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JAVIER CEBOLLADA/EFE
Marcelino Iglesias, presidente del Gobierno aragonés
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MARIO SASOT
ZARAGOZA. - El Gobierno aragonés va a dedicar el primer periodo de sesiones parlamentarias del presente año, que va de febrero a junio, a pactar con las distintas fuerzas parlamentarias un texto definitivo de la ley de Lenguas Minoritarias, que será aprobado en las Cortes regionales en el periodo siguiente, entre septiembre y diciembre del 2000. Es deseo explícito del Ejecutivo que preside el socialista Marcelino Iglesias, que en los inicios del curso escolar 2000-2001 exista ya un régimen de cooficialidad del aragonés y del catalán, junto con el castellano, en las comarcas donde se hablan estas lenguas minoritarias.
La práctica ausencia de medidas de avance e iniciativas parlamentarias en este terreno durante estos primeros seis meses de gobierno PSOE-PAR, cuando tantas expectativas se habían creado dentro y fuera de Aragón en materia lingüística, llegó a provocar cierta inquietud y desencanto entre los sectores que habían venido luchando y trabajando por la oficialidad del catalán y el aragonés en estos últimos años.
Desde el momento de la investidura de Marcelino Iglesias, la prensa de fuera de Aragón, en especial la de Cataluña, Valencia y Baleares, se hacía extraordinario eco de la voluntad manifestada por el presidente aragonés -nacido en la franja catalanohablante de Aragón- de avanzar hacia la normalización lingüística.
Pacto complejo
A consecuencia de ese eco mediático, Iglesias recibió uno de los premios Octubre en el día de las Lletres Valencianes de 1999, galardón que, significativamente, no fue a recoger personalmente sino a través de su consejero de Obras Públicas, Javier Velasco, y su jefe de gabinete, el alcalde de Camporrells (Huesca), Pascual Antillach.
Según fuentes cercanas al entorno del presidente aragonés, "existía el temor de que si sacábamos la ley de Lenguas como una de las primeras medidas de nuestra acción de gobierno, se nos hubiera podido criticar que ocultábamos con fuegos de artificio nuestra falta de política en temas como infraestructuras, ordenación del territorio y otros. Además hubiéramos soliviantado innecesariamente los ánimos de quienes están en contra de la normalización. Ahora, una vez hemos aprobado los presupuestos de la comunidad autónoma y están en marcha temas básicos como la ley de Comarcalización y se ha abordado la agilización de los grandes ejes de comunicaciones, es el momento de abordar la política lingüística".
A falta de ultimar algunos acuerdos con sus socios del PAR, del que dependen departamentos tan importantes para la aplicación de la ley de Lenguas como Cultura y Vicepresidencia, la intención del Gobierno es basarse en el dictamen sobre política lingüística elaborado en la legislatura anterior, considerado muy positivo por amplios sectores del ámbito catalanohablante y estudiosos del aragonés, conseguir el consenso hallado entonces entre todas las fuerzas políticas a excepción del PP y unir a esta política una serie de medidas "de rehabilitación del territorio", como mejora de las carreteras, y facilidad para el uso opcional de los servicios sanitarios a ambos lados de la frontera.
Las asociaciones culturales de las lenguas "minorizadas", asociaciones de padres de alumnos de las escuelas de la Franja donde se imparte catalán, y ayuntamientos de las comarcas afectadas han pasado del escepticismo a la prudencia y la esperanza", trabajando sin alardes publicitarios con los distintos organismos del Gobierno autónomo para preparar el terreno de la puesta en práctica del nuevo texto legal.
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