2000: CONFLICTOS SOCIALES
Y MOVIMIENTOS POLITICOS EN BOLIVIA

Roberto Laserna (1)

 

 

1. Introducción

Desde que la protesta social asediara al gobierno de Hernán Siles Zuazo en 1984, determinando su renuncia a la Presidencia y adelantando las elecciones para el año siguiente, Bolivia no había vivido un período de conflictos sociales tan generalizado e intenso como el que se dio en el año 2000.

En la política boliviana nunca faltaron protestas y movilizaciones, pero ellas solían ser protagonizadas sobre todo por sectores agraviados por la política estatal como los campesinos cocaleros, o por gremios bien organizados que han hecho de la presión callejera parte de su cultura corporativa, como los maestros fiscales y los estudiantes universitarios. Eran movilizaciones que planteaban temas específicos y reivindicaciones concretas, aunque se expresaran con frecuencia por medio de discursos radicales de ruptura. Y casi siempre formaban parte de una lógica de "negociación forzada" que comprende la concertación como la culminación de un enfrentamiento que hace explícitos los poderes relativos de las partes (Laserna y otros 1999).

En efecto, en esta suerte de tradición boliviana, los conflictos rara vez se expresan de manera violenta o abierta como consecuencia del fracaso o la inutilidad de los mecanismos institucionales de negociación. Al contrario, se realizan para convocarlos y ponerlos en funcionamiento. Largas y sacrificadas marchas y no pocos bloqueos de caminos han sido protagonizados por los campesinos cocaleros con el fin de establecer una mesa de negociación con el gobierno. Y los maestros y universitarios suelen lanzarse a la protesta como parte de un ritual de rechazo al presupuesto fiscal que se inicia apenas éste es aprobado, y que termina también en tensas negociaciones con las autoridades de gobierno.

Esta manera de "abrir negociaciones" es, sin embargo, poco efectiva. Si bien muestra la debilidad del sistema institucional para procesar las demandas sociales y canalizar los conflictos por cauces pacíficos, también destaca la ineficacia de las organizaciones sociales para acumular experiencias que les permitan alcanzar a menos costo los fines que sus afiliados y militantes persiguen. Porque la "negociación forzada" no solamente es muy costosa sino que es ineficaz. En ella, bajo presión, se logran acuerdos que no comprometen a las partes y que, por tanto, rara vez se cumplen, creando así las condiciones para el resurgimiento de nuevos eventos conflictivos que pueden incluso hacerse más violentos en la medida en que se acrecienta la desconfianza mutua de los interlocutores. Solamente la renovación individual de éstos, sean dirigentes sindicales o autoridades, permite que esta lógica se mantenga indefinidamente porque también renueva los mínimos márgenes de confianza que se requieren para concertar. Pero esto añade inestabilidad a las élites de las organizaciones o instituciones involucradas, impidiéndoles aprender de la experiencia y desarrollar un proceso acumulativo que permita superar estas tradiciones de enfrentamiento y estéril "negociación forzada".

Pero los conflictos más importantes del año 2000 no reprodujeron esta tradición. En ellos se expresó con fuerza el rechazo de algunos actores al proceso de institucionalización democrática en Bolivia y en esa misma medida el deseo de recuperar o reconstruir un modelo de relacionamiento entre estado y sociedad que ya perdió su base material pero que pervive en la cultura política. En ese sentido, a pesar de la retórica progresista y del carácter confrontacional y violento, en esos conflictos se expresaron las resistencias conservadoras del corporativismo y el clientelismo que caracterizaron al sistema político boliviano durante la segunda mitad del siglo XX.

Si bien todo el año fue muy agitado, los conflictos se concentraron en dos momentos. El primero de ellos tuvo como epicentro el valle central de Cochabamba, alcanzó su momento culminante en el mes de abril y fue conocido como "la guerra del agua". El segundo fue geográficamente más extenso, con núcleos en las zonas cercanas al lago Titicaca y los alrededores de la ciudad de La Paz y en el Chapare, sobre la carretera troncal entre Cochabamba y Santa Cruz, se prolongó durante casi todo un mes y la prensa lo bautizó como "el septiembre negro".

En los próximos apartados presentaremos ambos momentos en una breve descripción analítica para luego ensayar una interpretación general del sentido que tuvieron esos conflictos en el marco de la reciente historia política y social de Bolivia. Cabe advertir que, justamente por razones analíticas, en esa descripción tampoco se toman en cuenta los detalles de todas las movilizaciones que coincidieron temporalmente, aún cuando habiendo sido acicateadas por el clima de convulsión, influyeron en el desenvolvimiento y los desenlaces de los conflictos. (Una visión del conjunto puede encontrarse en la resumida cronología de conflictos que acompaña este artículo).

2. La Guerra del Agua

La Ciudad de Cochabamba ha sido una de las de mayor crecimiento en las últimas décadas. Tiene más de 600 mil habitantes, está situada al centro del país y ejerce importantes funciones de articulación económica entre La Paz, el tradicional centro político del occidente altiplánico y Santa Cruz, el emergente centro económico del oriente. Pero a pesar de su dinamismo económico y el acelerado crecimiento que experimentó en los años 80 y 90, en parte debido a su cercanía a la economía de la coca, gran parte de su población vive en condiciones muy precarias por la carencia o mala calidad de los servicios públicos (Ledo 1993).

El peor de ellos es, probablemente, el abastecimiento de agua y el saneamiento básico, pues apenas la mitad de los hogares tiene acceso al sistema público de distribución de agua potable y de alcantarillado (manejado por Semapa). El resto se ha visto obligado a recurrir a formas comunitarias o individuales para resolver el problema: cooperativas para explotar fuentes subterráneas, depósitos familiares de agua, abastecimiento por camiones cisterna, pozos sépticos y conexiones clandestinas que echan las aguas servidas a canales, torrenteras y al río temporal que cruza la ciudad. Este sistema es terriblemente ineficiente e inequitativo.

