principios de negociación.

La actitud de los dirigentes del MAS y su rechazo final a la firma del documento del “Reencuentro” planteado por los Obispos fue una muestra elocuente de que no tenían ni paciencia ni confianza para esperar las elecciones del 2007 y que, sobre todo, no estaban dispuestos a perder la oportunidad de llevar a cabo una movilización manipulada, a la que finalmente recurrieron.

Esta oportunidad la ofrecía el proyecto de exportación de gas, porque era posible utilizarlo para articular los miedos y traumas con que la demagogia ha ido construyendo esa conciencia nacional que nos hace ver como “mendigos en silla de oro”, y víctimas inevitables de Chile y de las transnacionales. La demagogia podía convertir el proyecto de exportación de gas en el nudo que vincule en un solo sentimiento el rechazo a Chile y el miedo a ser explotados una vez más, personalizando ese sentimiento en quien encabeza el gobierno. Y eso es precisamente lo que han venido haciendo. Al manipular esos sentimientos se ha creado un estado de apasionamiento social en el que todo es creíble y nada es confiable, en el que el engaño es fácil y la razón se esconde.

En ese contexto, el nuevo rechazo de los dirigentes rebeldes a la propuesta gubernamental era previsible. Y se equivocan quienes afirmaron que la propuesta llegó tarde, porque ella ya estaba anticipada en el “Reencuentro” y ya entonces fue rechazada.

Las posibilidades de una salida concertada en este momento se redujeron por la varias veces demostrada voluntad de confrontación de las fracciones rebeldes, que se negaron sistemáticamente al diálogo.

Pero el diálogo tenía tiene, además, otras dificultades.

En el nivel mas cercano e inmediato, el movimiento rebelde era la suma de muchas reivindicaciones, a veces contrapuestas entre sí, y nunca tuvo un liderazgo capaz de controlarlo. Los líderes son muchos, aunque la prensa se concentrara en uno o dos de ellos, y una parte de los movilizados no reconoce liderazgo alguno. Es la que bloquea una esquina, asalta un cajero automático y vandaliza la ciudad al amparo de la protesta. Las profundas discrepancias que hay entre esos líderes también les impiden negociar, porque al hacerlo pondrían en evidencia sus diferencias y su impotencia para controlar las movilizaciones.

En un nivel más profundo la concertación es todavía más difícil porque en el extremo de la movilización se enarbola un proyecto de país y de nación que es incompatible con el respeto a los derechos humanos, con la libertad individual, la apertura comercial, con la democracia representativa y la modernización cultural. Por ello, ese proyecto implicaría una ruptura geográfica e histórica con respecto a nuestros vecinos y tal vez con respecto a lo que ha sido hasta hoy Bolivia, y con respecto a la penosa construcción de una república mestiza pluralista, abierta y tolerante. (Un antecedente inmediato fueron los conflictos del 2000).

Si la concertación era difícil ¿quiere eso decir que la violencia es inevitable? No. La violencia puede y debe detenerse, y corresponde que lo hagan quienes la iniciaron, quienes incitaron a movilizaciones, bloqueos y saqueos.

No podemos confundirnos en este momento. El gobierno democrático no ha buscado ni perseguido a los opositores, como lo hacían las superadas dictaduras. El gobierno ha respondido a quienes bloquean, incendian y saquean y lo hizo, como todos sabemos, con las fuerzas a su alcance, que son inexpertas, poco profesionales y mal equipadas.

La violencia puede cesar de inmediato y los derechos de los bolivianos se restablecerían al instante si quienes dirigen las protestas renunciaran a la violencia. Porque hay que destacar que esa violencia no está dirigida contra el gobierno, sino contra la sociedad misma. En los hechos, opera como una especie de secuestro colectivo en el que se ha pedido, como rescate, la renuncia del Presidente, el entierro del gas, la quiebra del orden constitucional. Lamentablemente, muchos ya padecen el “síndrome de Estocolmo”, expresando su solidaridad con los secuestradores, buscando su amistad, identificándose con ellos.

La renuncia del Presidente de la República, precipitada por la presión política, crea un precedente de enorme costo político y social hacia el futuro. Toda elección será objetable y toda presidencia incierta, empezando por la de quien eventualmente le sucede. Todo el sistema de la democracia representativa ha vuelto a la fragilidad de los tiempos que abrieron espacio para las dictaduras.

Es claro que las opciones son pocas y limitadas, pero el futuro no. Es pensando en ese futuro que debemos seguir apostando por la democracia, es decir, por la tolerancia y la paz social en los marcos de la legalidad. El respeto a los poderes constitucionales es la única defensa efectiva de la democracia.

Roberto Laserna es investigador social (http://www.oocities.org/laserna_r)