Discursos descentralizados

por Enrique Correa R.

Publicado en El Diario, 12 de diciembre de 1997.


En estos meses de campaña electoral prácticamente todos los candidatos que aspiraron al Parlamento, con la excepción de los que postulan por Santiago, convirtieron el tema de la descentralización en el factor clave de sus discursos.

No dejan de tener razón. La descentralización se vincula con los puntos claves de nuestra gobernabilidad y de nuestro esfuerzo por la equidad.

Tanto el gobierno militar como los dos gobiernos democráticos que lo sucedieron han hecho, cada uno a su modo, aportes o avances por entregar mayores capacidades de decisión a las regiones y a los municipios.

Las reformas municipales y regionales durante el gobierno de Aylwin aprobadas por el Parlamento, después de largas negociaciones, apuntaron al mismo propósito y, por sobre todas las cosas, crearon el municipio democrático que hoy día conocemos.

El Fondo nacional de Desarrollo Regional, las inversiones sectoriales de asignación regional, son instrumentos que buscan equilibrar de mejor modo la inversión fiscal entre el centro y las regiones.

El problema está en que a pesar de todo esto, en lo sustancial, seguimos tan centralizados como antes.

La descentralización debe ser comprendida como una redistribución del poder. Ella tiene sentido si, efectivamente, transfiere poder y entrega autonomía a las regiones y hasta el momento ello no es compatible con la lógica de la administración, más allá del signo político e ideológico de los gobernantes.

Dos mitos fundacionales de nuestra república parecen perseguirnos como fantasmas, el presidencialismo y el centralismo.

Mientras ello siga así y no ajustemos cuentas con nuestra historia, no vamos a convertirnos en un país efectivamente descentralizado y las decisiones claves seguirán siendo tomadas en la capital, a veces a cientos de kilómetros del lugar donde se producen los problemas.

Por el contrario, si dotamos a las regiones de verdaderos poderes de decisión, no cabe duda que las políticas públicas, el Estado y en definitiva la política, estará más cerca de la ciudadanía.

Hasta ahí seguiremos dentro de lo que pudiéramos llamar el discurso regionalista común.

¿Como avanzar? Sería necesario atacar problema desde dos frentes. Uno político y otro el fiscal.

En el terreno político se requiere convertir al Gobierno Regional en el lugar institucional en el que la ciudadanía de la zona se exprese con peso y gravitación en las decisiones que le atañen.

La mejor solución para ello es, al parecer, la elección directa de los Consejeros Regionales. Incluso, entre los consejeros electos podría elegirse un vicepresidente que compartiera responsabilidades con el Intendente, en la ejecución de las decisiones del Consejo.

Convertir al Intendente en UN cargo electo, no parece viable, ya que despertaría esa especie de aversión al federalismo que tambien nos han acompañado durante toda nuestra vida republicana.

Por tanto, no cabe otro camino que generar equilibrio de poderes al interior de la región. El Intendente representando al Presidente y el consejo y su vicepresidente como representantes directos de los ciudadanos.

Desde el ángulo fiscal, se podría pensar, sin elevar la carga tributaria global, en crear algún impuesto regional que dote de recursos propios al gobierno de la región.

También un paso como éste podría romper el dogma de la administración central de las finanzas públicas, uno de los resortes esenciales en que se apoya el centralismo.

Si no nos atrevemos a pensar en reformas de esa envergadura, la descentralización seguirá siendo casi inexistente y seguirá ocupando un gran lugar sólo en los discursos electorales.