Es ineficiente porque si en algunos casos la gente logra resolver sus problemas de abastecimiento de agua a bajo costo, al mismo tiempo asume graves problemas de salud, especialmente en la población infantil. Y el hecho de que los detritos de la mitad de la población no sean adecuadamente tratados implica que tanto el subsuelo como el aire de la ciudad tengan una elevada contaminación fecal. Y es inequitativo, porque la población de menos recursos es la que paga las sumas más elevadas por el agua de peor calidad, mientras que las capas superiores que tienen acceso al servicio público reciben agua tratada a precios bajos, e incluso subvencionados. A esto debe añadirse que el sistema deteriora el medio ambiente no solamente por la contaminación, ya mencionada, sino porque la perforación indiscriminada e incontrolada de pozos para extracción de agua subterránea está secando las napas superficiales y cambiando paulatinamente el clima del valle en que se asienta la ciudad.

Como es habitual en situaciones como la descrita, hay grupos que aprovechan la situación para obtener beneficios excepcionales. Los perforadores y dueños de pozos, así como los vendedores de bombas de agua y constructores de depósitos, encuentran mercados rentables por la ineficiencia del servicio público. Ellos, junto a los distribuidores de agua por camión, obtienen ganancias elevadas especulando con las necesidades de los más pobres en un mercado negro sin controles ni regulaciones.

A pesar de que estas condiciones no son recientes, hasta abril del 2000 la cuestión del agua no fue nunca un tema central de conflictos sociales en Cochabamba. En parte porque el problema puede ser fácilmente percibido como una suerte de fatalidad natural, que da sustento a la ilusión de grandes proyectos de trasvase cordillerano de aguas, pero en parte también porque los organismos públicos se desentendieron del problema al crear una empresa semi-autónoma y supuestamente regida por criterios técnicos y económicos para la atención del servicio: Semapa (Vargas y Zegada 1992).

En este contexto se produjo la decisión gubernamental de entregar en concesión el servicio de agua y alcantarillado al consorcio privado que presente la mejor oferta. Pero la convocatoria tenía una particularidad especial: no solamente calificaría las ofertas por la cobertura, la calidad y el costo de los servicios, sino también por la posibilidad que ofrecieran para desarrollar el proyecto múltiple Misicuni.

Este es uno de esos grandes proyectos de trasvase mencionados anteriormente, y en el cual la población ha depositado sus mayores esperanzas desde que empezara a ser formulado a fines de los años 60. En su dimensión más ambiciosa implica la construcción de túneles de aducción que suman cerca de 40 kilómetros, la construcción de una represa de 120 metros de altura en la parte norte de la cordillera del Tunari, la generación de energía eléctrica aprovechando la caída y todo un sistema de canales para llevar el agua a la ciudad y distribuirla por las zonas agrícolas. Como promete abastecer agua para riego y consumo humano y ofrece posibilidades de aprovechamiento energético, el proyecto Misicuni se convirtió en la representación mítica de una concepción del desarrollo que lo define como proceso basado en la inversión pública; concepción a la cual está adherida la imaginación popular en Bolivia.

Cuando se convocó a la concesión, la ansiedad por Misicuni era tanta en Cochabamba, que el proyecto no solamente había absorbido ya 12 millones de dólares en estudios, sino que se había empezado la construcción del túnel principal en base a un crédito italiano y a recursos locales obtenidos con la privatización de la compañía de distribución eléctrica, comprometiendo 60 millones de dólares en ese propósito inicial (Oporto 2000).

El requisito de incluir Misicuni en la concesión del servicio de agua y alcantarillado desalentó a la mayor parte de las empresas que compraron el pliego de especificaciones, y las restantes se agruparon para plantear una oferta de negociación directa, por tanto no competitiva, con los gobiernos nacional y municipal. Estos, urgidos de avanzar en el proyecto Misicuni, que habían enarbolado como bandera electoral y al que ya le habían dedicado tantos recursos, aceptaron la negociación directa y terminaron por firmar un contrato de concesión con el consorcio transnacional Aguas del Tunari, formado por Bechtel, Abengoa y otras empresas. El contrato al final no garantizaba la realización de Misicuni y tampoco la ampliación de cobertura del servicio, pero empezaba con aumentos tarifarios destinados a superar la brecha creada por años subvención, y exigía modificaciones en el régimen jurídico consuetudinario de aprovechamiento del agua en Bolivia a fin de contar con un mercado que justificara inversiones tan elevadas.

La reacción no se dejó esperar. Antes de que transcurriera un año de la concesión, el gobierno se vio obligado a rescindir el contrato con Aguas del Tunari, aún a riesgo de pagarle una millonaria "indemnización", y a cambiar la legislación relativa al agua y al saneamiento básico para satisfacer las demandas de los propietarios individuales y comunales de pozos y vertientes (2).

Eso fue posible porque los afectados por la concesión y la ley lograron tomar el control de un Comité de Defensa del Agua, inicialmente conformado por ambientalistas y profesionales independientes, creando desde ahí un organismo articulador de múltiples y diversas demandas, denominado "la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida", que les permitió aglutinar en torno a sus demandas la vigorosa movilización social que paralizó Cochabamba primero en febrero y con más fuerza en abril.

El núcleo organizativo en todo ese proceso fue la Federación de Regantes, que agrupa a individuos, comunidades y asociaciones con acceso a fuentes de agua para riego. Esta Federación ha recuperado en parte la experiencia colectiva del sindicalismo campesino en Cochabamba, y en nombre de la tradición andina supuestamente cristalizada en el derecho consuetudinario -los "usos y costumbres"- defiende los sistemas vigentes de acceso y control del agua.

El movimiento se fortaleció significativamente cuando se incorporó la Federación de Fabriles, pues ésta puso en juego su combativa tradición y su estructura organizativa para traducir al lenguaje urbano la demanda de los regantes. Empezó rechazando el aumento de tarifas, con lo que atrajo a los sectores medios y altos que, como se dijo, son los que gozan del acceso al servicio público de agua; incluyó luego la defensa de los pozos existentes, individuales y comunitarios; y terminó rechazando el contrato y la ley en nombre de la nación contra la globalización (3).

Así, la movilización vinculó el campo y la ciudad, sectores medios y pobladores de la periferia, militantes de la vieja izquierda y especuladores de agua, y permitió que se expresara abiertamente el malestar de la población con el gobierno y, en general, con "los políticos" que no resuelven problemas e incumplen promesas. Incluso se plegaron a la movilización los campesinos productores de coca, víctimas de la política represiva contra sus cultivos, que buscaban romper su aislamiento y restablecer alianzas con los sectores urbanos.

