Trámite
de anulación de transferencia depende más de voluntad que de
procedimientos
Actualizado:
martes, 21 de enero de 2003 00:42:36 -0500
Piura,
Perú (factortierra) – La anulación de la transferencia
de concesiones mineras en Tambogrande, por la vía legal, es más
cuestión de voluntad que de tiempo y herramientas, pues no ha
prescrito, sostuvo el abogado Vicente Zapata Alcorta, presidente
colegiado de la Asociación Departamental de Trabajadores
Despedidos de Piura.
“En
un par de días se puede realizar el trámite si hubiera
voluntad”, sostuvo el recientemente asociado al bloque de
resistencia formado en esta ciudad contra la pretendida
explotación minera en el valle frutícola de San Lorenzo.
Para
anular la transferencia de concesiones mineras del Consejo
Transitorio de Administración Regional de Piura (CTAR Piura) a
favor de la Empresa Minera del Perú S.A. (Minero Perú) existen
diversas modalidades, teniendo en cuenta que por la vía civil,
cualquier ciudadano –especialmente aquellos que se sientan
afectados—puede abrir un proceso.
A
pesar que el documento data del 1 de marzo de 1999, el tiempo
para ejercer estas acciones no ha prescrito.
De
hecho, según el abogado, el artículo 2001 del Código Civil
establece que la anulación del acto jurídico tiene un plazo de
diez años: “Lo ideal sería que el Alcalde [de Tambogrande]
deba plantear la nulidad, aunque cualquiera puede plantearlo
siempre que demuestre interés legítimo”.
Según
Zapata Alcorta, las razones por las que se debe anular este
documento son:
-
El
aparente descuido del notario Miguel Zúñiga Jiménez en
verificar si las credenciales de las partes incluían la
transferencia de un bien, sin contar con el aval de la
Asamblea Regional. Debido a que éstas se desactivaron tras
el autogolpe del 5 de abril de 1992, era imposible contar
con esa autorización.
-
La
inexistencia de una ley o dispositivo legal que especifique
la transferencia, que apoya la afirmación anterior, puesto
que el artículo 7º de la Ley 25284 que invoca el documento
no se refiere a derechos especiales para transferir el
yacimiento polimetálico de Tambogrande.
-
El
Ministerio de la Presidencia nunca instruyó al Presidente
del CTAR Piura sobre su voluntad de adquirir las concesiones
(a un precio “simbólico” equivalente a US$ 0,33), sino
que la transacción se hizo entre el CTAR Piura, Minero Perú
y la Comisión de Privatización (COPRI) que es una
instancia de bajo nivel sin poder de decisión.
La
transferencia fue celebrada el 1 de marzo de 1999, entre Alberto
Joo Chang, entonces presidente ejecutivo del CTAR Piura, y Ángel
Álvarez Angulo, gerente general de Minero Perú, quienes junto
con el notario podrían ser objeto de denuncia penal.
Trascendió
que el documento se mantuvo oculto por casi cuatro años entre
diversas oficinas en las ciudades de Lima y Piura, que incluso
ciertas personas ligadas a la resistencia anti-minera lo conocían,
y que esta semana se estudiaría la posibilidad de plantear una
denuncia sistemática con documentos de apoyo.
La
escritura de transferencia permitió la venta, por menos de un dólar, de 10 mil hectáreas
de la concesión minera donde Manhattan Minerals pretende
desarrollar la primera parte de su proyecto en el área de
Tambogrande y zonas adyacentes.
El
documento fue entregado en forma no determinada a miembros de la
resistencia en Tambogrande, quienes lo remitieron a Piura hace
casi tres semanas, para un análisis detallado, justo cuando se
espera la presentación final del Estudio de Impacto Ambiental
por parte de Manhattan.
Hasta
1983, la concesión perteneció a la francesa Bureau de Rechérches
Geologiquès et Minieres (BRGM) de Francia, a la que el pueblo
de Tambogrande se opuso tenazmente, con éxito, para evitar el
inicio de explotación en el yacimiento polímetálico que
descansa bajo el suelo de la actual ciudad.
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