INICIAR EL SIGLO XXI CON MAS DEMOCRACIA Y MAS DERECHOS.
BASES PROGRAMATICAS DE LA CONCERTACION
Junio de 1999
Propuestas programáticas de Regionalización y Descentralización.
1.2 Ciudades más humanas.
1.2.1 Política de ordenamiento territorial.
Nos proponemos innovar fuertemente en la política pública respecto de las ciudades y el ordenamiento del territorio. Es preciso implementar con mayor alcance una Política Nacional de Ordenamiento Territorial, en coordinación con una Política de Desarrollo Urbano y Habitacional, que acompañe el desarrollo del país y mejore sustancialmente la calidad de vida.
Esta política debe comprometer a los organismos públicos a nivel nacional, regional y comunal, y a todos los grupos y sectores de la comunidad, abarcando la totalidad del territorio, distinguiendo y valorizando las áreas urbanas y las áreas rurales, a la vez que relevando el desarrollo y preservación de los recursos naturales, las áreas ecológicas, agrícolas y forestales, en armonía con el desarrollo y crecimiento de las ciudades.
Simultáneamente impulsaremos una Política de Desarrollo Urbano, incorporando una visión de futuro y estableciendo un marco de definición de los roles de nuestras ciudades de acuerdo a las identidades valorizadas por sus habitantes, vinculada a las políticas de desarrollo del país, así como de ordenamiento territorial y habitacional.
Esta política tendrá por objeto mejorar la calidad de vida de nuestros conciudadanos, fortalecer la vida en regiones, potenciar los atributos de cada una de nuestras ciudades, mejorar la colaboración y coordinación entre los sectores público y privado y organizar un sistema responsable de autoridad urbana en sus niveles nacional, regional y comunal.
Será una política que especifique que la ciudad del próximo siglo y Gobierno de la Concertación debe ser para todos, mejor que la actual; más nuestra; más solidaria; más hermosa; donde el bien común y el bien privado sean compatibles y el espacio público y el espacio privado se desarrollen en armonía. Ello requiere:
- Una ciudad eficiente y que responda a las necesidades, sueños y anhelos de todos los chilenos, haciendo posible su identidad con su territorio, desarrollo cultural y su capacidad de participación en los procesos de toma de decisiones y en su construcción.
- Una ciudad en armonía con el medio ambiente, con el peatón y el vehículo, con mayor cantidad de áreas verdes públicas y mejor distribución de equipamientos de salud, educación, deporte y servicios públicos respecto del territorio urbano y rural, y de las áreas residenciales correspondientes.
Afianzaremos una institucionalidad apoyada en un sistema de autoridad y gestión en los niveles nacional, regional y comunal, con responsabilidad en la coordinación interna del sector público, entre el sector público y el privado, entre los gobiernos regionales y comunales y entre las propias comunas, con responsabilidad en la implementación de estudios y proyectos vinculados al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano, con alto grado de credibilidad y experiencia, y personificando dignamente el tema ante la comunidad, a la vez que generando canales reales de participación.
Al nivel nacional le corresponderá definir y articular la reflexión, orientación e implementación de una Política de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.
A nivel regional se dotará a los gobiernos regionales de mayores atribuciones en planificación, desarrollo y gestión territorial y desarrollo urbano, y los correspondientes recursos humanos y económicos, proceso apoyado por una mayor descentralización sectorial.
En el caso de las áreas metropolitanas, es decir
de las concentraciones urbanas mayores que exceden el ámbito de
una comuna, se hace necesario crear una autoridad específica, del
tipo de un alcalde mayor.
A nivel comunal proponemos reimplantar una Asesoría
Urbana al interior del municipio, en rango equivalente a la Dirección
de Obras Municipales, las Secplac y otras, con la responsabilidad de reflexionar,
estudiar y proponer medidas sobre el futuro urbano e interurbano de la
comuna, canalizando las propuestas de la ciudadanía en esta materia.
La dirección de esta unidad debe estar a cargo de profesionales
competentes en el área.
1.2.2 Planificación y gestión.
Es preciso incorporar una planificación con visión anticipadora y propositiva que permita prevenir los acontecimientos en un escenario de al menos 25 años, introduciendo la gestión urbana en especialidades tales como suelo, infraestructura, servicios, transporte, vialidad, recreación y áreas verdes, entre otras.
Para ello se deberá:
- Introducir mejoramientos en los instrumentos de planificación, adecuándolos a la descentralización regional, al gobierno comunal y a la participación ciudadana. Tales instrumentos deben contemplar reglas a mediano y largo plazo, incluyendo grados de flexibilidad que faciliten el proceso de gestión; además deben estar asociados a una gestión del suelo, modernizando la legislación y considerando trámites de expropiación cuando lo exija el bien común; asimismo han de prever políticas de concertación y transferencia de derechos entre propietarios, y entre éstos y los municipios.