La movilización logró una contundente victoria al expulsar al consorcio Aguas del Tunari y obligar al gobierno a modificar la ley 2029 de agua potable y saneamiento básico. En el momento culminante del conflicto el Presidente decretó "Estado de Sitio" y ordenó la intervención militar, pero eso solamente sirvió para exacerbar los ánimos de la población y ampliar la magnitud y extensión de la protesta, que al final también se había convertido en una suerte de revancha tardía contra el presidente Bánzer, que ejerció el mando autoritario entre 1971 y 1978.

A pesar de las reacciones a momentos violentas del gobierno, la movilización no tuvo al frente un adversario sólido y coherente y eso permitió que su fuerza pareciera mayor. El Comité Cívico, que tradicionalmente representaba los "intereses regionales" agrupando a las instituciones locales, no era un adversario sino un competidor, pero se había debilitado por la manipulación partidista de su último presidente y terminó arrasado por la acción directa impulsada por la Coordinadora. La supuestamente gran empresa transnacional, Aguas del Tunari, no se defendió salvo con tímidos spots televisivos que llegaron tarde. Y la base política de los gobiernos nacional y municipal simplemente desapareció del escenario incluyendo el Alcalde cochabambino, Manfred Reyes Villa, que poco antes había renovado su mandato con arrolladora votación. Las autoridades que enfrentaban a la Coordinadora actuaban casi a título personal y sin sustento político. Las mismas acciones policiales y militares de represión eran aisladas e improvisadas, y estaban afectadas por conflictos internos que desembocaron en esos días en un motín de policías en La Paz. La Coordinadora no tenía en realidad un adversario sino varios, pequeños, débiles y dispersos, lo cual potenció su discurso y su movilización (4).

Como resultado de esta "victoria de abril" algunos de los dirigentes de la "Coordinadora" asumieron cargos de gestión en la empresa de agua potable y alcantarillado de Cochabamba mientras otros empezaron a empujar a la organización hacia el campo político proponiendo sustituir al sistema de partidos a través de una asamblea constitucional e intensificando la protesta contra la globalización. Lo que une a ambas facciones es su demanda de un rol más activo para el sector público en la economía y en la provisión de servicios, pues todos los otros temas son tratados con vagas generalidades (5).

Pero entretanto el déficit de cobertura de agua y alcantarillado ha seguido creciendo, la empresa se mantiene en un limbo jurídico y, ante la imposibilidad de aumentar tarifas o de conseguir recursos de inversión, los dirigentes de la "Coordinadora" han empezado a reclamar subvenciones estatales (a través de la condonación de deudas contraídas por la empresa Semapa en años anteriores). Estas son demandas muy controvertidas por la escasez de recursos que afecta al Tesoro General de la Nación y porque son esencialmente inequitativas: restarían recursos destinados a atender otras áreas, como las rurales por ejemplo, para favorecer a sectores urbanos que ya tienen acceso a servicios. La insistencia con que se plantea esta demanda desnuda el carácter reaccionario de este movimiento, preocupado más por salvar su ineficiente empresa que por la suerte de los sectores a los que su discurso dice representar.

3. El Septiembre Negro

A pesar de sus contradictorios resultados, la "guerra del agua" puso en evidencia la extrema debilidad del gobierno y estimuló la acción de otras fuerzas sociales. En general, el escenario político se hizo más abierto a las manifestaciones conflictivas: la protesta callejera, la acción directa, la movilización masiva implicaban bajos riesgos para sus protagonistas, y más bien se empezó a generalizar la sensación de que quien no ocupaba las calles quedaba fuera del escenario y perdía la oportunidad de ser tomado en cuenta. Y entonces hasta controversias internas en algunas organizaciones motivaron conflictos públicos, con la lógica de que quien gana la pugna interna es el que mayores disturbios logra afuera.

En ese ambiente, el gran conflicto social de septiembre del 2000 resulta de la sumatoria y sobreposición de una gran cantidad y variedad de conflictos, muchos de ellos espontáneos y de orientación particularista, que en cierto modo fueron articulados recién en la fase de negociación y no sin la ayuda de los facilitadores del diálogo y de los mismos interlocutores gubernamentales. Estos no veían otra manera de canalizar una protesta tan amplia como imprecisa y que amenazaba desbordar no solamente los marcos institucionales, obviamente objetados y puestos en tensión por las movilizaciones, sino incluso sus propias estructuras organizativas y hasta los liderazgos espontáneos que desaparecían tan rápido como surgían.

Visto en perspectiva, el conflicto tuvo dos núcleos, ambos rurales pero en gran medida competitivos: Achacachi y el Chapare, que ya se habían manifestado también con bloqueos en los días de la "guerra del agua". A ellos se sumó una amplia gama de adherentes y aliados, algunos solidarios pero otros oportunistas, tratando de ganar en el río revuelto de la protesta. No faltaron acciones de presión y movilizaciones, como las de las esposas de policías, los maestros, los dirigentes cívicos de La Paz y el Beni, los transportistas de Sucre, que no se referían a los temas planteados en esos núcleos ni siquiera con declaraciones de solidaridad pero claramente trataban de obtener ventaja de la situación, contribuyendo a agravar la debilidad gubernamental.

Considerando el impacto que tuvieron sobre la opinión pública las protestas campesinas en el Ecuador, podría también pensarse que contribuyeron para hacer que el ambiente político fuera más proclive a la acción de masas.

Remitiéndonos a los núcleos de la protesta resalta el hecho de que la bipolaridad era una manifestación de las pugnas internas en la cúpula sindical, que se harían mucho más evidentes en los meses posteriores.

En el núcleo del Chapare, bajo el liderazgo de Evo Morales, los sindicatos campesinos tenían motivos y demandas muy concretas pues se referían a la erradicación forzosa de cultivos de coca. De manera muy clara el gobierno había establecido como prioridad de su política la eliminación de los cultivos de coca en la zona y estaba avanzando en ese objetivo a un ritmo más acelerado que el previsto en sus propios planes. Los sindicatos de la zona estaban debilitados por la infructuosa resistencia de los años anteriores y el aislamiento a que habían sido conducidos por sus dirigentes en el esfuerzo de transformar su estructura sindical en un partido político propio (Movimiento Al Socialismo). Ya no lograban concitar la simpatía de los sectores urbanos y el gobierno estaba aprovechando ese momento para destruir cocales sin compensación. Pero el liderazgo de Morales seguía fuerte en el Chapare, su gente estaba siendo realmente afectada por la erradicación y tenían demandas muy concretas al respecto. La más concreta en ese momento exigía detener la militarización del Chapare y revisar la erradicación.

