Alternativas para la negociación sobre la coca

 

ROBERTO LASERNA

La opción más deseable para evitar el conflicto, cumplir los compromisos internacionales y satisfacer en algo las necesidades campesinas, consiste no en cumplir sino en modificar parcialmente la Ley 1008

El mensaje presidencial ha sido claro en el tema de la coca. Plantea mantener vigente la Ley 1008 y establecer, sobre esa base, negociaciones con los productores de coca. Es decir que propone negociar la erradicación de toda la coca en las zonas de transición (Chapare) y de los cultivos excedentarios en los Yungas a fin de limitar la extensión total a lo autorizado por ley.

La única manera de que esta propuesta sea viable y no genere nuevos conflictos es que el gobierno, con el respaldo de la comunidad internacional, ofrezca una compensación suficientemente atractiva como para que los campesinos abandonen el cultivo de coca y acepten, además, su penalización definitiva.

Pero la compensación ya fue superada y reponerla afectaría la fe del Estado y significaría castigar a los que erradicaron antes y premiar a quienes se resistieron a hacerlo. Además de que, si no es rápida, estimularía nuevos cultivos.

Pero además el gobierno de Bolivia carece de recursos y no hay indicios de que el principal interesado en llevar a cabo la erradicación, que es el gobierno de Estados Unidos, esté dispuesto a aumentar su contribución en tres o cuatro veces, como seguramente se necesitaría.

Por lo tanto, es probable que la erradicación genere conflictos en el maltrecho eje troncal. El gobierno posiblemente apuesta al respaldo político que tiene en la ciudadanía, al repudio de la gente hacia los actos de violencia y al cansancio de los propios campesinos. La experiencia enseña que, en vez de desalentar movilizaciones, esto puede radicalizarlas.

La opción más deseable para evitar el conflicto, cumplir los compromisos internacionales y satisfacer en algo las necesidades campesinas, consiste no en cumplir sino en modificar parcialmente la Ley 1008. Manteniendo una extensión máxima de cultivos en el país, autorizada por la Convención de Viena y la vigente Ley 1008, la negociación puede centrarse en dos temas: su distribución entre Yungas y Chapare, tomando en cuenta precios y rendimientos, y el establecimiento de los mecanismos de control y penalización que serían necesarios para garantizar el cumplimiento de la 1008 modificada. En este segundo punto entrarían los puntos de titulación y catastro, impuestos, tamaño de la parcela legal, papel de los sindicatos, etc. Simultáneamente, puede realizarse el estudio del mercado legal, real y potencial, de modo que la extensión máxima autorizada se sujete a ese estudio y pueda cambiarse.

La dificultad está en lograr la aceptación de los socios internacionales de Bolivia, y en que los campesinos del Chapare y de Yungas acepten compartir la legalidad controlada de sus cultivos. Tal vez no sea difícil convencerlos si se les recuerda que, de alcanzarse una extensión fija y controlada de cultivos, los precios de la coca serían tan altos que compensarían sus pérdidas por erradicación. En otras palabras, la negociación es posible y es deseable, pero no es fácil.

 

Publicado en el Suplemento Domingo de La Prensa 11 de enero de 1004, y en Los Tiempos, Martes 13 de enero de 2004