- Otorgar mayor valor a la conservación del patrimonio urbano, introduciendo el concepto de desarrollo en etapas y otras iniciativas. Simplificar y uniformar a lo largo del país los permisos municipales suprimiendo la repetición de certificados en poder municipal, tales como certificados de número, títulos profesionales y otros documentos análogos.
- Coordinar las normas de medio ambiente con las de los planes reguladores.
1.2.3 Legislación sobre Desarrollo Urbano y Construcción.
Más allá de la revisión en curso de la legislación vigente sobre Urbanismo y Construcción, es preciso estudiar una nueva legislación sobre desarrollo urbano, separándola de la legislación correspondiente a la construcción.
La primera debe responder a la política que sobre la materia se requiere, estableciendo las competencias de las autoridades respectivas, definiendo claramente los roles y responsabilidades del sector público y del privado, perfeccionando los instrumentos de planificación y manteniendo supremacía sobre otras leyes relacionadas con el tema. Dicha legislación debe estar sujeta a revisión periódica, así como su respectiva ordenanza, mediante la interacción del MINVU y del sector privado a través del organismo técnico colegiado indicado en la ley.
La segunda, acompañada de su respectiva ordenanza, debe delimitar claramente los procedimientos y reglamentación de la construcción en nuestro país, definiendo igualmente los derechos y responsabilidades de los sujetos intervinientes y ser sometida a una periódica revisión por un organismo colegiado, cuyos integrantes deben ser técnicamente calificados.
1.2.4 Descentralización.
Perfeccionaremos la descentralización regional y comunal iniciada y aplicaremos una mayor decisión política y administrativa en llevar adelante el proceso de transferencias de funciones, atribuciones y recursos que requiere el país para obtener un desarrollo regional y comunal más equilibrado y equitativo y el acotamiento del crecimiento y armonización de Santiago y en general de las grandes ciudades del país, potenciando el desarrollo económico y social de las ciudades intermedias y menores.
1.2.5 Internalización de los costos urbanos.
Estableceremos un sistema de derechos y tarifas que compense el impacto de las externalidades negativas generadas por el aumento de la edificación y el tráfico vehicular, incluyendo la posibilidad de transacción de dichos derechos entre propietarios y municipios.
Potenciaremos el financiamiento compartido de las obras necesarias entre el sector público y el privado y promoveremos la compartición de las plusvalías generadas por las inversiones urbanas, entre quien las hace y los propietarios de los predios beneficiados.
1.2.6 Localización urbana de equipamiento de servicios.
Reforzaremos las acciones de equipamiento escolar, de salud, deporte, recreación y de servicios públicos, en forma paralela a la política habitacional y de infraestructura, de manera que las inversiones sectoriales originen barrios, vecindarios y ciudades con mayor integración.
Se continuará con la elaboración de los planes maestros de aguas lluvias en las principales ciudades del país, extendiéndolos en el período 2000 a 2006 a todas las ciudades con más de 50.000 habitantes.
Se espera terminar el saneamiento del Zanjón de la Aguada el año 2003 y otras obras importantes en Santiago como los colectores Gran Avenida, Avenida Las Industrias y el de Puente Alto-San Bernardo.
El 2002 se terminarán las obras de control de inundaciones en la ciudad de Punta Arenas.
El 2006 se terminará un programa de obras de control de inundaciones en las principales ciudades del país.
Se avanzará en el diseño y construcción de los colectores principales definidos en los planes maestros, en una labor conjunta de las autoridades regionales, la Dirección de Obras Hidráulicas y el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, de modo que esas obras respondan a una priorización efectivamente regional.
Se otorgará un 100% de cobertura en agua potable y alcantarillado a la población urbana. Los actuales niveles de cobertura urbana en esos servicios sitúan a Chile en la vanguardia de los países de América Latina, con un 99% y un 90%, respectivamente.
Se avanzará significativamente en la cobertura de tratamiento de aguas servidas, abarcando entre un 60% y un 80% según las regiones.
Se dispondrá la disminución efectiva de los cargos fijos para las familias más modestas, de tal forma que éstos no graven excesivamente sus escuálidos presupuestos familiares.
Se aumentará de manera importante la cantidad de subsidios al consumo, permitiendo que un número mayor de familias pueda tener acceso a dicho beneficio.
Se implementará un subsidio para la instalación
del servicio de agua potable y alcantarillado en beneficio de personas
de escasos recursos, similar al subsidio al consumo.
1.2.7 Transporte, congestión, desarrollo y descentralización.
Una política de transporte debe necesariamente vincularse con una política de descentralización, ordenamiento territorial y desarrollo urbano.