A su vez, en el núcleo de Achacachi Felipe Quispe, Secretario Ejecutivo de la Confederación Sindical Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia desde 1998 (CSUTCB), buscaba afirmar y proyectar su liderazgo. Este dirigente, popularizado con el título de Mallku con que se nomina a los dirigentes comunitarios aymaras, forma parte del ala más radical del movimiento indigenista y su incursión en el sindicalismo campesino ha sido oscilante pues luego de ser dirigente regional ensayó promover la lucha armada con el movimiento "Ayllus Rojos" en base al cual se formó un grupo terrorista (el Ejército Guerrillero Tupac Katari) que llevó a la cárcel a sus cabecillas, incluido Quispe, luego de protagonizar algunos asaltos.

Achacachi ha sido un centro importante de la movilización aymara durante mucho tiempo y sus pobladores tienen una orgullosa tradición de lucha y una sólida organización (Albó 1979). Está ubicada en la zona más rica del altiplano, cerca del lago Titicaca y a solo 90 kilómetros de La Paz, con muy buenas carreteras, acceso a más y mejores servicios que la mayor parte de las zonas rurales del occidente boliviano y muy integrada al mercado. Una parte muy importante de sus pobladores mantiene también residencia en El Alto, la emergente urbe aymara en el área metropolitana de La Paz.

En el primer momento de la movilización, Quispe convocó a bloqueos en respaldo solidario a los campesinos chapareños, pero 20 días después los dejó solos e incluso justificó la aplicación de la Ley 1008 (que proscribe la coca en el Chapare pero la tolera en los Yungas) en un intento por salvar su relación con los productores paceños de coca y debilitar aún más a su rival, Evo Morales.

Pero lo más notable de la acción encabezada por Quispe en septiembre fue su vigoroso discurso de reivindicación étnica y la amenaza de repetir el cerco de La Paz que dirigió Tupac Katari en 1781 y que la ciudad al parecer aún recuerda con temor. El discurso de Quispe fue agresivo y desafiante, pero también melodramático. Apelaba al mismo tiempo a la conciencia culpable de los grupos privilegiados y a la experiencia de discriminación de los migrantes urbanos, haciendo frecuentes alusiones al descuartizamiento de Tupac Katari con quien trataba de identificarse personalmente.

La movilización convocó a hombres, mujeres y niños que participaron activamente de un nuevo tipo de bloqueo caminero: a las tradicionales barricadas en puntos estratégicos le sumaron la ocupación física de varios kilómetros, con piedras y troncos, reduciendo la posibilidad de que los caminos fueran despejados mediante acciones militares.

El discurso de Felipe Quispe tenía además sólidos referentes empíricos e ideológicos pues recordaba la estrecha correlación existente entre la ruralidad de la pobreza, destacada en todos los estudios sobre ingresos y necesidades básicas, y la condición étnica de los campesinos, afirmando que ello demostraba el fracaso de la República y la continuidad de 500 años de dominación y exclusión de los pueblos autóctonos. Así, Quispe se colocó en el centro del escenario creado por las orientaciones más recientes de la cooperación internacional y las promesas políticas del gobierno, centradas en la lucha contra la pobreza, ganando legitimidad frente a ellos al asumir de facto la representación de quienes son calificados como pobres en el discurso oficial. En la ciudad predominantemente aymara de El Alto y en los alrededores de La Paz este discurso tenía una evidente capacidad interpelatoria.

Nuevamente la fuerza de la movilización pareció mucho mayor por la debilidad del adversario, que ya en abril había sido acosado desde adentro por el motín policial motivado por demandas salariales y que casi provoca un enfrentamiento entre la Policía Nacional y el Ejército, cuyos mandos y tropas se mostraban titubeantes y nerviosos, incluso en sus acciones más violentas.

La movilización terminó con la firma de un ampuloso convenio de medio centenar de puntos que iban desde acuerdos para la modificación de leyes hasta la realización de proyectos de infraestructura, y el consecuente establecimiento de comisiones de negociación y seguimiento. Fuera del convenio quedaron los campesinos chapareños productores de coca, obligados a negociar por su cuenta el levantamiento de bloqueos en la carretera Cochabamba-Santa Cruz con la promesa de que no se construirían nuevos cuarteles en la zona del Chapare, pero sin promesas de cambio en la política de destrucción de cultivos de coca.

En la certeza de que parte de los acuerdos no podrían cumplirse en los breves plazos establecidos, Quispe anunció triunfante que ése había sido sólo un ensayo y que las movilizaciones se repetirían muy pronto, mofándose en la soberbia de su triunfo incluso de grupos y personas que respaldaron su protesta.

Pasada la tensión, mientras Quispe fundaba un nuevo partido político, el Movimiento Indio Pachacuti, dirigentes campesinos de otras zonas empezaron a confrontar su liderazgo y a repudiar su conducción autoritaria y excluyente. Un ampliado de dirigentes de varias federaciones lo desconoció como Secretario Ejecutivo de la CSUTCB y un Congreso realizado en Oruro en enero del 2001 eligió una nueva directiva, más afín a las posiciones de Evo Morales. Y aunque esta directiva no ha sido reconocida por el gobierno ni por la Central Obrera Boliviana (afectada también por graves disidencias internas), ha debilitado al grupo de Felipe Quispe que, incluso desde adentro de su propio movimiento, es acusado de haber abandonado "a sus hermanos cocaleros" en su lucha contra el gobierno y "el imperialismo yanqui".

4. Estado y sociedad: tendencias de cambio en Bolivia

Comprender esta agitada dinámica de conflictos sociales en el año 2000 requiere ubicar las tendencias de cambio que está viviendo Bolivia. Cambios que fueron en parte motivados por la propia movilización social que recuperó la democracia desde 1982, en parte por el agotamiento del modelo económico basado en la explotación de recursos minerales y el consiguiente ajuste económico iniciado en 1985, y finalmente también en parte por la propia iniciativa de los actores políticos más modernos que en los últimos años llevaron la iniciativa en la reforma del Estado.

