14 de diciembre de 2004

 

Sr. Director:

En las últimas horas, un juzgado de Avilés ha dictaminado que se practique un aborto a una mujer de 27 años embarazada de 6 meses. La madre es discapacitada mental y la petición la realizan sus padres, es decir, los abuelos del niño al que se quiere eliminar. 

Un feto de 6 meses es total y absolutamente viable al que sólo le faltará terminar de madurar los pulmones y coger algo de peso, pero por lo demás, totalmente formado y preparado para la vida. Una vida que un juzgado ha decretado que se le niegue. Hay familias dirigiéndose al juzgado y al centro supuestamente médico pidiendo por la vida del niño y ofreciéndose a hacerse cargo de él cuando nazca. Pero la única posibilidad de salvarle, en este momento, sería que la fiscalía de Avilés recurriera la sentencia que dicta que se mate al niño.

Con esta medida, se van a pisotear, por un lado, los derechos del niño, al que se le exterminará por "inconveniente". Por otro, los de la madre, a la que se le va a someter a una intervención de alto riesgo contra su voluntad. Así, unos abuelos, supongo que en un trance difícil y sin ayuda real por parte de ningún estamento público como suele ocurrir en estos casos, solicitan a un juez la eliminación de un niño de seis meses. Y si la fiscalía no llega a tiempo, no hay nada que hacer. El niño será ejecutado, su pequeño cuerpo despedazado y tirado a la basura, o utilizado para elaborar productos cosméticos, y todavía nos venderán que se están garantizando unos derechos.

La fiscalía tiene en su mesa cientos de peticiones para que salve la vida del niño. Y además hay ofrecimientos para hacerse cargo de él. Aquí no valen excusas. O se salva una vida, o se le extermina. Yo prefiero que se salven vidas. Otros dicen que es un derecho fundamental el que se exterminen. 

Atentamente,

Gonzalo García Yangüela.

 

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