Implementaremos un sistema de transporte público integrado entre sí y con el transporte privado, que contemple trayectos intermodales de largo recorrido, así como corredores segregados, complementados con otros recorridos sectorizados, conectados al primero, con áreas para estacionamiento de vehículos particulares y ciclovías.
Potenciaremos los terminales intermodales del sistema, en conexión a subcentros existentes o a los nuevos que se establezcan, con facilidades de intercambio modal, estacionamientos y equipamientos comerciales y de servicios.
El diseño de las políticas de transporte debe partir de la base de que la mayoría de los problemas del sector tienen características que son predominantemente de índole local o regional. Los problemas de transporte urbano en ciudades de carácter metropolitano o de tamaño intermedio, así como las determinadas características geográficas, climáticas, de producción, de vinculación con los países vecinos, facilidades portuarias, tamaños de los mercados y muchos otros factores incidentes en el requerimiento de transporte, son diferentes entre las regiones del país. Es posible entonces concluir que, sin perjuicio de mantener políticas generales comunes para todo el territorio nacional, deben generarse las flexibilidades necesarias y dejar en manos locales un mayor conjunto de decisiones que las que se manejan hoy día. Consecuente con lo anterior, debe avanzarse con mucha fuerza en asegurar los elementos profesionales, técnicos y de recursos para que este objetivo de descentralización en la toma de decisiones y en la ejecución de los programas sea eficiente. Es urgente generar capacidad de gestión de tránsito y del transporte público en el ámbito local.
Los servicios de transporte público de personas, en particular aquellos de mayor capacidad, deben constituirse en motivo de atención preferente del Estado. Sistemas de transporte público de calidad, al constituirse en alternativa al uso del automóvil, constituyen la única solución posible a los problemas de congestión y contaminación ambiental. Una visión de futuro responsable debe prever los incrementos en los niveles de ingreso, en la tasa de motorización, en los mayores deseos de movilidad de las personas, así como la aspiración de una mayor calidad y seguridad en los viajes. Las tecnologías sobre rieles (Metro, ferrocarriles, tranvías y similares) presentan esas características, por lo cual deberá ser rol del Estado promover su desarrollo bajo criterios de rentabilidad social. Los sistemas de buses, además de su carácter de complementariedad con los sistemas más masivos, son una solución de mayor flexibilidad y con frecuencia son también la más económica. Los sistemas socialmente eficientes de transporte público, que requieren estándares de servicio elevados, así como de integración física y tarifaria, no ofrecen con frecuencia rentabilidad privada. La política seguida por nuestro país en este aspecto, en que el Estado ha asumido los costos asociados al desarrollo de la infraestructura de transporte público cuando se trata de proyectos con rentabilidad social, debe mantenerse y profundizarse, dado el nivel de atraso en que nos encontramos en este aspecto.
Nuestro país presenta uno de los mayores índices internacionales en accidentalidad en el tránsito, así como serios problemas de impactos negativos al medio ambiente. Se hace necesario, por lo tanto, integrar con mucha fuerza a las políticas específicas en desarrollo de nueva infraestructura, en gestión de la existente y en operación de los servicios, elementos concretos que contribuyan a disminuir ambos problemas.
1.2.8 Centros y subcentros urbanos e identidad comunal.
Repoblaremos las comunas y cascos centrales urbanos, mejorando sustancialmente su accesibilidad, aumentando su dotación de estacionamientos y destinando una mayor cantidad de espacios públicos y áreas verdes para los peatones.
Crearemos nuevos subcentros urbanos con el objeto de generar actividades de centralidad en las comunas periféricas de las grandes ciudades y ciudades intermedias, tales como servicios públicos, salud, educación, comercio y recreación, disminuyendo con ello los viajes de transporte centro-periferia, enriqueciendo la vida social y potenciando la identidad de sus habitantes en relación a su vecindario, barrio y comuna.
1.2.9 Espacios públicos y gestión.
Coordinaremos al sector público y al privado en la configuración de espacios públicos de subcentros, compuestos de liceo, escuela o jardín infantil (MINEDUC y Municipalidad), plaza o área verde (MINVU, SERVIU y Municipalidad), hospital, consultorio o policlínico (MINSAL y Municipalidad), gimnasio o minicancha (DIGEDER) y un centro comercial (sector privado), generando subcentros integrados.
Otorgaremos una mayor flexibilidad en la aplicación de las normas y procedimientos de negociación de incentivos, bonos, transferencia de derechos y cofinanciamiento entre municipios y propietarios, de manera de obtener mayores beneficios ciudadanos en el mejoramiento de los espacios públicos (como el aumento en los perfiles de vialidad, mayor cantidad de áreas verdes, estacionamientos).