El análisis de los cambios en la relación estado-sociedad puede facilitarse utilizando el siguiente modelo descriptivo basado en una combinación de opciones referidas, por un lado, al sistema decisional, y por otro al papel del Estado. Posteriormente, ese modelo nos servirá para describir los procesos de cambio en Bolivia e identificar de qué manera los conflictos del 2000 se inscriben en ese proceso.

4.1. Sistema político-decisional

Para la construcción del modelo que nos permita caracterizar opciones, aún a riesgo de simplificar demasiado las posibilidades reales, utilizamos dos variables: el sistema decisional y el rol del Estado (ver figura 1).

En general podría decirse que el sistema decisional puede ubicarse entre dos extremos: la acción directa de grupos de presión, sean éstos de carácter oligárquico o popular, elitistas o de masas, y la acción canalizada a través de instituciones formales, cuya acción es regulada por normas universales y es por tanto transparente. Entre ambos extremos, uno marcado por la incertidumbre y cercano al caos y el otro más ordenado y estable, puede encontrarse obviamente una gran variedad de situaciones, incluyendo las que combinan la acción directa basada en el poder relativo de los grupos y la acción reglamentada.

Por otro lado, nuevamente recurriendo a la simplificación -necesaria en esta rápida exposición-, podría decirse que el rol del Estado puede estar definido también por dos extremos: el de un aparato que interviene activamente en la vida económica y social, realizando incluso inversiones directas en sectores productivos, y el de un conjunto de normas y reglas que concentran la acción estatal en la vigilancia y la supervisión de su cumplimiento. Y también en este caso pueden darse situaciones intermedias con mayor o menor énfasis en uno de los extremos o con combinaciones de ambos tipos de roles.

Ahora bien, si combinamos los tipos ideales nos encontramos básicamente con cuatro situaciones. La primera (cuadrante 1) podría caracterizarse de equilibrio estable pero con mucho dinamismo social porque la acción estatal directa obedece a un juego de presiones que debe hacerse continuamente evidente. La acción social tiende a ser corporativa pues tiene la finalidad de insertar los intereses particulares en la intervención estatal. El tercer cuadrante describiría también una situación de equilibrio estable en la cual, al prevalecer las normas y los procedimientos transparentes, los conflictos pueden procesarse y canalizarse por medios institucionales.

En contraste, las situaciones que corresponden a los cuadrantes dos y cuatro del modelo serían más inestables y proclives a la emergencia de crisis políticas y sociales, debido a la inconsistencia de comportamientos tanto de los agentes estatales, en el cuarto cuadrante, como de los actores sociales, en el segundo cuadrante. En el cuarto, porque el Estado se convierte ahí en la principal fuente de ruptura de sus propias normas al tratar de intervenir directamente sin contar con los recursos para ello o ignorando los canales regulares del sistema decisional. Y en el segundo, porque en él los actores demandan la intervención estatal al margen o más allá de las normas que la regulan o de los recursos de que dispone.

4.2. Desplazamientos históricos

Tomando ese modelo como referencia podemos describir rápidamente el proceso histórico boliviano en términos del desplazamiento en la relación estado-sociedad por esos cuadrantes.

La revolución de 1952, momento fundacional de la Bolivia contemporánea, colocó esa relación en el primer cuadrante. La disponibilidad estatal de recursos obtenida con las nacionalizaciones, mediante las que controló los excedentes generados por la explotación de recursos naturales, permitió que el sistema se prolongue por 30 años sin amenazas a pesar de la sucesión de golpes de estado y "coyunturas democráticas", lo que demuestra que la inestabilidad política afectaba a los gobiernos pero no al estado.

Y es que esas oscilaciones eran parte de la "lógica" del modelo prevaleciente pues tanto las fuerzas autoritarias como las democráticas formaban parte de una misma racionalidad: el Estado controla una riqueza existente (recursos naturales) que se distribuye y asigna según la capacidad de presión que cada uno desarrolle y muestre, es decir, según la fuerza que cada sector pueda ejercer.

Consistente con esta dinámica es el clientelismo corporativo de los sectores sociales, y el populismo prebendal de las élites, que se complementaban facilitando el surgimiento de caudillos (personas o incluso grupos) de efímera existencia: duraban lo que duraba su fuerza (potencial o real).

A comienzos de los años 80 el modelo entró en crisis por la decreciente capacidad estatal para continuar distribuyendo recursos. Los excedentes se redujeron dramáticamente, agudizando las tensiones sociales pues el modelo decisional siguió basándose en presiones y acciones directas, sólo que había cada vez menos riqueza que distribuir. Las alianzas se empezaron a disolver y el corporativismo perdió referentes de aglutinación, como la Central Obrera Boliviana, para disolverse en conductas particularistas. El período de gobierno de Hernán Siles Zuazo, entre 1982 y 1985, fue la expresión culminante de esta crisis. El gobierno trataba de responder a las demandas pero solamente contaba para ello con el déficit fiscal que al crecer aceleradamente dio lugar al descontrol inflacionario haciendo inevitable el shock estabilizador de 1985.

Con la llamada Nueva Política Económica iniciada en 1985 por el gobierno de Victor Paz Estenssoro, el Estado reconoció su impotencia para mantener el pacto del 52 y renunció a seguir esa lógica. Se podría decir que levantó las manos y confesó su impotencia. Esto se aceleró aún más con la debacle del precio del estaño en el mercado mundial. Carente de recursos para distribuir, el Estado se embarcó en el Programa de Ajuste Estructural e impulsó las primeras reformas orientadas a desmantelar el modelo que se basaba en presiones corporativas y clientelismo (Ardaya y Verdesoto 1994, Calderón y Laserna 1994), empezando su desplazamiento del primero al tercer cuadrante.

El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997) asumió con pragmatismo esa tendencia e inició un nuevo conjunto de reformas para situar la relación estado-sociedad en el tercer cuadrante. La descentralización y municipalización del sistema decisional, la instalación de las superintendencias, las reformas al poder judicial y el establecimiento de entidades de protección al ciudadano, la capitalizacion de las empresas públicas, la otorgación de concesiones para la provisión de sevicios públicos son todas reformas orientadas a desarrollar un sistema institucional normativo bajo la lógica de la "modernización" (Fundación Milenio 1998 y 2000).

