¿BONOSOL O PREFECTURAS?
Roberto Laserna
¿Bonosol o
IDH? ¿Prefecturas y Alcaldías o ancianos y ancianas del país? ¿Obras o
necesidades? Tales parecen ser los dilemas que alimentan la emergencia de
nuevos conflictos en el país. Es lamentable que nos veamos nuevamente
confrontados como consecuencia de la irresponsabilidad con que se han diseñado
e implementado las políticas públicas en los últimos años.
Recordemos
que el Bonosol fue creado hace 10 años con el financiamiento del patrimonio de
las empresas capitalizadas: el Fondo de Capitalización Colectiva. En ese
momento, el Estado se desprendió de ese patrimonio a favor de la gente, en una
auténtica socialización sin exclusiones ni burocracias.
La
nacionalización del 2006 expropió ese patrimonio –vulnerando las normas que
crearon el Bonosol- para entregarlo a manos de la nueva burocracia encargada de
YPFB. En ese momento el gobierno se comprometió a continuar pagando el Bonosol,
pero sin mencionar con qué recursos. Ya se advirtió entonces que esa medida condenaba
al Bonosol a las vicisitudes de la política coyuntural y la voluntad de las
autoridades.
¿Valía la
pena defender el Bonosol? Absolutamente sí. En el libro “La Inversión Prudente”
se demuestra que el Bonosol contribuye a mejorar las condiciones de vida de la
gente, reduce la pobreza y la desigualdad y dinamiza la economía, con mayores impactos
en zonas y sectores pobres. Desde el punto de vista del desarrollo, el Bonosol
es una de las inversiones social y económicamente más rentables del país.
En consecuencia,
es imperioso defender el Bonosol y darle la prioridad que se ha ganado
merecidamente en los años de su aplicación.
Se ha argumentado
siempre que el esquema de financiamiento del Bonosol lo hacía inviable, pero
ésta es una profecía autocumplida. Los opositores a
la capitalización, y al Bonosol que era parte de ella, hicieron todo lo posible
para que fracase, impidiendo al mismo tiempo que las empresas desplegaran todo
su potencial de generación de utilidades. En ellas podían haberse incluido las
que se estarían obteniendo ahora si el proyecto de exportación de gas a México
y California se hubiera concretado.
Pero ese
tren ya lo perdimos y de poco sirve recordarlo. Lo que importa es asegurar que
los mayores de 65 años reciban el Bonosol. La prudencia con que lo emplean es
la mejor garantía de que será beneficiosa para ellos y para el país.
Para financiarlo
el gobierno quiere recortar los recursos de las Prefecturas y Alcaldías. Estas
no lo admiten y también hay que apoyarlas, porque la experiencia nos ha
enseñado que, a pesar de todos sus problemas, son en conjunto más eficientes
que el gobierno central, por la simple y sencilla razón de que están más cerca
de la gente y, al final, como en el caso del Bonosol, lo que verdaderamente
importa es que el dinero llegue a la gente.
Hay dos
opciones de financiamiento para el Bonosol.
La primera es
respetar la ley, devolviendo el FCC a las AFPs y
dejar que ellas sigan cumpliendo su mandato. Para refundar
YPFB están Irán y Venezuela, que pueden darse el lujo de perder algo más de
dinero que los 400 mil bonosolistas del país.
La segunda
opción es que el gobierno cumpla su compromiso en vez de transferirlo a
prefecturas y alcaldías. Es decir, que sacrifique sus propios ingresos. ¿No es
que tiene superavit? ¿Y que las reservas están
llegando ya a los 5 mil millones de dólares? ¿Acaso no es ése un dinero de los
bolivianos? ¿Por qué se piensa que es mejor tenerlo en las bóvedas o en manos
de las burocracias que en las de los mayores de 65 años?
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Publicado
en Los Tiempos, La Razón y El Nuevo Día el 11 de octubre de 2007