Flexibilizaremos la entrega de áreas al dominio público en materia de equipamiento y áreas verdes, de manera que se puedan concentrar en lugares predeterminados por la autoridad, para constituir plazas, parques y áreas deportivas de mayor relevancia.
1.2.10 Política habitacional.
Una política habitacional debe ser entendida como subordinada a la política de ordenamiento territorial y desarrollo urbano, y en coordinación con las políticas de equipamiento en salud, educación y deportes y recreación, y las de descentralización de los servicios públicos, así como con las iniciativas de desarrollo inmobiliario del sector privado. Precisamente por ello se requiere una mayor labor de coordinación con los municipios, de modo de acoger adecuadamente las expectativas habitacionales, tanto individual como colectivamente.
Nos proponemos en esta materia:
- Acrecentar la descentralización de los recursos centrales, apuntando a fortalecer los fondos municipales de vivienda, mediante convenios MINVU-SERVIU-Municipalidad, con el objeto de destinarlos a programas que apliquen una política habitacional personalizada en la vinculación de las familias con su barrio v descentralizada en responsabilidad y recursos.
- Revisar y mejorar la política habitacional, reconociendo las nuevas condiciones de calidad, programa, superficie y tipos de subsidios que hoy requiere la familia chilena, y en términos de que se adecúe a las actuales y futuras exigencias de equipamiento e incorporación de servicios.
- Mantener el avance experimentado por la política de construcción habitacional de la Concertación, comprometiéndose a satisfacer las necesidades de nuevas viviendas, en este nuevo período de gobierno, destinadas a responder al crecimiento vegetativo de la población, la absorción del déficit habitacional y el reemplazo de viviendas en deterioro.
- Incentivar a la banca, al sector industrial, inmobiliario y profesional vinculado a la construcción, para enriquecer la variedad de productos hipotecarios y de leasing, así como para aumentar la oferta en calidad de materiales y técnicas de la construcción y mejorar la capacidad profesional en los proyectos, especificaciones, construcción e inspección, con el objeto de alcanzar una mejor calidad en las obras.
- Potenciar la consolidación de los vecindarios y barrios, mejorando su equipamiento y servicios, continuando con el programa de pavimentación urbana en barrios periféricos, ciudades intermedias y pequeñas, y con la construcción de parques urbanos a lo largo de todo el país.
- Intensificar los esfuerzos para terminar con los campamentos que albergan en condiciones subhumanas a 100.000 familias chilenas.
En materia de focalización de los programas de vivienda, nos proponemos:
- Perfeccionar los sistemas de seguimiento y evaluación de las definiciones, especificaciones y localización de los programas habitacionales, por parte del MINVU y el SERVIU.
- Modernizar la gestión inmobiliaria social y el financiamiento del crédito para los sectores de menores ingresos, por parte del sector privado.
- Revisar y mejorar los instrumentos destinados a determinar la pobreza y carencia de vivienda.
- Desarrollar un proceso periódico de evaluación y seguimiento de la política habitacional y sus programas, corrigiendo o ajustando sus debilidades, y revisar los instrumentos de medición, los programas y su localización.
En materia de financiamiento de la demanda, nos proponemos:
- Diversificar los instrumentos destinados a otorgar préstamos, captar y administrar el ahorro.
- Otorgarle mayor importancia en los mecanismos de asignación a las variables de diversidad familiar, capacidad de ahorro y endeudamiento de las familias que optan a los programas de vivienda, con nuevas formas de asignación de la propiedad que representen alternativas viables para los matrimonios jóvenes y postulantes solteros, y generando un instrumento capaz de evaluar a los grupos familiares reales, más allá del grupo familiar legalmente constituido de padres e hijos, para permitirles ser reconocidos en programas de vivienda social.
- En el segmento de créditos hipotecarios que otorga y administra aún el Estado a través del SERVIU, solucionar los problemas derivados de la clasificación de los deudores, el monto que se les presta, el dividendo que deben pagar, la administración de su recuperación y la falta de instrumentos de refinanciamiento.
- Incentivar instrumentos financieros, hipotecarios y legales, que permitan otorgar créditos con garantía hipotecaria a los campesinos que habitan dispersos o en pequeños villorrios y que tienen ingresos con periodicidad variable, y a las comunidades indígenas sujetas a régimen de propiedad especial.
En materia de diversificación de la oferta, nos proponemos:
- Plantear una respuesta tipológica diversa, tanto del SERVIU como del sector privado, reconociendo la diversidad de la demanda, relacionada con la variedad de estándares, condición etaria, tipos de familia, disponibilidad de recursos y características regionales, sean éstas étnicas, sociales o geográficas.
En materia de subsidios, nos proponemos:
- Fortalecer el carácter progresivo de los subsidios
en beneficio de los más pobres.
- Orientar el agrupamiento de postulantes con sentido
de organización social y de vecindario.