Todo este proceso de transformaciones realizado entre 1985 y 1997 fue impulsado por un movimiento democrático institucional que era transversal a todos los partidos, o que cuando menos contaba con el apoyo de líderes y sectores pertenecientes a todos los partidos. Y aunque probablemente su figura más importante es aún Sánchez de Lozada, del MNR, no se podría afirmar que todo su partido sea parte de este movimiento. Pero en los otros partidos hay grupos y sectores que sí son parte de él, tanto en el MBL y otros grupos de izquierda, como en el MIR y ADN, que fueron gobierno entre 1989 y 1993 y lo son desde 1997, aún cuando sus dirigentes más cercanos a esta línea (como Samuel Doria Medina, Hugo Carvajal, Jorge Quiroga y Tito Hoz de Vila, por citar algunos), no se sientan representados por Sánchez de Lozada. En otras palabras, las fuerzas democratizadoras que han impulsado el desplazamiento de la relación estado-sociedad desde el modelo tradicional corporativo hacia el institucional regulado, se encuentran a todo lo ancho del espectro político aún cuando no siempre reconozcan su unidad. Y al mismo tiempo, también en todos se encuentran fuerzas tradicionales que quisieran retornar al modelo corporativo prebendal. Esta tensión entre ambos movimientos está en la base de una buena parte de los conflictos sociales y políticos.

La pérdida de impulso en la aplicación de las reformas institucionales y la revitalización de las fuerzas tradicionales en el 2000 mostró que las mayores dificultades de la consolidación democrática no fueron superadas y que se encuentran tanto en los hábitos de la gente como en el seno de los mismos partidos políticos que supuestamente deberían conducir ese proceso.

El comportamiento político del electorado ha sido bastante inestable. No en cuanto a votación, donde se detectan regularidades (Ticona y otros 1995, Romero 1998), sino a cambios súbitos de ánimo respecto de los partidos y a los procedimientos electorales en cuanto tales. Al mismo tiempo que se inscriben y participan en las elecciones internas de los partidos, respaldan proclamas "anti-sistémicas". Al mismo tiempo que aceptan y hasta reclaman campañas electorales basadas en la dádiva y la promesa demagógica, repudian otras formas de corrupción y gestión prebendal de recursos. Y poco después de volcar masivamente su voto en apoyo a un caudillo, como sucedió precisamente en Cochabamba, lo ignoran para incorporarse en acciones claramente orientadas en contra suya.

La mayor responsabilidad en esto, sin embargo, corresponde probablemente a los partidos, y en especial a los que más impulsaron las reformas sin lograr institucionalizarse a sí mismos. Quizás con algo de oportunismo, para captar diferentes apoyos electorales y callejeros, mantienen múltiples caras, incluso deliberadamente . Esto podría explicar la débil y oscilante legitimidad de los partidos políticos, erosionada con la gestión dubitativa que se inicia en 1997.

En agosto de ese año logró retornar al gobierno el Gral. Hugo Bánzer a pesar de contar con una votación inferior al 25 por ciento. La coalición que lo encumbró fue formada por varios partidos pero dominada por las facciones pertenecientes al movimiento conservador corporativo, animados por la oportunidad de acceder al control de los recursos estatales. La negociación política de carácter programático fue marginal en la formación de la coalición que lo único que hizo desde el principio fue tratar de diferenciarse en oposición al proceso de reformas. En parte por eso su gestión quedó pronto atrapada en los hábitos y la inercia de las experiencias previas de sus integrantes, que tenían como referente el Estado interventor.

En esa lógica, el propio gobierno empezó a ignorar las nuevas reglas que debían regular su comportamiento y en algunos casos detuvo las reformas o paralizó el establecimiento de las nuevas instituciones. Y creó también expectativas de distribución entre los grupos sociales, sólo que sin contar ya con los recursos para satisfacerlas. De todos modos, esto reavivó la nostalgia de la acción directa en los grupos corporativos e incluso en los actores de formación reciente (como la Federación de Regantes y la Coordinadora en Cochabamba) cuya dirigencia en el fondo forma parte del mismo modelo de acción populista que quienes ocupan la administración pública, aún cuando parezcan oponerse entre sí. Así, empezaron a ser predominantes las fuerzas conservadoras tanto en el Estado como en la sociedad, intentando todos situarse nuevamente en el modelo de relación descrito en el cuadrante uno. Pero como ya no existen los recursos que lo hacían posible, generaron la tensión conflictiva que estalló en el año 2000. Mientras el gobierno terminó situado en el cuadrante 4, los actores movilizados lo hicieron en el 2, lo que explica el conflicto a pesar de la coincidencia.

En efecto, si se analizan cuidadosamente los eventos del 2000, y en particular los que se condensaron en los dos momentos críticos de la "guerra del agua" y del "septiembre negro", se encuentra que ellos, más allá del discurso y las imágenes enarboladas por sus dirigentes, estuvieron dominados por demandas destinadas a definir una acción intervencionista y distributiva del Estado, y que frente a esas demandas no había oposición de las autoridades gubernamentales. En el fondo estaban de acuerdo en que ése debía ser su comportamiento pero se encontraban con que simplemente les era imposible llevarlo a cabo. El presupuesto fiscal ya estaba comprometido con las municipalidades, la reforma de pensiones, la reforma educativa, y no podían recurrir al déficit porque el Banco Central había dejado de ser un apéndice dependiente del Ministerio de Hacienda. En lugar de situarse en el nuevo escenario institucional y normativo creado por las reformas, el propio gobierno intentó transgredirlo y contribuyó a deslegitimarlo, estimulando con sus dudas la revitalización de los actores corporativos.

5. Conclusión: Movimientos confrontados

El proceso democratizador de cambio institucional está inconcluso y desde 1997 el movimiento que lo impulsaba se ha debilitado y en la actual coyuntura no parece tener fuerzas suficientes para defenderlo. Algunas de las reformas, como la municipal, parecen, sin embargo, irreversibles. El mayor desafío de este movimiento de institucionalización democrática consiste en reconocerse como tal, reunificarse en la acción y la propuesta, y articular sus expresiones políticas con el desarrollo de una base social nueva, capaz de movilizar a la gente por su condición ciudadana y no solamente por su identidad grupal.

