Roberto Laserna

El 1º de abril se firmó un Contrato de Concesión de Aprovechamiento de Aguas y de Servicio Público de Agua Potable y Alcantarillado entre la Superintendencia de Saneamiento Básico y Semapa. Este contrato viene a sustituir el que se había firmado con Aguas del Tunari y que provocó la "Guerra del Agua". Han pasado dos años en los que las necesidades de agua y alcantarillado de Cochabamba fueron "atendidas" sin normas claras ni supervisión correcta. Dos años en los que los dirigentes de la Coordinadora y los representantes de la Alcaldía no pudieron cumplir lo que ofrecieron en abril del 2000: una verdadera solución al problema de Cochabamba.

Revisando el contrato, uno llega a la triste convicción de que, una vez más, estamos siendo engañados. Nadie esperaba que en dos años estuviera resuelto el problema, pero lo evidente es que muchos confiaron en que por lo menos se lo encaminara hacia una solución. El contrato demuestra que no se avanzó nada en estos dos años. Peor aún: no se tiene ni idea de por dónde hay que empezar a caminar.

En efecto, el contrato no puede mencionar metas de expansión porque la empresa carece de un Plan Estratégico de Desarrollo del Servicio. Por lo menos, de un Plan que los firmantes consideren aceptable. Y el Superintendente, más tolerante y comprensivo que los miles de vecinos que carecen de agua y lucharon por ella, le ha dado a la empresa un año más para que prepare su plan.

Además de la "condescendencia" de la Superintendencia, incomprensible dada su obligación de velar por el interés de la población, el contrato se caracteriza por mantener el carácter inequitativo que tiene el servicio de agua potable y alcantarillado en Cochabamba. Un servicio que, con tarifas congeladas, permite el derroche de agua potable en unos barrios, mientras que obliga a los más pobres a pagar hasta cinco o siete veces más por agua de mala calidad.

Si usted no lo cree, vea lo que se ha acordado en ese documento:

La superficie de concesión cubre 5192.75 hectáreas, que son las que corresponden al área actualmente cubierta con tubería. En otras palabras, no se trata de la ciudad de Cochabamba y ni siquiera de la Provincia Cercado, sino solamente de la parte ya privilegiada con el servicio. Quedan explícitamente FUERA del área de concesión los barrios de Valle Hermoso, La Tamborada y adyacentes, todo el sur del aeropuerto y gran parte del oeste. La Alcaldía tendría que explicar a esos vecinos cómo pretende darles el servicio, del cual están excluidos ahora y lo seguirán estando bajo el contrato recientemente firmado.

Evidentemente, el área de concesión puede ampliarse en el futuro y seguramente eso será lo que ofrezcan las autoridades. Pero esa ampliación estará sujeta a dos condiciones: la posibilidad de contar con recursos de inversión y el aumento de la disponibilidad de agua.

Los recursos, como sabemos, estarán en función de los ingresos de la empresa y éstos dependen de las tarifas. El régimen establecido en el contrato defiende las tarifas bajas de quienes ya tenemos el servicio pero mantiene a los excluidos condenados a seguir pagando cifras exorbitantes a dueños de pozos y aguateros. En efecto, las tarifas –según el contrato- solamente serán revisadas cada cinco años y no podrán aumentarse en más del 25 por ciento cada vez, debiendo las metas de expansión subordinarse a esta posibilidad. En otras palabras lo que se les está diciendo a los barrios sin servicio es que se olviden del agua durante los próximos 40 años que dure esta concesión. Salvo que se consigan regalos y donaciones.

En cuanto a la disponibilidad de agua, la concesión incluye como fuentes los sistemas superficiales de Escalerani, Wara Wara, Hierbabuenani y otros menores, así como los 35 pozos que generaron tanto conflicto anteriormente. En los hechos, más del 60 por ciento del agua otorgada en concesión a Semapa proviene de las mismas fuentes subterráneas que los fundadores de la Coordinadora (ambientalistas y regantes) decían proteger.

Y aquí uno se pregunta cómo entra Misicuni en este contrato... y aunque usted no lo crea entra apenas como un "tal vez".

Si usted recuerda, Misicuni fue el determinante del fracaso de Aguas del Tunari. Por un lado, porque entre el gobierno nacional (Hugo Banzer), el municipal (Manfred Reyes Villa) y el Comité Cívico se jugaron a todo para IMPONERLE a la empresa el desarrollo de esa fuente de agua, a pesar de que se sabía que representaría un costo excesivo para todos: el TARIFAZO. Y por otro porque, aún así, uno de los argumentos empleados en la lucha contra esa empresa fue que no se garantizaba un proyecto Misicuni tal y como la ilusión nos lo hacía imaginar: múltiple y produciendo desarrollo a borbotones.

En el contrato se menciona a MISICUNI SOLAMENTE COMO UNA POSIBILIDAD y se le pide a Semapa plantear algunas ideas al respecto en una "Estrategia del Agua" que deberá estar lista en un plazo de 90 días a partir de la firma del contrato. Si en dos años no han podido elaborar una estrategia, ¿la tendrán lista en 90 días? Según pude averiguar, el primer plan quinquenal, ya en borrador, no contempla utilizar las aguas de Misicuni, aunque la presión social les llevará a buscar acuerdos con la empresa a cargo del proyecto. La razón es complicada: aunque el túnel estuviera listo, falta mucho para tener la represa, las tuberías y los canales que permitan aprovechar esas aguas; y aun cuando se tuvieran esas aguas, tal como está la empresa, no tiene recursos ni capacidad de inversión para ampliar la red y su área de concesión. Por ahora depende de que el BID crea en la seriedad de la empresa y de la alcaldía.

Esta es, ni más ni menos, la solución que nos traen, después de dos años de una batalla que se llevó vidas y nos dejó heridas, los protagonistas de esa historia: la Coordinadora y la Nueva Fuerza Republicana. Lo curioso es que, en estos dos años, los que entonces estuvieron enfrentados y arrastraron a los cochabambinos al enfrentamiento, se han convertido en aliados electorales. Aliados que enarbolan como una victoria este contrato, marginalizador e injusto, y un Misicuni convertido en el escenario publicitario más caro del mundo: 72 millones de dólares gastados en estudios y en un túnel que sirve solamente para tomas fotográficas y spots de campaña electoral.

La guerra del agua ha terminado siendo, en los hechos, una guerra sucia contra Cochabamba. Pero una guerra de verdad, no de palabras. Y que deja daños duraderos.