Los conflictos del 2000 han revelado también que el Estado emergente no tiene todavía una estructura burocrática capaz de imponer su lógica a quienes lo gestionan. El gobierno del Presidente Bánzer no ha reconocido la nueva situación institucional en que se encuentra. Administra un Estado en proceso de cambios hacia su institucionalización democrática con la experiencia práctica de un Estado interventor corporativo que ya no existe. Los conflictos también revelaron el profundo tradicionalismo de estos aparentemente "nuevos" actores sociales , pues está visto que perciben al Estado al mismo tiempo como adversario y como benefactor. Recordemos que la lucha social corporativa no fue nunca contra el Estado sino hacia el Estado. En abril y septiembre los actores movilizados pedían que el estado actuara como solía hacerlo. Sus administradores actuales querían satisfacer esa demanda pero no podían. Esa era la contradicción de fondo.

Los temas económicos de la recesión y la crisis que estuvieron presentes en las reivindicaciones puntuales planteadas en los conflictos del 2000 fueron coyunturales y no siempre evidentes. La pobreza, por ejemplo, medida por parámetros objetivos (acceso a servicios básicos), ha disminuido en los últimos 15 años, aunque sin duda a un ritmo demasiado lento frente al aumento de las expectativas de la gente (Ministerio de Desarrollo Humano 1995, Banco Mundial 1996, Morales 2000) (6). Y si bien la situación económica de los campesinos del Chapare empeoró drásticamente con la erradicación de coca, la zona de Achacachi es una de las de mayor dinamismo en el altiplano. Y las zonas más cercanas a La Paz, incluida la ciudad de El Alto, ha cobijado a los migrantes y es seguramente, a pesar de todas sus deficiencias en infraestructura y servicios, una de las zonas de más intensa movilidad social en el país. Podría decirse que los problemas económicos desencadenaron el conflicto y la acción, pero no como resultado de un proceso secular de deterioro sino como amenaza reciente a expectativas en rápido crecimiento. Y así como no explican el conflicto, es ilusorio pensar que superarlos aliviará las tensiones manifestadas en esos momentos.

La "guerra del agua", por un lado, generó un movimiento neoconservador que en el discurso se opone a la privatización/globalización, pero que en la práctica es corporativo y antidemocrático pues usa pero ignora los problemas de los sectores excluidos, como el abastecimiento de agua, y se afirma en propuestas de retorno al pasado (servicios públicos subvencionados bajo presión de los que pueden, defensa de "usos y costumbres" contra proyectos menos particularistas, conservación o restauración del orden previo, etc.).

Por otro lado, el bloqueo campesino en el altiplano fue realizado por los grupos más y mejor integrados al mercado que hablaron en nombre de los más pobres y olvidados y que en los hechos exigieron respaldo estatal para mejorar su posición en los mercados, ampliar la infraestructura de acceso, mejorar los servicios, desarrollar el sistema de créditos, cambiar las normas de regulación de la tierra, etc. El discurso movilizador del Mallku se mimetizó e integró en ese mundo pero le dio una proyección adicional, la de la reivindicación étnica, que también golpeó los sentimientos de culpa de los sectores urbanos medios y altos, ganando con ello mayor resonancia y legitimidad.

Los otros grupos de vigorosa participación, cocaleros y maestros por ejemplo, e incluso los policías, buscaron establecer alianzas en el conflicto para resolver sus propias necesidades: defensa de la coca o nuevas inversiones, mejores salarios.

Aunque los sectores movilizados hablaban en nombre de los más pobres, con sus demandas en realidad los excluían o agravaban su exclusión. Si queremos pensar ese discurso más allá de la demagogia encontraremos que solamente tiene sentido en una comprensión relacional de la pobreza, no definida por carencias absolutas, sino más bien por la inconsistencia entre logros y expectativas. En procesos de cambio las expectativas suelen crecer más rápidamente que los logros, creando fuentes de descontento que ponen en riesgo el mismo proceso que las satisface.

Estas interpretaciones no desconocen ni pretenden que se ignore que la fuerza de los discursos movilizadores en abril y septiembre tiene referentes concretos en la estructura social boliviana. No eran puramente simbólicos o imaginarios. No hay duda de que aún existe discriminación étnica y que mucha gente la sufre, que la segregación espacial caracteriza la provisión de servicios públicos, que hay déficits de integración social y no existen mecanismos de compensación y redes de seguridad para los más pobres, que las oportunidades de movilidad social siguen siendo limitadas a pesar de su ampliación. Estos son indudablemente problemas reales, pero es también evidente que eran mucho más graves hace 20 años y peores aún hace 50. En todos esos campos pueden verificarse avances y progresos que si no niegan los temas planteados en esos discursos, sí desmienten la magnitud y el dramatismo con que se presentaron.

Tampoco se pretende aquí ignorar el valor simbólico de estas luchas sociales. Ellas han sido importantes en el caso que nos ocupa para expresar valores de solidaridad, dignidad y respeto, que pueden reconstruir la confianza de la gente en sí misma. El desafío está en que esos valores se proyecten más allá del momento del conflicto y, sobre todo, más allá de la acción de masas, en la conciencia del sujeto individual, y le permitan asumir una responsabilidad consigo mismo en vez de refugiarlo en una acción colectiva sin trascendencia.

 

NOTAS

1 Este artículo fue elaborado para su publicación en el Anuario Social correspondiente al año 2000 editado por la Facultad Latino Americana de Ciencias Sociales, FLACSO, en Costa Rica. Una relación cronológica se detalla en el Anexo
2 Un análisis más detallado de este conflicto puede verse en Laserna 2000. En las siguientes notas se hace referencia a interpretaciones opuestas a la que ofrezco en ése y en el presente texto.
3 Los ideólogos de este movimiento han hecho imaginativos esfuerzos para interpretar este conflicto como anuncio del surgimiento de un proyecto transformador "plebeyo e igualitario" basado en la reconstrucción de la comunidad y la "forma multitud" de la acción política. La imaginación desplegada, sin embargo, no alcanza a describir en qué consistiría dicho proyecto. Ver por ejemplo el libro de García y otros (2000), grupo autoproclamado "intelectual colectivo y orgánico de ese proyecto".
4 A los dirigentes e ideólogos de la Coordinadora les gusta, sin embargo, exaltar su acción recurriendo a la imagen de David venciendo a Goliat. Ver por ejemplo Crespo 2000 y Assies 2001, quienes además comparten lecturas simplistas de teorías de los movimientos sociales para ajustar la realidad al voluntarismo que estimula y anima su militante análisis.
5 Vargas y Kruse (2000) optaron por resaltar victorias simbólicas en un evidente esfuerzo por apoyar la proyección política en que se hallan empeñados algunos dirigentes de la Coordinadora. Como ellos, exhiben el congelamiento de tarifas como un triunfo, optando también por ignorar la situación de los excluídos que deberán contentarse con las lecciones aprendidas y las promesas de un mejor futuro político.
6 El texto de Morales sintetiza estudios anteriores realizados por el autor. Midiendo la pobreza por ingresos, estima que entre 1976 y 1997 la indigencia se redujo del 60 al 36%, y la pobreza en general del 80 al 60% de la población (Morales 2000: 94). Sigue siendo un fenómeno de dimensiones dramáticas pero no es evidente el estancamiento enfatizado en los discursos. Además de que las culturas definen la "pobreza" de maneras muy diferentes a las que se utilizan en las mediciones "objetivas".

 

 

 

Bibliografía citada

Albó Javier
1979 Achacachi: medio siglo de lucha campesina. Cuaderno de Investigación 19. La Paz: Cipca.

Ardaya Gloria y Luis Verdesoto
1994 Racionalidades democráticas en construcción. La Paz: Ildis.

Assies Willem
2001 "David vs. Goliat en Cochabamba: los derechos del agua, el neoliberalismo y la renovación de la propuesta social en Bolivia", en Pieb 2001: 106-131.

Banco Mundial
1996 Bolivia. Poverty, Equity and Income. Selected Policies for Expanding Earning Opportunities for the Poor (Two Volumes). Washington DC.

Calderón Fernando y Roberto Laserna
1995 Paradojas de la Modernidad. Cochabamba: Los Amigos del Libro.

Clacso (Consejo Latino Americano de Ciencias Sociales)
2000 Observatorio Social de América Latina. Número 2. Buenos Aires: Clacso.

Crespo Carlos
2000 "Continuidad y ruptura: la 'guerra del agua' y los nuevos movimientos sociales", en Clacso 2000: 21-28.

Fundación Milenio
1998 Las reformas estructurales en Bolivia. Volúmen I. La Paz: Milenio
2000 Las reformas estructurales en Bolivia. Volúmen II. La Paz: Milenio

Fundemos (Fundación Boliviana para la Capacitación Democrática y la Investigación)
1995 Balance de las Reformas del Ciclo Democrático en Bolivia. Serie Opiniones y Análisis número 23. La Paz: Fundemos-Fundación Han Seidel.

García Alvaro, Raquel Gutiérrez, Raúl Prada y Luis Tapia
2000 El retorno de la Bolivia plebeya. La Paz: Ed. Muela del Diablo

Laserna Roberto
2000 "La Guerra contra el Agua" en Revista Cuarto Intermedio 56: 36-49; Clacso 2000: 15-20 (ver también www.oocities.org/laserna_r).

Laserna Roberto (director), Natalia Camacho y Eduardo Córdoba
1999 Empujando la concertación. Marchas campesinas, opinión pública y coca. La Paz: Ceres-Pieb.

Ledo Carmen
1993 Cochabamba y su problemática urbana. Cochabamba: Ceres e Ildis.

Ministerio de Desarrollo Humano
1995 Mapa de pobreza: una guía para la acción social. La Paz.

Morales Anaya Rolando
2000 Bolivia. Política económica, geografía y pobreza. La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar

Oporto Castro Henry
2000 "Misicuni: entre la esperanza y la frustración. La problemática del agua en Cochabamba". Cuadernos de Conflictos. Cochabamba: Ceres

Pieb (Fundación Programa de Investigación Estratégica en Bolivia)
2001 Revista T´inkazos Número 8. La Paz: Fundación Pieb.

Romero Ballivián Salvador
1998 Geografía Electoral de Bolivia. La Paz: Fundemos-Fundación Han Seidel.

Ticona Esteban, Gonzalo Rojas y Xavier Albó
1995 Votos y Wiphalas. Campesinos y Pueblos Originarios en Democracia. Cuadernos de Investigación 43. La Paz: Cipca - Fundación Milenio.

Vargas Humberto y Thomas Kruse
2000 "Las victorias de Abril: una historia que aún no concluye", en Clacso 2000: 7-14.

Vargas Humberto y Teresa Zegada
1992 Municipio, agua y basura en Cochabamba. Cochabamba: Ceres e Ildis.

 

 

Figura 1. Modelos de relacionamiento entre estado y sociedad

Sist. Decisional: Þ

Estado: ß

Acción directa ß -------------

-----------à Normas e instituciones

Eş Benefactor

Intervención mediante inversiones y producción de bienes y servicios

1: Equilibrio estable pero con alto dinamismo social.

Sistema político fuertemente estatalizado, débiles actores institucionales, predominan partidos políticos populistas y la acción social es fuertemente corporativa.

Es el reino de la "forma multitud": la comunidad domina al sujeto.

4 Inestabilidad y dinámica conflictiva por inconsistencia. El Estado no cumple normas y tiende a violentar el sistema institucional, empezando por ignorar su propia estructura organizativa: todo es ad-hoc para "responder" presión o problema específicos.

Eş Regulador

Regulación y control

2 Desequilibrio inestable, tiende a la conflictividad.

No hay consistencia entre tipo de Eş y sistema decisional: los actores piden y esperan más del Estado de lo que éste pueda dar.

3 Equilibrio estable con sistema capaz de procesar conflictos y desarrollar mecanismos de protección social.

Se basa en sistema normativo transparente e instituciones que funcionan adecuadamente (cumplen su papel) y un Estado con creciente capacidad y calidad de regulación.

Es el reino del ciudadano: la comunidad sirve al sujeto, individuo libre y responsable, capaz de asumir obligaciones y ejercer derechos.